ACAPULCO, Gro.- A cuatro años de distancia, la presentación con vida de los 43 normalistas de Aytozinapa se mantiene motivo de movilizaciones y demanda social. La consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” continua escuchándose por las calles de Chilpancingo o Acapulco y los contingentes aun portan las fotos de los desaparecidos.
El ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República podría imprimir un nuevo giro a este caso que llegó a constituir una amenaza para la gobernabilidad de Guerrero por las movilizaciones violentas que se desarrollaron.
Responsabilizar al ejército mexicano de los acontecimientos y al Estado, fueron los objetivos desde que se politizaron los reclamos y ahora existen condiciones para lograrlo.
La madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero pistoleros de un grupo delictivo actuaron en coordinación con policías municipales para desaparecer a los 43 alumnos, herir a 17 personas y asesinar a balazos a otras seis, tres de ellas estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El caso se convirtió en uno de más emblemáticos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tanto por las dimensiones como por sus consecuencias político sociales.
A la fecha hay 120 detenidos de los cuales sólo 15 tienen relación directa con los hechos, de acuerdo a los abogados. Se han registrado más de 600 movilizaciones algunas de las cuales fueron a nivel internacional en países como Argentina, Colombia y varias ciudades de Estados Unidos como Phoenix, en Arizona, además España, Alemania Francia y otros países europeos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que empezó a indagar la desaparición forzosa en marzo de 2016, trazó cuatro líneas de investigación que no se han seguido: un informe de las llamadas de todos los involucrados; indagar el trasiego de droga de Iguala (Guerrero) a Chicago (Estados Unidos) y al Ejército; y realizar las consignaciones pendientes contra policías de Huitzuco, municipio aledaño a Iguala.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor del padres de familia afectados, consideró que el caso de Ayotzinapa es el mayor ejemplo de resistencia en la exigencia con vida de desaparecidos pero también en la demanda de una investigación adecuada que concluya con la sanciones de rigor a los autores materiales e intelectuales del asesinato y la desaparición de los normalistas ocurrida en un contexto de inseguridad pública muy singular.
En México existen por lo menos 35 mil personas desaparecidas durante julio de este año se registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, lo cual supera a los registrados en mayo, que hasta el momento era el mes más violento desde 1997, año en que se inició el registro de este delito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio pasado se registraron 2 mil 234 homicidios, mientras que en mayo hubo 2 mil 535 asesinatos.
Vidulfo Rosales consideró inadmisible que Peña Nieto siga avalando la verdad histórica cuando en diferentes ocasiones ha quedado la falta de sustento además de las irregularidades que se presentan.
Por ejemplo, agregó, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos por vínculos con el grupo de tráfico de drogas “Guerreros Unidos”, al cual la PGR atribuye la desaparición, pero el delito de desaparición forzada como tal no aparece en el expediente. No se ha clasificado así el delito, aunque es la denuncia principal.
La verdad histórica que dio a conocer Jesús Murillo Karam, hoy ex procurador de Justicia en noviembre de 2014, solo tomó en cuenta cinco declaraciones para construir la teoría de que los jóvenes fueron detenidos por policías que los entregaron al grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, quienes incineraron al menos a una parte de los estudiantes en el basurero de Cocula.
José Torero, uno de los peritos externos especialista en incendios, contratado por el GIEI reveló, que esta hipótesis era imposible además de que no se encontraron evidencias en el basurero de un incendio capaz de incinerar siquiera un cuerpo.
El gobierno rechazó que durante las investigaciones hayan incurrido en actos de tortura y detenciones arbitrarias, pero el informe de ‘Doble injusticia, publicado el 15 de marzo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señala que de los 34 casos analizados “los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura” y ya un tribunal unitario recomendó la creación de una comisión de la verdad para que se hagan las investigaciones que hasta la fecha se han negado a efectuar. No se ha investigado al Ejército, ni a la Policía Federal ni se han cumplido más detenciones a policías, insistió.
Los padres de familia de los desaparecidos esperan la reunión de una comisión con el presidente electo, el próximo 26 de septiembre, para ahí definir la nueva ruta y se cumpla con dos compromisos explícitos: el regreso del GIEI y la comisión de la verdad, que ellos deberán guiar.
En su reunión, los padres de familia abordarían otros temas como las afectaciones a las víctimas indirectas puesto que varios análisis que han realizado psicólogos, sociólogos y otros especialistas, determinan que los sobrevivientes tienen un daño emocional que no ha sido atendido.