Durante esta semana y todavía dentro del llamado periodo de transición, la idea de que el próximo gobierno será uno de grandes cambios ha tomado más inercia que nunca. En realidad, lo que es verdaderamente urgente es que efectivamente se dé el cambio de gobierno, toda vez que la falta de institucionalidad y sustento jurídico de las decisiones tomadas puede generar un daño irreparable a la administración entrante, en perjuicio de la seguridad jurídica y la economía de todos los mexicanos por los próximos años. En tanto, en Morena no se dan abasto para atender el gran cúmulo de cambios que han propuesto, se emiten mensajes contradictorios y se fragua una estrategia de ataque constante a la prensa. A la par, cae el precio del petróleo, aumentan las tasas de interés y comienzan las reacciones negativas de los mercados.

En este contexto, trascienden noticias de supuestas solicitudes de renuncia a integrantes de organismos dotados de autonomía por nuestra Constitución, como es el caso de quienes dirigen la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Especialmente grave es que estas solicitudes de renuncia hayan sido formuladas por quien será la próxima secretaría de Energía, instancia de la cual originalmente se escindieron estos organismos. Es pertinente precisar que hablar de autonomía en nuestro orden jurídico debe partir de un cúmulo de distinciones. La primer cuestión es que existen órganos autónomos que provienen de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), si bien los más tienen su origen en la escisión de diversas dependencias del Ejecutivo, como también los hay en distintos niveles u órdenes de gobierno (federal, local o de la Ciudad de México). En segundo término, tenemos que en realidad en nuestro sistema jurídico no existe un solo tipo de autonomía, hay de todo tipo: técnica y de gestión, presupuestaria, normativa o reglamentaria e, incluso, con o sin personalidad jurídica y patrimonio propios, entre otras. No obstante lo anterior, lo cierto es que cualquiera de estos grados, al ser atribuidos, tienen una razón de ser en favor de la especialización y con la intención de asegurar que sus decisiones queden a salvo de consideraciones políticas. Por ello, el anuncio de la renuncia de Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, consolida la presunción de que el intento de control por parte del nuevo partido mayoritario, en todas las instancias públicas, está teniendo éxito. Máxime si deja el cargo, que ha ocupado desde la creación del organismo, precisamente el 1 de diciembre del presente año, fecha en la que inicia la gestión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Dejando de lado el alto costo que el no contar con instancias que, de una forma o la otra, tuvieran cierto grado de autonomía reconocido por la Constitución Federal, tuvo en el pasado, ¿qué criterio se está siguiendo para ejercer esta influencia? No es lo mismo valorar la relevancia del Banco de México que la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, la función de todos estos entes, sin excepción, tiene una importancia y trascendencia que los llevó a adquirir ese carácter. La autonomía de los organismos constitucionales tradicionales, es decir, del Banco Central, del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, más tarde pero igualmente importante, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se diseñó en respuesta a necesidades que no han cambiado. Ya sea que se trate de crisis económico financieras, elecciones dudosas, violaciones a derechos fundamentales o cualquier otro supuesto. En cuanto al resto de los organismos sobre los cuales, actualmente, se puede argumentar autonomía en nuestro marco constitucional derivaron de un cúmulo de reformas impulsadas en unidad, por todas las fuerzas políticas e ideologías, al inicio del sexenio que está por terminar. De ahí que su régimen no es una cuestión de posturas, sino que es necesario y así lo han reconocido instancias internacionales en numerosas ocasiones.

No obstante lo anterior, fue publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que, dejando de lado su evidente falta de técnica, puede leerse como una medida de control político, ya que afecta a todos los entes del Estado y con ello asfixia la autonomía de las instituciones. De esta forma, enarbolando la bandera de la llamada austeridad republicana (generalmente aceptada), se fundamenta en una norma constitucional y la instrumenta en un sentido que desvirtúa su razón de existir. Porque no es lo mismo que la Constitución fije como límite el monto salarial de quien debería ser el servidor público mejor pagado en nuestro país, al hecho de que el presidente reduzca su percepción de ingresos y que esto obligue a bajar las remuneraciones de todos los funcionarios de nuestro país; o lo que es lo mismo, que eche mano de esta regla como herramienta de sometimiento.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal que busca aumentar de tres a quince los supuestos de prohibición a las entidades financieras para cobrar comisiones por diversos servicios, no perdamos de vista quién la formula. Sea o no una jugada orquestada desde la casa de transición en la colonia Roma, tomando en consideración que se trata de una propuesta ya hecha por el líder parlamentario en 2007, percibo un ánimo revanchista que pasa por alto algo básico y fundamental: ya no es oposición, es el líder de la bancada del partido gobernante. No solo ello, sino que es el líder del partido con fuerza más que suficiente para realizar modificaciones de este tipo. Esto conlleva la responsabilidad de atender a consideraciones no solo jurídicas, sino también políticas y sociales de las causas que persiga, buscando que la misma transite con todos los sectores involucrados de la mejor forma posible. Lo contrario va a afectar a la población en situaciones más desfavorables.

Además, fácilmente se puede percibir que, una vez más, Morena se involucra en, al menos, las funciones que tiene el Banco de México, como Banco Central, frente a las instituciones de crédito en nuestro país e, incluso, en la esfera de atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, si se estima que se trata de prácticas que afectan a los consumidores y al mercado. Por ahora, ni hablar del papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que salió a defender la causa, partiendo del hecho de que su presidente Mario Di Constanzo, hasta 2013, año en que fue designado a dicho puesto, militaba en el Partido del Trabajo, era afín y defensor de López Obrador, e incluso fue nombrado secretario de Hacienda en su gobierno legítimo, allá en el año 2006. No parecería extraño que ahora buscara quedar bien con la izquierda de la cual formó parte y que, tras muchos años, salió vencedora en México. Por todo lo anterior, es preocupante este tipo de anuncios, “al vapor”, que además vislumbran un alegato nacionalista en la medida en la que Monreal refiere que busca poner un alto a políticas extractivas.

De esta manera, Morena fortalece el mensaje de grandes cambios durante el sexenio, los cuales toman forma desde este momento. Como laboratorio político y social, en el que pareciere que buscan dejar intocado a su líder, como si eso fuera posible. Así, se anuncian nuevas consultas a días de su toma de protesta. Lo que es más preocupante, en este caso buscarán legitimar un proyecto de infraestructura sometiéndolo a la “voluntad del pueblo” de manera conjunta con un gran cúmulo de programas sociales. Sabiendo que la única consulta que debería de hacerse es a los pueblos y comunidades indígenas que pudieren verse afectadas, su solución es expandir su objeto para obtener un “sí” rotundo, sin importar que ello implique, en los hechos, someter a consulta la garantía de derechos sociales. Urge que esta transición termine y que inicie el ejercicio formal del nuevo gobierno, pero también su rendición de cuentas ante una sociedad ávida de grandes cambios, pero que no merece ser tratada de esta manera; y que en su caso no debe permanecer cruzada de brazos.