Acapulco, Gro.-Para las autoridades civiles y militares, el problema de la inseguridad es simple: la confrontación es entre dos bandas delincuenciales pero ya lo estamos investigando. Los guerrerenses se alteran muy rápido” y generan problemas, pues incluso conflictos personales los llevan a otro nivel, Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la Novena Región Militar.
A juicio del castrense lo que se ha dado “un pequeño repunte” en hechos violentos en Acapulco en donde, informó, se busca crear un Grupo de Coordinación Especial.
Durante octubre, la geografía de entidad estuvo marcada por hechos de violencia producto de la actividad delincuencial y se llegó a casos extremos, el escenario dantesco ocurrido el 22 de octubre por la tarde en que un cuerpo desmembrado fue esparcido por la avenida Ejido en Acapulco.
Se trata de poblaciones que han sido atacadas por bandas delictivas y han obligado a la migración de sus habitantes; ataques a choferes de transporte liviano y pesado en distintos puntos de la entidad; extorsiones en las principales ciudades, cobros de derecho de piso, secuestros, los cuales llegan a ser cobrados con asesinatos dolosos y entre ellos figura el feminicidio.
No obstante, hasta la iglesia adoptó el mismo discurso de indiferencia y menosprecio por parte de las autoridades. El 18 de octubre Salvador Rangel Mendoza obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, dijo: “Honestamente lo voy a decir, cuántas mujeres de éstas, asesinadas, no andaban en misa, ni andaban en la catedral, son mujeres que, por la situación económica, tienen que buscar el pan de cada día, y buscando para ellas y su familia, encuentran la muerte, van para sobrevivir, y mueren.”
Tras la indignación social que desató la declaración el prelado intentó corregir pero terminó ratificando que las asesinadas estaban vinculadas al narcotráfico.
La declaración no fue sacada de contexto, lo declaró el obispo que en otro momento mantuvo una actitud crítica hacia el actuar de las autoridades e incluso llegó a asegurar el problema de la inseguridad pública no encuentra solución por los vínculos de ciertas autoridades con estos grupo.
Para Adela Román Ocampo, presidenta municipal por Morena, el incremento en los hechos violentos de los últimos días en Acapulco es un claro mensaje de la delincuencia para su gobierno, y agregó que no por ello dejará de actuar en materia de seguridad y advirtió que irá al origen del problema.
Expresó que no tiene miedo, pero pidió a los ciudadanos “mantenerse con todas las precauciones. Hasta este momento la delincuencia no ha logrado infundir miedo en la gente. Hay el temor natural de todo ser humano.”
El pasado 1 de octubre hubo transmisión de poderes los 81 municipios de la entidad con factores comunes: corrupción e inseguridad. La mayoría de los gobiernos municipales salientes estuvieron marcados por una corrupción escandalosa. Dejaron las arcas vacías, heredaron deudas millonarias, que se siguen acumulando de otras administraciones. Este saqueo voraz es el fiel retrato de la inmundicia de los ediles municipales, que se han transformado en personajes rapaces.
Para el gobernador Héctor Astudillo Flores los indicadores de asesinatos han disminuido, pero los estados con la mayor tasa de homicidios dolosos en lo que va del año son Colima, con 58.84 casos por cada cien mil habitantes; Baja California con una tasa de 56.67 casos; Guerrero con 46.70; Chihuahua con 37.39, y Guanajuato con 32.49.
En el caso de los feminicidios, los estados con mayor incidencia de enero a septiembre de este año, la entidad figura con una tasa de 2.30 víctimas por cada cien mil mujeres, la cual contrasta con las de Nuevo León con una tasa de 2.18; Zacatecas con 2.17; Sinaloa con 2.13, y Chihuahua con una tasa de 2.11 casos por cada cien mil mujeres.
En los homicidios dolosos, la media nacional en cuanto a las tasas es de 15.1 por ciento, por cada 100 mil habitantes, y Guerrero figura en tercer lugar con una tasa de 41.57 puntos porcentuales superado por Colima, con 51.86 de tasa en asesinatos, y Baja California, con 49.92.
Los casos emblemáticos de Chilpancingo y Acapulco son solo una muestra clara de este flagelo que puso en jaque a los gobiernos municipales que navegaron en la ingobernabilidad.