Nueve grandes consorcios, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, recurrieron, el año pasado, al mecanismo de impuestos diferidos, por nada menos que 81,070 millones 700,000 pesos. Tal cantidad resulta escandalosa en sí misma, pero todavía más cuando se observa que casi iguala los impuestos realmente pagados por esos consorcios que fue de 88,661 millones.

Según la información registrada por Ismael Rodríguez, el excelente reportero de La Jornada, Grupo México, la empresa minera (denunciada en múltiples ocasiones por diversas acciones contra sus trabajadores, entre otras el caso de Pasta de Conchos) postergó impuestos por 31,000 millones. Cemex, la mayor cementera del mundo, difirió impuestos por 15,801 millones; América Móvil (de Carlos Slim) por 11,997 millones; Fomento Económico Mexicano (Femsa), la refresquera que incluye agua, Coca Cola y otras áreas como las tiendas Oxxo, por 6,133 millones; Walmart, por 6,087 millones; Bimbo, 4,682 millones; Grupo Carso (también de Slim), 2,157 millones 700 mil pesos; Maseca (la industrializadora de maíz) 1,306 millones; Kimberly Clark por 1,108 millones.

Se supone, en principio, que el mecanismo de diferir impuestos solo constituye una postergación, pero que finalmente esas contribuciones se pagarán. Sin embargo, el diferimiento no solo actúa en favor de esas gigantescas empresas, en cuanto disminuye la capacidad de gasto del gobierno, y aumenta la de las empresas, sino también porque utiliza la inflación en su beneficio. Todo el mundo sabe que el aumento de precios disminuye la capacidad adquisitiva de la moneda, de modo que diferir un pago significa que se está pagando menos en términos reales, aunque nominalmente sea la misma cantidad. En el mismo sentido funciona la devaluación del peso, pues significa que en términos de dólares, en que estos grandes consorcios realizan gran parte de sus operaciones, también se está pagando menos Y cuando se trata de cantidades tan exageradas como 81 mil millones de pesos, esas disminuciones se convierten en utilidades encubiertas para las empresas y en pérdidas, también encubiertas, para el erario.

Si hubiera que señalar cuál es el problema mayor de México, entre los muchos que padece nuestro país, no hay duda de que es el de la desigualdad. Y hay que recordar que las políticas neoliberales aplicadas en todo el mundo en las últimas décadas, y en México durante los últimos 36 años, tienen el objetivo fundamental de transferir recursos de las clases trabajadoras a los empresarios para que enfrenten la crisis económica salvaguardando sus utilidades. Por eso, se ha acuñado el concepto de acumulación de capital por despojo, que alude precisamente a ese saqueo.

Para combatir la desigualdad, el manejo de los presupuestos de egresos y de ingresos del gobierno federal son instrumentos de primera importancia. Se entiende que por las condicione actuales del país, por la correlación de fuerzas sociales, por el peligro de la fuga de capitales, el nuevo gobierno se haya comprometido a no crear nuevos impuestos, ni aumentar las tasas, pero es evidente que resulta indispensable actuar contra la elusión fiscal y contra los beneficios escandalosos que hasta ahora permiten aprovechar las trampas de la ley.