Por un problema en el proceso de edición, el artículo “De la telebancada al telecongreso” —de la serie La contrarreforma hacia las audiencias— no se publicó en la edición 3416 —2 de diciembre— como correspondía. Para saldar la omisión se publica en este número y por igual el artículo “¿Qué hacer?”, última entrega de la citada serie. Al autor y a los lectores, les ofrecemos nuestras disculpas.

La contrarreforma hacia las audiencias/­­­XXV-XXVI

La aprobación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 2013 permitió que el Estado mexicano alcanzara importantes progresos para crear las bases de otro modelo de comunicación más virtuoso en el país, especialmente en la esfera de los derechos de las audiencias. No obstante, además de los valiosos avances conquistados anteriormente, en año 2017 el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo autorizaron una nueva contra reforma constitucional que debilitó las garantías comunicativas de los ciudadanos que anteriormente habían alcanzado, provocando, entre otras, las siguientes consecuencias para la comunidad nacional:

En el ámbito de la gobernabilidad

67. La contrarreforma hacia las audiencias se realizó con la anuencia de los dirigentes del PRI, PAN y Partido Verde dentro del Congreso de la Unión en vísperas de importantes procesos electorales para el país, con lo cual fue evidente que dichos partidos vendieron los derechos comunicativos de la sociedad mexicana a cambio de recibir los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos en contra del interés común. De esta forma, dichos partidos ejercieron nuevamente su rol de tele bancada al no defender la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y sacrificar las garantías comunicativas de los ciudadanos.
68. Al permitirse que únicamente fuera la Secretaría de Gobernación la instancia oficial que sancione las violaciones a los derechos de las audiencias se retrocedió varias décadas el avance democrático y civilizatorio de la sociedad mexicana, pues dentro de la estructura del régimen democrático se le regresó al órgano político del gobierno en turno el control de los contenidos de la comunicación colectiva, cuando esto debió quedar en el IFT como órgano autónomo.
69. Con la implementación de la contra reforma se retornó a la fase del contubernio existente entre los dirigentes de los partidos y los concesionarios de los medios. Así, los poderes institucionales del Estado como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quedaron al servicio de los intereses de poderes fácticos particulares, especialmente de la telecracia y como sucedió anteriormente con la ley Televisa, la clase política volvió a utilizar las instituciones del Estado para privilegiar a una élite.

70.- Resucitando los viejos tiempos más autoritarios de la historia política de nuestro país, en 2017 el Poder Legislativo fue incapaz de ejercer su responsabilidad como contrapeso frente al gobierno federal, recuperando para sí la aplicación de las atribuciones de regulación del sector que le correspondían al IFT, y permitiendo la captura de las instituciones del Estado-nación por parte de sectores privados. Ello demostró fehacientemente que el Estado mexicano continúa subordinado a los monopolios y a los poderes fácticos que imperan en el país.

71. La fuerza que alcanzaron los poderes fácticos mediáticos a través de la contra reforma fue de tal dimensión que dicho proceso fue bautizado como la ley Televisa II, y derivado de ello, más que presenciar una telebancada en el Congreso de la Unión lo que se ya observó en México, fue la existencia de un telecongreso.
72. Finalmente, con todo ello, se crearon nuevas condiciones de fuerza para que los poderes fácticos mediáticos operen de forma más poderosa, reforzando el modelo de gobernabilidad de la radiocracia y la telecracia, que cada vez más, subordinarán a sus objetivos empresariales monopólicos a los poderes republicanos del Estado-nación para diseñar el desarrollo futuro del país en base a sus intereses de acumulación económico-político-cultural.

¿Qué hacer?

Frente a la creación del desigual panorama comunicativo ante las audiencias, el Estado debe entender que su función histórica medular como cabeza social no es sólo colaborar a establecer las condiciones para que el capital pueda funcionar en todas sus fases sistémicas, sino su principal responsabilidad rectora es crear las condiciones estructurales para que toda la sociedad cuente con sistemas de comunicación participativos que le permitan interactuar en el espacio público mediático para edificar mejores condiciones de equidad, progreso y paz social.

México, antes que ser un “paraíso de oportunidades” para que el gran capital invierta sus recursos con el fin de realizar atractivos negocios, particularmente de los enormes monopolios, en la nueva fase contemporánea de acumulación globalizada, es sobre todo la edificación de un muy largo proyecto histórico de nación que tardó más de 200 años en construirse desde la Independencia, la Reforma, la Revolución y la “modernidad”, donde los individuos previamente a ser considerados como simples consumidores de productos, mercancías, servicios, bienes e “ilusiones posmodernas” para garantizar el lucro empresarial, deben ser contemplados como ciudadanos con derechos constitucionales fundamentales, especialmente comunicativos.

Por consiguiente, las garantías de las audiencias no pueden ser negadas por la vertiginosa “revolución moderna” de las tecno-comunicaciones, sino al contrario, deben ser reforzadas con mayor contundencia para consolidar este largo proceso de construcción civilizatoria.

El Estado debe aceptar que el principal reto comunicativo de la nación para alcanzarse a través de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión no es tener más consorcios audiovisuales de entretenimiento masivo o selectivo a domicilio o novedosos “aparatos de distracción” de naturaleza “adrenalínica”, “espectacular”, “in”, “posmodernista”, sino que el verdadero desafío es crear otro proceso de comunicación colectivo abierto, plural, incluyente, humanista y participativo que permita que la mayoría de la sociedad pueda expresarse en el espacio público mediático para manifestar sus intereses y necesidades de crecimiento y existencia, así como las posibles formas de soluciones respectivas.

De lo contrario, de no ejecutarse esta perspectiva de cambio, para las próximas décadas tendremos un país sumido en una mayor crisis estructural, y simultáneamente recibiremos virtualmente en nuestros hogares un prototipo digital de televisión y radio “posmodernos” que transmitirá una visión espectacular de la vida donde “¡somos un país que progresa!”, “¡contamos con los modelos de comunicación más avanzados del mundo!”, “¡los ciudadanos tienen derechos comunicativos porque tienen acceso a las nuevas tecnologías de información!”, “¡ya llegamos a la cuarta revolución industrial!”…

Este modelo esquizofrénico de difusión colectiva contribuirá a inyectar ingredientes muy inflamables para la explosión social en las próximas décadas; pues no encarará comunicativamente las causas que dan vida a los conflictos sociales, ocultándolos con “fantasías modernizadoras” que reventarán cuando la cruda realidad ya no pueda ser “maquillada” con la mercadotecnia propagandística que realiza la gobernabilidad de la vieja clase política.

De aquí la gran importancia de observar si el nuevo gobierno de la “cuarta transformación” se doblegará ante las presiones de la fuerte telecracia y radiocracia que han anulado los derechos de las audiencias o rescatará los derechos comunicativos esenciales de los ciudadanos marginados durante casi un siglo en México.

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