Luego de la presentación del esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que se basa en ocho ejes, se ha generado un gran interés público no sólo por la trascendencia del tema en el país, sino también por los cabos sueltos, omisiones e inconsistencias que se presentan en su contenido.
Tan es así que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cuerpo diplomático de los 28 países de la Unión Europea, anunció que evaluará el plan presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a fin de identificar que sea compatible con el respeto de las garantías individuales de las personas.
Fernando Ponz, jefe adjunto de la división para México del SEAE, indicó que tal como se hizo antes con la Ley de Seguridad Interior, de Enrique Peña Nieto, en la que se manifestaron serias preocupaciones, ahora se estudiará de manera coherente la propuesta del próximo mandatario.
Expuso que más allá de la creación de una Guardia Nacional, pues en Europa también existen instituciones civiles-militares, lo que es un foco de atención para ellos es en que medida la propuesta puede ayudar a la lucha contra el crimen organizado y el respeto de los derechos humanos.
Para analizar el documento, Siempre! acudió a Ximena Medellín Urquiaga, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y especialista en temas de seguridad, quien afirma que pese a que este plan podría ser el inicio de un buen camino, puede verse frustrado “si no se atienden las inconsistencias que presenta, pero sobre todo si no hay diálogo real que ayude a que se aterrice en una política pública seriamente plateada”.
Señala que desafortunadamente lo más claro del Plan de Seguridad y Paz es el tema de la Guardia Nacional, en donde ya se cuenta con una visión más operativa, lo cual no sucede con los demás temas, que sólo se presentan como simples líneas generales de acción con planteamientos muy vagos y ambiguos, por lo que hace falta conocer puntos más concretos de muchas cosas.
“En realidad, espero que este plan sea sólo un diagnóstico de un presidente electo y no de uno en funciones, pues sería una tontería o una falta de prudencia adelantar líneas de acción sin contar con diagnósticos más claros, diálogos más precisos que se realicen desde el poder ya con el ejercicio de una administración en funciones”.
Señala que este plan solo se debe ver como una pieza del rompecabezas, pues “creer que un solo plan a inicio de una administración pueda transformar la violencia seria ingenuo. Necesitamos que haya una apertura en la administración para que se den procesos de evaluación y ajuste de las políticas públicas, pues el problema es que se ven muy bien diseñadas en el papel, pero pueden ser muy complejas en la realidad”.
Legalizar mariguana no es la panacea
Tras reiterar que la mayor deficiencia de este plan es la creación de una Guardia Nacional con sujeción operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional, Ximena Medellín explica que el problema es que esta idea que es inaceptable también pone en riesgo todo el planteamiento de una transformación sustantiva de la política que contrasta, por ejemplo, con el tema de la legalización del uso lúdico y medicinal que platean de la mariguana.
Tema en el cual —dice— existen varias incongruencias pues más allá de sólo enfocarse a la legalización de la mariguana, se debería tener una visión integral del proceso de lucha contra las drogas, que no sólo implique el tema de la mariguana o de los mercados ilegales, sino que se debe de ampliar a fin de que haya una aproximación distinta a los fenómenos sociales.
Puntualiza que más allá de hablar de la legalización de las drogas, en específico de la mariguana, lo más importante son los mercados ilegales, pues existen otro tipo de mercados que son más rentables y que impactan de forma directa a las personas como es el tráfico de personas, de armas, de especies, en los cuales al quitarles su fuente de ingreso a las personas que se dedican a este tipo de actividades no se acaba con el problema “sino que se van a mover a otro mercado ilegal”.
“Actualmente no todos los mercados ilícitos controlados, que financian a los grupos organizados, tienen que ver directamente con la mariguana, sino que se han expandido a otros temas, por lo que no se puede pensar que la legalización de la mariguana es la panacea y el final de la violencia. Mucho menos si al cerrar un mercado ilegal no se plantea una política integral eso hará que se trasladen a otro mercado que puede generar aún más violencia. Sería el mayor riesgo, por lo que es un enorme engaño pensar que es la solución”.
Derechos humanos
Al hablar sobre el tema de los derechos humanos, Ximena Medellín afirma que es un tema que discursivamente se escucha bien, el problema es cómo se diseña en las decisiones de política pública, “aunque lo que se plantea puede ser que vaya más con la lógica de los derechos humanos. Por ejemplo cuando se habla de que el tema de mariguana en caso de abuso o de dependencias se tendrá que atender como un tema de salud y no como criminal o de delincuencia, eso tiene claramente una perspectiva de derechos humanos, pero hay que ver realmente cómo se aplica”.
“O bien, aunque el anuncio sobre mecanismos de justicia transicional pueden ser un buen paso, es necesario analizar como se diseñan dichos mecanismos para que tengan una perspectiva social frente a la reconstrucción de comunidades. Pero en el pilar de la Guardia Nacional, es difícil pensar que exista alguna compatibilidad con los fundamentos de los derechos humanos”.
Destaca que hay que tomar en cuenta que “la doctrina del Ejército es la que marca cómo opera ese ejército, así sean otros efectivos y tengan otros niveles de ámbitos de capacitación en materia de derechos humanos, cosa que actualmente sucede con el Ejército, eso no cambia la dimensión operativa que tienen sus efectivos”.
iniquidad, no pobreza, origen de la violencia
En torno al planteamiento de que la pobreza y la corrupción son el origen de la violencia, la especialista en temas de seguridad alerta que es muy peligroso que al caer en el discurso de que la pobreza es la causa de la delincuencia se deje de atender lo más importante que es la iniquidad y la desigualdad.
Comenta que al igual que en otros países de América Latina y en otras regiones del mundo, en México la iniquidad y la desigualdad es un proceso que afecta “al haber una concentración exacerbada de la riqueza y un porcentaje altísimo de la población sin poder cubrir sus necesidades mínimas, eso es lo que origina estos procesos de violencia. Desafortunadamente algo que no podemos dejar de ver es que en México estamos inmersos en un contexto, en el cual la desigualdad se ha exacerbado durante los últimos 20 o 30 años”.
Por eso —asevera— antes de hablar de la pobreza hay que hablar de la iniquidad y sin duda de la corrupción tanto la de alto nivel y alto impacto, así como de la corrupción cotidiana, “la del diario, la que cometemos todo el mundo, es donde debe de haber un llamado para una reflexión cívica de todos los ciudadanos para que se combata de fondo”.
Justicia transicional
Al referirse al mecanismo de justicia transicional planteado en el plan de la próxima administración, explica que este proceso es un conjunto de mecanismos muy útiles para cuando una sociedad vive procesos de violencia exacerbada que llegan a transformar el tejido social, los cuales generalmente tienen su punto de origen en un conflicto armado o una dictadura, pero que en el caso mexicano se utilizaría como una estrategia política para transformar la dinámica social.
Sin embargo, dice, hay que entender que la justicia transicional implica confrontar o atender las causas, consecuencias y legados de ese proceso de violencia, para lo cual es necesario reconocer cuál es el punto de origen, “es muy preocupante que esta estrategia de paz y seguridad mantenga uno de los rasgos fundamentales que nos llevaron a este proceso de violencia de alto impacto y que no haya un plan de retorno estructurado de las fuerzas militares a los cuarteles como se ha pedido siempre”.
“Lo que vemos es que se hacen planes de reparación, sin tener una mínima claridad de los puntos de origen, de las decisiones estatales que nos llevaron a este ciclo de violencia, lo que puede ser que estemos en riesgo de caer en el cuento de nunca acabar, pues tendremos que crear una comisión de la verdad para los últimos doce años y en doce años necesitaremos otra para esos doce años, y así sucesivamente”.
Control de armas
En torno al control de armas, Ximena Medellín señala que la próxima administración debe tomar en cuenta que es necesario llevar a cabo una mayor operación internacional, pues aunque es claro que existen ciertas dimensiones del problema en las que la actuación unilateral o directa del Estado mexicano es imposible, se necesita seguir con un fortalecimiento de los mecanismos multilaterales para el control de armas.
“Se requiere trabajar con otros actores internacionales que tengan una posición distinta que nuestro vecino del norte, por ejemplo, Alemania que cada vez está más pendiente de qué sucede con las armas que producen sus empresas y qué impacto pueden tener”.
Reitera que es indispensable en este contexto se cuente con un mayor número de aliados y un mayor control a través de mecanismos, para de esa manera pensar en implementar procesos de desarme pero en el marco de programas sociales, de capacitación, de empleo pues no es posible pedirle a las personas que se dedican a esto, que renuncien a los grupos de violencia sin ofrecerles una nueva expectativa.
Destaca que en temas como el del control de armas o paraísos fiscales que también son incluidos en este plan, será muy importante que haya una buena cooperación y coordinación de México con otros actores, por lo que se espera que el próximo canciller, quien ha estado muy desdibujado en estos debates, sea una pieza fundamental para poder pedir el apoyo para que otros países que tienen una amplia experiencia en este tipo de temas puedan hacer investigaciones financieras para poder confrontar muchos otros temas de corrupción.
“Una cooperación internacional sería extraordinaria, pero para eso México debe estar abierto y la nueva administración tendría que aceptar mecanismos internacionales para luchar contra la corrupción, contra la impunidad. Esa sería una pieza clave que podría armonizar muchos de los ejes que se anunciaron”.
Los ocho ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad
- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Se eliminarán fueros, paraísos fiscales, se buscará la tipificación de la corrupción como delito grave; eliminar el fuero; y debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.
- Garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación.
- Garantizar el respeto y la promoción de derechos humanos a través de leyes que tipifiquen la violación a los mismos y garanticen la plena autonomía de organismos protectores de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral y de un gobierno austero, incluyente, apegado al derecho y que tome en cuenta el interés general de la población.
- Reformular el combate a las drogas y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación.
- Emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición de los crímenes.
- Recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social. Se buscará separar a los imputados de los sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
- Reorientar a las Fuerzas Armadas y crear una Guardia Nacional, la cual estará integrada por elementos federales y civiles; además se sumarán asociaciones civiles y organismos ciudadanos.
