Pese a las diversas criticas que ha generado la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad, que mantiene la militarización en el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al considerar que “la pacificación no puede esperar”, dieron su aval a lo anunciado por el próximo gobierno.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que ante el avance sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia, son necesarias acciones y compromisos inmediatos que permitan devolver la paz al país, por lo que celebró que el nuevo plan incluya el combate a la corrupción, apego a los derechos humanos, participación de las fuerzas armadas y la creación de la Guardia Nacional.

Por su parte Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, destacó que “tener un plan nos lleva a expectativas de que lograremos avanzar en temas de seguridad y esperamos que podamos tener resultados durante el primer trimestre del año”, dijo Castañón.

Tras expresar su beneplácito por el reconocimiento del presidente electo a las Fuerzas Armadas y su destacada actuación en el combate al crimen organizado, pidió al próximo gobierno atender el robo a ferrocarriles y transporte de agua.

Organizaciones civiles en contra de la militarización

Mientras tanto, académicos, analistas, organizaciones y consejos ciudadanos que se dedican a realizar estudios sobre la seguridad en el país, coincidieron en que el Plan Nacional de Paz y Seguridad es confuso y que el proyecto presentado por el presidente electo plantea buenas intensiones pero carece de claridad en ideas.

Señalaron que al utilizar la Guardia Nacional se seguirá con la misma estrategia de mantener al Ejército en la calle e incluso afirmaron que será peor, pues se dotará de un marco legal a la militarización.

Amnistía Internacional (AI) señaló que para evitar más violaciones a los derechos humanos, el Plan debe enfocarse en retirar a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública.

Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de la organización en México, afirmó que para evitar más violaciones a los derechos humanos, “deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del Presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las Policías civiles”.