Al hablar sobre las iniciativas presentadas por la bancada de Morena que buscan reformas constitucionales y que para muchos especialistas atentan en contra de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, Javier Cruz Angulo, especialista en derecho procesal y constitucional señala que estas propuestas que tienen que ver con el cambio de adscripción, la duración en el cargo y los emolumentos o percepciones del PJF, no resolverán de fondo la problemática que existe en su interior y solo dejarán más modificaciones a la Constitución.

Explica a Siempre! que el mayor problema en este momento es que todo indica que se ha vuelto un vicio hacer modificaciones a la Constitución únicamente por la orientación de las políticas públicas que existan en ese momento; sin embargo, el riesgo que se corre es que la propia carta magna deje de ser un texto rígido que produzca certeza y que sus modificaciones se encuentren a expensas de cualquier cambio en el discurso político y no sean consecuencia de una reflexión más pausada, que en este caso debe darse en el interior del propio Poder Judicial de la Federación.

Recuerda que, desde 1917, “llevamos más de 700 reformas legales a la Constitución pues cada vez que se logran mayorías políticas en los parlamentos, se reforma el texto constitucional. Cuando ya no nos gustan estas reformas, lo volvemos a modificar. El peligro es que la Constitución simplemente se convierta en un programa político sexenal y deje de ser una garantía para todos los mexicanos incluidos los jueces y magistrados”.

Al hablar sobre si realmente con estas iniciativas se está invadiendo el Poder Judicial, el penalista afirma que en materia técnica constitucional no, “puesto que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de generar iniciativas, por lo que no lo estaría invadiendo, pero en términos de ciencia política, de los conceptos de autonomía e independencia sí, todo indica que estas iniciativas friccionan los poderes y los ponen a debatir en coordenadas distintas y unilaterales”.

Cruz Angulo destaca que es importante separar lo que es autonomía de independencia, pues mientras la autonomía se refiere a que otros poderes no deben incidir sobre la vida o soberanía del otro; es decir no podrán chocar o enfrentarse en cuanto a sus funciones, la independencia representa la facultad de un juez de no estar sujeto a presiones dentro de su propio poder.

Rotación de jueces

En cuanto a que se obligue a que los jueces cambien de adscripción cada seis años para evitar que se formen círculos de corrupción, Cruz Angulo considera que no es una buena solución a la problemática que existe, pues además de que en la actualidad es algo que ya sucede, lo que se podría perder dentro del PJF es la especialización de los jueces.

Explica que, por ejemplo, hay muchos jueces de la Ciudad de México que están especializados en materia administrativa, en materia penal, en materia laboral; lo cual no sucede con jueces del interior de la república, quienes son jueces mixtos y por lo tanto conocen de todo y no tienen el factor de especialización, por ello, indica que en este aspecto más allá de una iniciativa que busque la rotación constante lo que se requiere es disciplina y vigilancia del Consejo de la Judicatura.

“Estas iniciativas no son remedios que estén enfocados a resolver los problemas amplios de la sociedad. Hay que recordar que la justicia en cualquier democracia constitucional es uno de los valores más importantes, que no podemos perder en beneficio de los ciudadanos, el amparo de la persona que es privada de su libertad. No podemos arriesgar a que no se haga justicia como un factor de contrapeso al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo”.

Disminución de salarios

En cuanto al tema de la disminución de los salarios, asevera que además de que es un tema en el que no debería incidir otro poder pues estaría interfiriendo en la vida cotidiana del Poder Judicial, Cruz Angulo destaca que aun cuando se lograran estas reformas, dicha reducción no impactaría de manera clara en el presupuesto público federal.

“Hay que tomar en cuenta que si tenemos 983 juzgadores federales, el impacto presupuestal de la reducción no está en correlación con lo que se busca ahorrar en el presupuesto público; sin embargo, sí genera crispación de poderes por lo que no parece una buena política publica”.

El profesor del CIDE destaca que en realidad este tema debería corresponder a los magistrados y jueces ya que constitucionalmente tanto la Suprema Corte como la Judicatura Federal elaboran su propio presupuesto, el cual es enviado a la Secretaría de Hacienda para que haya un buen funcionamiento.

Por ello dice que lo que sería mejor es que, al estar constitucionalmente planteado el hecho de que el sueldo es irreductible para los jueces durante el periodo que estén en el cargo, se mantengan los sueldos que hoy por hoy reciben los jueces en funciones, pero que en el futuro el Poder Judicial pueda realizar una reflexión de los salarios y percepciones que están percibiendo y aplicarlo a futuros nombramientos evitando de esa manera una nueva modificación a la carta magna.

PJF deberá nivelar emolumentos

Cruz Angulo dice que no hay que dejar a un lado que el salario de los jueces es altísimo en comparación con las percepciones que reciben el resto de los servidores públicos, pues “mientras hay analistas en el servicio público ya sea federal o en la administración pública local con sueldos de 7 mil pesos, jefes de departamento que ganan15 mil, o subdirectores que ganan 40 mil, 50 mil, un juez gana por arriba de los 200 mil pesos, lo cual es sin duda una brutal disparidad”.

Sin embargo —afirma— esto es algo que se debe resolver en el interior del propio PJF en dónde tanto la Suprema Corte como la Judicatura deben ser los responsables de nivelar las percepciones que otorgan a efectos de guardar una sana división de poderes.

En cuanto a que la decisión de bajar los sueldos de jueces y magistrados pueda atentar en contra de su independencia y seguridad, el especialista en temas del Poder Judicial considera que este es un argumento equivocado ya que pareciera que lo único que se intenta es resguardar son los pesos y centavos que ganan los jueces, mas no la independencia y autonomía, que resguardan conceptos más robustos e importantes.

“El hecho de decir que no van a ser corruptos si ganan mucho es un argumento muy desafortunado, pues percibir un sueldo tan alto no quiere decir que tengamos la seguridad de que un magistrado o juez tenga ética judicial. El sueldo no tiene que ver con que haya un sistema de investigación o de vigilancia del buen funcionamiento del poder, ni con la ética, ni con un sistema propio de valores dirigidos hacia el deber y el desempeño propio”.

 

Endogamia laboral 

Al hablar del nepotismo que han denunciado dentro del PJF, Cruz Angulo dice que el único estudio sólido que existe sobre el tema es el realizado por el consejero Felipe Borrego, en el que se demuestra que es verdad que familiares de miembros del PJF se encuentran trabajando en el mismo, lo que se conoce como endogamia laboral; sin embargo, también señala que ocupan puestos que no tienen incidencia.

“Son personas que se encuentran en puestos administrativos y no como se cree que los jueces estén nombrando jueces o que un magistrado nombre magistrado a su primo. Más allá de haber deficiencias en el sistema que se utiliza para nombrar a jueces o magistrados en dónde existe un hueco es a la hora de hacer los nombramientos administrativos, ahí es donde entran amigos y familiares”.

Cruz Angulo considera que sobre todo en un sistema de pesos y contrapesos es importante no negarnos a decir que hay problemas graves, pero también identificar soluciones claras; es decir, si hay un problema de corrupción se debe revisar el sistema de vigilancia, llamar a cuentas a los que se encuentren involucrados.

Si tenemos un problema de endogamia laboral en puestos administrativos y no en puestos jurisdiccionales, el PJF debe revisar su mecanismo de nombramientos administrativos y no solo atender los problemas que llaman más la atención como puede ser el de los salarios o decir que hay una gran familia judicial.

Se requiere un debate público

En torno al frente que han comenzado jueces y magistrados en contra de estas reformas, ante instancias internacionales como el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Cruz Angulo dice que al ser instancias no contenciosas, no pueden litigar contra el Estado mexicano, por lo que sería más sano que hubiera un diálogo nacional.

Más allá de la presentación de iniciativas que puedan generar fricciones entre poderes lo que se debe hacer es invitar a los jueces a la reflexión, pues son los únicos que no han sido escuchados de manera amplia y son quienes saben realmente lo que pasa en el interior del PJF, sobre todo cuando hay sistemas democráticos que permiten un dialogo entre poderes.

“Esto seria mas saludable porque acudir otra vez a instancias internacionales es un discurso unilateral, en donde los jueces se van por su lado y la problemática por otro. El Poder Legislativo puede crear un puente al Poder Judicial a fin de generar una reforma que realmente ataque los problemas de nombramiento administrativos de endogamia laboral, que ayude a la reflexión de los salarios, pero siempre a través de un diálogo, un puente tendido entre ambos poderes y no en discursos unilaterales de iniciativas y de instancias internacionales”.