Conforme a lo previsto en la Constitución federal, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, texto vigente a partir de los decretos legislativos de 2014, sin desconocer que también estaba dispuesto así en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990 y de 2008, los partidos políticos deben establecer, en su estatuto, los procedimientos democráticos para la elección de sus candidatos a cargos de representación popular y de quienes han de integrar sus órganos de dirección.

No se puede vivir un verdadero sistema democrático si faltan los demócratas que lo hagan realidad; tampoco se puede exigir democracia nacional y en las entidades federativas si los partidos no establecen y practican, con autenticidad, sin simulaciones, mentiras, trampas o engaños, la democracia en su actuación y existencia interna, lo cual implica igualdad de derechos para todos los militantes, igualdad de deberes y de oportunidades, a fin de participar en todas las actividades y para ocupar todos los cargos intrapartidistas, así como para aspirar eficazmente a las precandidaturas internas y a las candidaturas para contender en las elecciones populares, siempre que satisfagan los requisitos estatutarios, que deben ser conforme al derecho vigente, incluidos los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos y la jurisprudencia nacional y en la establecida por los tribunales internacionales de derechos humanos.

En un régimen de partidos, si no existe auténtica democracia intrapartidista tampoco habrá Estado democrático. Si la democracia intrapartidista es simple apariencia, si es sólo simulación, el Estado democrático será también artificial. La democracia será simple quimera, que algún día, próximo o no tan lejano, demostrará su verdadera naturaleza, para desilusión de quienes creyeron en ese mundo fingido, imaginario.

La jornada electoral federal del primero de julio de 2018, con la participación de 56 millones 611 mil 27 de ciudadanas y ciudadanos, que representa el 63.42% del total de 89 millones 250 mil 881 inscritos en las listas nominales de electores, debe mover a la reflexión y, en su caso, a las consecuentes rectificaciones o reestructuraciones, al tener en mente los resultados obtenidos por los candidatos, partidos y coaliciones, como se advierte de los datos siguientes, relativos a la elección de presidente de la república.

El Partido Revolucionario Institucional, partido hegemónico por 70 años, desde su fundación en 1929 como Partido Nacional Revolucionario, transformado en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y en 1946 como PRI, en la elección de 2018 únicamente obtuvo 7 millones 677 mil 180 votos, equivalente al 13.56% de la votación total emitida.

El Partido Acción Nacional, fundado en 1946, que conquistó la presidencia de la república en el año 2000 y 2006, en 2018 sólo obtuvo 9 millones, 996 mil 514 votos, lo que representa el 17.65% de la votación total emitida en todo el país.

El Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989, que en 1997, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato, ganó las elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal, triunfo que mantuvo durante 20 años, en la elección de 2018 sólo obtuvo un millón, 602 mil 715 votos, equivalente al 2.83% de la VTE; en tanto que el partido Encuentro Social obtuvo un millón, 530 mil 101, equivalente al 2.70% de la VTE y Nueva Alianza alcanzó 561 mil 193 votos, es decir, el 0.99% de esa votación.

En cambio, Morena, partido político fundado en 2014, con Andrés Manuel López Obrador como candidato, obtuvo el triunfo con 25 millones, 186 mil, 577 votos, que representa el 44.49% de la VTE; a los que se deben sumar los obtenidos por el PT y por el PES, para hacer un total de 30 millones 113 mil 483, equivalente al 53.19% de la VTE.

No cabe duda: ¡urge construir y practicar una auténtica democracia partidista!