Acapulco, Gro.- Los grupos políticos que han estado demandando justicia para los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos” agredidos y desaparecidos la madrugada del 27 de septiembre del 2014, parecen reagruparse y se atisban nuevas movilizaciones.
Las menciones del presidente Enrique Peña Nieto al respecto, funcionaron como limón en la herida, un efecto contrario a los que pretendió el gobernante lo cual se puso de manifiesto el pasado 3 de septiembre cuando se entregó un informe del caso durante un evento el recinto de la normal.
En las investigaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) organismo se ha comprobado la colusión de al menos autoridades políticas y policiales, “que en contubernio de autoridades de Iguala y policías de Cocula y Huitzuco con la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas y al secuestro, propiciaron que el 26 y 27 de septiembre se cometieran violaciones graves a derechos humanos, como la privación de la vida de seis personas, la lesión de 32 y la desaparición de los 43 estudiantes de esta Normal”.
Luis Raúl González Pérez presidente de la CNDH), informó que el organismo a su cargo ha presentado cuatro reportes con información distinta a la llamada “verdad histórica”, que ha avalado Enrique Peña Nieto, presidente de la República según la cual los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Los reportes elaborados fueron: el primero el 23 de julio 2015 sobre el estado de la investigación en el que formuló 32 observaciones y propuestas, 26 a la PGR, tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dos a la Fiscalía de Guerrero y uno a la alcaldía de Iguala, en las que se establecieron las bases que la autoridad ministerial debería de seguir para el esclarecimiento de los hechos, y reorientar nuevas líneas de investigación.
El 14 de abril de 2016, se presentó un segundo reporte fue en torno al indicio de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco, y de por lo menos dos agentes de la Policía Federal en la desaparición de los normalistas en el puente “El Chipote de Iguala” que contiene 17 observaciones y propuestas a la PGR, reporte que ha sido retomado por el Mecanismo de la CIDH.
El tercer reporte del 11 de julio de 2016 es en torno al asesinato de Julio César Mondragón en el que se plantearon cuatro observaciones a la PGR, una a la Fiscalía General del Estado y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el que la CNDH determinó que el estudiante fue torturado, “golpeado brutalmente con saña y crueldad, atrozmente agredido y sometido por más de un victimario”.
Informó que de las 57 observaciones y propuestas formuladas a las autoridades solamente nueve podrían considerarse como totalmente atendidas, 36 se encuentran en vías de atención y dos no atendidas.
El cuarto reporte se emitió el 18 de junio pasado y está relacionado con la identidad de La Rana o El Güereque, presunto partícipe de la desaparición de los normalistas y a quien se confundió con Erik Uriel Sandoval Rodríguez, detenido actualmente, “lo que muestra cómo se puede afectar el derecho a la verdad”.
Informó que la CNDH está en la etapa final del análisis de 72 expedientes por presuntos hechos violatorios a derechos humanos relativos a detenciones arbitrarias, así como trato cruel y degradante en la detención.
El Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” consideró muy lamentable que al final de su sexenio demuestre su talante como defensor a ultranza de quienes fabricaron la “verdad histórica” a base de torturas, como lo demostró el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) denominado “doble injusticia”.
A su juicio, el mandatario tira por la borda de manera irrespetuosa el trabajo riguroso y sumamente cuidadoso del GIEI, que presentó en sus dos informes, teniendo como base los mismos expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo informó que se reunirá el 26 de septiembre con los padres, al cumplirse cuatro años de su desaparición, luego de que el próximo subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas, le informó que querían hablar con él.
Felipe de la Cruz vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, informó que le plantearán que la Comisión de la Verdad que se pretende formar con el nuevo gobierno sea para la investigación, la verdad y la justicia.“Necesitamos saber qué pasó y dónde están los jóvenes. Sabemos que Andrés Manuel no estaba cuando sucedieron los hechos; el nuevo gobierno tiene la obligación de darnos respuesta, de darnos verdad y que se pueda hacer justicia”, dijo de la Cruz.