Múltiples críticas se han formulado al método puesto en práctica por el presidente electo para anunciar su decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la zona metropolitana del Valle de México en Texcoco. Con una consulta a los ciudadanos carente de metodología y el menor vigor para acreditar la autenticidad de quienes decidieron acudir a las mesas de votación; de una suficiente dispersión geográfica y asignación de boletas para cubrir el territorio nacional en forma proporcional a su número de ciudadanos y la ubicación de sus viviendas, y de un adecuado nivel de participación para valorar el sentido de la respuesta del universo convocado a participar, se asumió que el pueblo había adoptado una determinación.

En fin, que si bien puede argumentarse que las decisiones se toman por quienes acuden a participar en ello, el ejercicio se constituyó en una simulación. En realidad, fue el desgaste de un instrumento diseñado para pulsar el punto de vista de los ciudadanos que, apreciado en abstracto y atento a sus fines, es parte de las instituciones de la democracia participativa.

Ante situaciones que polarizan la percepción del pueblo sobre cuál debe ser la postura que habrá de adoptar el órgano investido con la facultad para decidir en representación del Estado, dicha instancia —por sí o ante una petición representativa— determina la pertinencia de consultar por cuál opción se inclina mayoritariamente la sociedad y actuar en consecuencia con esa expresión.

Más allá del debate sobre su legalidad, la consulta sobre el sitio para la construcción de la instalación aeroportuaria que resuelva la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no alcanzó —ni por asomo— la posibilidad de asumirla como un verdadero ejercicio de democracia participativa. Si la democracia electoral requiere necesariamente de principios y reglas para que el ejercicio comicial sea competido, auténtico y justo, no es ni debe ser diferente con la democracia participativa.

Debemos reflexionar y actuar ante la práctica de la simulación que alienta Andrés Manuel López Obrador y el desgaste de este instrumento de incorporación de la voluntad popular a la toma de decisiones gubernamentales. Hay dos razones para hacerlo, la de fondo y la de la coyuntura que amenaza con instalarse por un plazo sine die.

Primero lo coyuntural. Ocurre que las ranas pidieron su rey y se les concedió. Con motivo de la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco, diversas personas y voceros de grupos de opinión planteaban que entonces también se consultaran otras decisiones y la emblemática resultó ser la determinación del presidente electo por construir el llamado Tren Maya que cubrirá la zona de nuestro país que en Mesoamérica ocupó el pueblo maya.

Hace unas jornadas, al término de la reunión celebrada en Mérida, Yucatán, por el presidente electo con los gobernadores en funciones y electos de Chiapas y Tabasco y en funciones de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, aquel dio a conocer que el 24 y 25 de noviembre en curso la misma agrupación que realizó la consulta sobre la continuación de la obra aeroportuaria que se edifica en Texcoco le organizaría otra consulta sobre el Tren Maya, la refinería a construirse en Tabasco y el proyecto del Istmo de Tehuantepec, además de consultarse sobre la procedencia de diez programas sociales.

El ejercicio de la consulta realizada entre el 25 y el 28 de octubre último fue tan “exitoso” que ahora con solo 11 jornadas de anticipación se anuncia la voluntad de pulsar el punto de vista de los ciudadanos sobre un conjunto de obras y de decisiones de políticas públicas de carácter social sobre las cuales no existe una difusión ya no adecuada, sino siquiera mínima, sobre sus implicaciones, beneficios e impactos presupuestales, por ejemplo.

Y lo más severo es que tras la gesticulación de la consulta previa sobre una obra en la cual la polémica fue cernida, impulsada y potenciada por López Obrador durante la pasada campaña electoral por la Presidencia de la República, en el caso de la intención de realizar esas inversiones en infraestructura o para impulsar políticas de asistencialismo social, no está presente la polarización de nuestro pueblo sobre la pertinencia de adoptar esas decisiones.

Sí hay comentarios en círculos especializados y mayormente informados, pero no son cuestiones que polaricen al país al grado de que sea menester consultar al depositario de la soberanía. Al menos no ahora y con esa premura.

Si en una apariencia democrática, todo o casi todo se consulta, y se hace sin rigor metodológico ni reglas para la participación universal con estándares de confiabilidad en el resultado, el saldo es el desgaste del instrumento de la democracia participativa. ¿Es esa la verdadera intención? ¿Deteriorar la práctica por vía de la simulación?

Y a lo segundo, porque esa es la cuestión de fondo. Es innegable el desgaste del sistema de partidos y sus consecuencias en el papel de esas formaciones políticas para propiciar el acceso de los ciudadanos a los cargos de representación popular, con base en los principios e ideas que se postulan para la acción pública. Hay elementos negativos que revertir en el funcionamiento de nuestra democracia representativa.

Ante ello, tal vez una de las cuestiones más complejas para la democracia mexicana de hoy sea revertir el desgaste de la democracia representativa mediante un diálogo útil, constructivo y mutuamente enriquecedor con la democracia participativa. Si por un tiempo algunos actores políticos asumieron que se trataba de vertientes excluyentes o confrontadas de la organización de un Estado con base en los principios democráticos, hoy esa es una noción equivocada y, ojalá, superada para siempre.

En la democracia representativa —sin demérito del valor de la opción sin partido— los partidos articulan ideas, organización, propuestas y candidaturas con base en la aspiración de acceder a cargos públicos de elección popular, a partir del compromiso de permanecer para responder de su actuación y desempeño.

En la democracia participativa —sin demérito del juego partidario— la sociedad y, en específico, la sociedad civil organizada para impulsar causas, temas y propuestas encuentra su espacio natural de acción y actuación. De los varios instrumentos que se han diseñado para encauzar a la sociedad hacia determinadas reivindicaciones en el ámbito gubernamental o estatal, la cima le pertenece a la consulta abierta a los ciudadanos, en cualquiera de sus modalidades.

La consulta al pueblo sin el rigor de un ejercicio auténtico y confiable es una simulación y desgasta la democracia participativa en beneficio del depositario del cargo público. Falsa apelación al pueblo para que impere la voluntad propia.