Acapulco, Gro.- Arcas vacías, endeudamiento, saturación de la nómina y fuertes problemas con la seguridad pública es el panorama de que domina para las nuevas alcaldía en los municipios Guerrero que iniciaron su periodo de mando constitucional el 1 de octubre.
Desde hace un mes, el debate estuvo centrado en que los alcaldes salientes dejen dejar el recurso proporcional de enero a septiembre para el pago de prestaciones de fin de año.
No en todos los casos hubo respuesta satisfactoria. En la gran mayoría de los casos se entregaron ayuntamientos imposibilitados de prestar servicios públicos tan básicos como el alumbrado y la recolección de basura, entre ellos los municipios de Chilpancingo y Acapulco.
Solamente en el caso de Acapulco se acumuló una deuda histórica superior a los dos mil 500 millones de pesos, entre los rubro pendientes figuran 100 millones que se deben al ISSSPEG y casi 300 millones por concepto de facturación por consumo de energía eléctrica que tiene la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (COAGUA).
Además se debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 116 millones de pesos, según indica el apartado de Deuda Pública del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
La deuda del Gobierno municipal por créditos bancarios y adelantos de participaciones, es de 661 millones 524 mil 377 pesos, donde está la falta de pagos de prestaciones, entre otros adeudos.
Otros temas, igual de importantes, es que el ayuntamiento no puede atender la inseguridad, la rehabilitación de calles y avenidas, la deficiencia en la recolección de la basura, el incremento del ambulantaje, la certificación de los policías, la escasez del suministro del agua potable, a pesar de contar con una nómina excesiva.
Tecpan de Galeana, suma cuentas por pagar de casi 97 millones de pesos por demandas laborales que presentaron trabajadores despedidos. Eduardo Loría Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, dijo que el “exceso de personal” es el principal problema financiero de los ayuntamientos, ya que impide generar ahorros.
“Se ha mencionado que los aguinaldos, uno de los problemas de los ayuntamientos, es el exceso de personal. Que no hay presupuesto para todo el personal y el pago se vuelve complicado, por ley, el alcalde (saliente) debe generar una provisión y muchas veces no lo tiene porque se gasta (el presupuesto) en sueldos, simplemente”.
Otra dificultad que enfrentan los gobiernos locales, y que en algunos casos data de varios periodos anteriores, es el pago de los juicios laborales, pues buena parte de sus ingresos debe destinarse a cubrir las demandas de trabajadores que fueron despedidos del gobierno local.
Agregó que se recomendó a los alcaldes electos, quienes asumieron funciones el 30 de septiembre, hacer las observaciones al momento de recibir las administraciones, y si no cuentan con el recurso, buscar opciones y mecanismos para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año, como el aguinaldo.
Hasta el 5 de septiembre quedaron conformados 70 comités de entrega – recepción de los 81 ayuntamientos de la entidad, contraste con el 2015 cuando se conformó el cien por ciento de los comités.
Eduardo Loría informó que la ley prevé sanciones administrativas y hasta penales para las autoridades salientes que no cumplan con esos procedimientos, así como las acciones que por su cuenta iniciaría la ASE y la Contraloría del estado.
Inseguridad
Al problema de las arcas vacías, la insolvencia para el pago de nómina y la prestación de los servicios públicos, se suma el problema de la inseguridad.
La influencia de grupos delictivos, confrontación entre este tipo de células criminales o presencia de policía comunitaria y agrupaciones de civiles armados, hace que al menos 18 municipios guerrerenses sean considerados de alto riesgo, donde cerca de 1 millón 528,826 personas habitan en estos territorios, 17 medio y 46 en bajo.
Entre los municipios de alto riesgo destacan Acapulco, donde, de acuerdo con cifras del Inegi, viven 810 mil 669 personas y Chilpancingo, donde habitan 273 mil 106 mexicanos. También está General Heliodoro Castillo con 37 mil 340 habitantes; San Miguel Totoloapan con 27 mil 853; Zitlala con 22 mil 721 y Copanatoyac con 20 mil 192.
Otro de los fenómenos que está propiciando el clima de inseguridad publica en esta entidad suriana es el desplazamiento de personas. Se trata de ancianos, mujeres, jóvenes y niños, que se consideran en riesgo de sufrir ataques por parte de los delincuentes.
En lo que va de este 2018, se suman dos mil personas desplazadas. Los casos más dramáticos han sido en los últimos dos meses en 13 poblados de los municipios de San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón. Donde los delincuentes han quemado decenas de viviendas, secuestrado a mansalva y convertido el asesinato en su primer y último argumento.
Los lugareños aseguran que las bandas de narcotraficantes están “barriendo” la zona de arriba abajo, y consideran que el despliegue policiaco y militar no solucionará nada.
Mención aparte es el caso de Evodio Velázquez Aguirre, ex alcalde perredista de Acapulco que no justificó la ausencia de las 342 armas perdidas y solo señaló que 271 estaban amparadas por una averiguación y que 71 siguen pérdidas.