La intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de impedir que los servidores públicos reciban un salario mayor que el del propio jefe de Estado —que ha sido un puntal de su campaña—, ha generado un enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Judicial, que se ha intensificado por la resolución del Tribunal Electoral en el caso Puebla — en contra de Morena— y la discusión por la terna enviada al Senado por el Ejecutivo para elegir a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a mediados de septiembre en la Cámara de Diputados y en noviembre por el Senado, los amparos tanto de empleados del Poder Judicial, como de otras instituciones no dejaron de aparecer, al grado de que se habla de que hay un total de más de cuatro mil personas amparadas.

El momento más álgido se dio con la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones en respuesta a una moción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en tanto se resuelve el fondo del asunto, lo que hizo que los ánimos se calentaran sobre todo por la cercanía de la presentación del Presupuesto 2019.

Senadores y diputados de Morena impugnaron la resolución del ministro por contravenir el articulo 64 de la ley reglamentaria del articulo 105 de la Constitución, en particular, el senador Félix Salgado Macedonio amenazó que “si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habré de plantear al presidente que los liquide”, y advirtió: “Ernesto Zedillo lo hizo, AMLO también puede hacerlo”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación negó por su parte, privilegios en sus remuneraciones y acusaron que los ahorros que se buscan solo son para debilitar el sistema de frenos y contrapesos. “Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.

Con el fin de limar asperezas tras el choque que se ha dado entre el Poder Judicial y el Legislativo en los últimos días, diputados de Morena encabezados por su coordinador Mario Delgado sostuvieron una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que acordaron que serán los miembros del máximo Poder Judicial quienes fijen sus salarios y que solo habrá una reducción para futuros nuevos integrantes.

De acuerdo con el periódico El Universal, es falso que los jueces y ministros hayan aceptado la oferta de Morena, pues dijeron que no pueden permitir que haya juzgadores de primera y de segunda. Pidieron a los diputados reconsiderar su postura y reiteraron que el Poder Judicial solo implementará la austeridad mediante un recorte de 5 mil millones de pesos, pero mantendrán sin cambio sus salarios.

En entrevista con Siempre!, el constitucionalista Rogelio Rodríguez Garduño señala que ante una alta posibilidad de que la Suprema Corte ratifique la suspensión, lo que podemos esperar es una discusión bastante álgida e interesante en la que los mexicanos podremos contar con mayores elementos de juicio, pues será una sesión pública de cara a la nación.

Al explicar la decisión del ministro Pérez Dayán de suspender la ley, indica que bajo la interpretación del ministro no se suspende la norma, sino sus efectos, pero sobre todo sus consecuencias, pues, de no hacerlo, se hubiera traducido en actos irreversibles, sobre todo cuando nos encontramos en vísperas de la transición sexenal y presupuestal.

Destaca que para tomar una decisión Pérez Dayán hace una análisis de dos artículos de la Ley Reglamentaria del articulo 105, apartado B; uno que no le permite dictar la medida de suspensión que es el articulo 64, y el otro que es el articulo 15, el cual insiste en el mayor beneficio de la persona.

Indica que los artículos en los que se habla de una violación son el 1, 6, 49, 75, el 94, 123 apartado B y 127 de la Constitución, y de los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son el 8, 21, 26, además del articulo 6 del propio protocolo adicional, aunque considera que el ejemplo más claro de una violación se encuentra en el articulo 94 de la Constitución, el cual establece que a quienes se les deposita el ejercicio del Poder Judicial de la federación mientras estén en el cargo, no podrán disminuírseles los salarios.

Sobre todo cuando —recuerda— el articulo 94, al ser una ley especifica, deberá preferirse a una ley genérica como es el tercero transitorio del artículo 127 de la Constitución, “la ley de salarios se escuda en el tercero transitorio del articulo 127 de la Constitución; sin embargo, no toma en cuenta que ese transitorio no puede estar por encima de uno principal, así que una ley especifica como el artículo 94 está por encima de una ley genérica, como este apartado del 127”.

 

Presupuesto en términos de 2018

Rodríguez Garduño señala que por cualquier lado que se mire, más allá de la suspensión, lo que es urgente y fundamental es conocer la decisión que tome el pleno de la Suprema Corte, pues en caso de que se ratifiquen los efectos de la ley quedarán suspendidos, “aunque se siga discutiendo la constitucionalidad o no de la ley, tendremos salarios para el periodo 2019 en términos de 2018. Al menos por un año no se podrán disminuir”.

“El problema es que pese a lo dicho por la Corte, senadores y diputados de Morena aseguraron que el presupuesto no se verá afectado, por lo que no aprobarán tabuladores que vayan más allá de los 108 mil pesos que ganará el presidente; es decir que no atenderán esta medida al ser otro poder. No toman en cuenta que el sistema de pesos y balances le da al Poder Judicial la facultad de ordenar por vía judicial una medida, y si la medida se ratifica y la instrucción judicial no se atiende, estarían en desacato”.

Respecto a las amenazas del senador Félix Salgado Macedonio sobre que los ministros que no se ajusten a la austeridad, le recomendaría al presidente su liquidación, el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM considera que no hay nada más desacertado, pues el término de liquidación no es el más apropiado, ya que los servidores públicos, al no contar con una estabilidad laboral, no pueden ser liquidados.

Por otra parte, indica que decir que al igual que sucedió en 1994 se puede remover a los ministros, es totalmente falso. Nos encontramos en circunstancias diferentes, “en la época del presidente Zedillo lo que se hizo fue una reforma constitucional que buscaba fortalecer el Poder Judicial, y no una medida en su contra”.

Explica que ante el exceso de ministros, Ernesto Zedillo envío al Senado una iniciativa para jubilar a 26 ministros, la cual fue avalada por la Cámara Alta y posteriormente envió una terna de 18 candidatos a ministros, de los que fueron elegidos once que ahora conforman el pleno de la Suprema Corte.

Hay un poder judicial más activo

Al hablar sobre el choque de poderes que se está dando, Rodríguez Garduño indica que lo único que resta esperar es que el Poder Judicial sea capaz de salir con argumentos y defender su decisión. En caso de no contar con esos argumentos, aceptar que le asiste la razón, ya sea al presidente o al Congreso.

Refiere que el hecho de que un ministro de la Corte haya tomado una medida de esta naturaleza, que es innovadora y de vanguardia, deja un saldo positivo pues se demuestra que ahora el Poder Judicial se muestra más activo en su interpretación política constitucional.

“No estábamos acostumbrados a ver un Poder Judicial que actuara políticamente como sucede cotidianamente en Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, para nosotros eso es nuevo porque por muchos años el Poder Judicial estuvo aletargado”.

El único problema que ve es que pareciera que salieron a defender sus intereses, “lo importante es que pese a ser un poder nulo políticamente hablando, hoy se encuentra emergiendo como un poder para equilibrar a los otros poderes. Como un contrapeso real.”

El único riesgo que advierte “es que ante una decisión de esta envergadura, con la mayoría que tienen el partido en el poder, se busque ir a reformas constitucionales “ad hoc”. Espero que la responsabilidad del presidente y del Congreso no vayan en ese sentido, porque entonces sí tendríamos una Constitución a modo, aunque recuerda que hoy contamos con contrapesos nacionales e internacionales que podrían impedir cualquier exceso”.

Evitar un fujimorazo

Rodríguez Garduño expone que un exceso en el que pueden incurrir tanto el Congreso como el presidente es si se toma una medida de fuerza, como sería la de no entregar los recursos presupuestales con los criterios de 2018 como lo dice la medida de suspensión, pues al no haber ninguna otra instancia en el orden jurídico interno, tendrían que acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Comisión que en un principio recomendaría a México que dicte una medida provisional, en caso de que se desacatara esa orden, seguramente se iniciaría un proceso jurídico ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José Costa Rica”.

Más allá de poder llegar a un fujimorazo como se ha comentado, asevera que lo más conveniente es no tomar medidas de fuerza anulando otro poder, pues tenemos una vitrina internacional que está expectante de lo que sucede en México, “si hay una medida que no es la adecuada, tendrían que descalificar al gobierno mexicano, lo que le traería consecuencias inmediatas como extrañamientos y condenas que nos afectarían económicamente”.

“Justamente es lo que ha pasado con Venezuela o Cuba, que han sido aislados, por lo que esperemos que el presidente López Obrador sea más responsable que los presidentes de esos países, pues no querrá administrar un gobierno en crisis. Un gobierno al que se notifiquen que han disminuido sus relaciones diplomáticas y por lo tanto sus relaciones comerciales”.

Tribunal Constitucional

De acuerdo con el especialista en derecho constitucional, la propuesta de crear un Tribunal Constitucional no solo es del presidente López Obrador, sino desde 1994 se viene discutiendo el tema en nuestro país, “aunque la Suprema Corte diga que es un tribunal, no lo es, pues México no cuenta con un sistema de revisión a priori, ni de reformas constitucionales, ni de tratados, leyes reglamentarias relevantes”.

Ahí es donde reside el problema de la Corte mexicana, dice, pues no tiene controles, ni existe ninguna otra instancia a la que se pueda recurrir en caso de que alguien no esté de acuerdo con alguna medida tomada por la Corte, “por eso López Obrador ha declarado que acatara la decisión pues sabe que la Corte es la última instancia, ni siquiera él tiene derecho a veto, ni a oponerse a la medida”.

Rodríguez Garduño destaca que la idea de contar con un Tribunal Constitucional no debe espantar, ni tomarse como una forma de controlar a la Corte, sino como una herramienta para privilegiar la solidez de las instituciones mexicanas, el cual le de la razón al presidente o la misma Corte cuando así lo tenga que hacer y no se deje instar por ninguno de los poderes.

“Si tuviéramos un órgano que revisara antes una reforma constitucional, no tanto en la discusión política, sino en su armonía con la Constitución, como tienen muchos países, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Eso no lo tenemos en el sistema y sí lo requerimos”.

Advierte que si no se garantiza una debida autonomía e independencia, más que una solución se convertiría en un problema, pues podría quedar en manos de algún poder, en especial del presidente.

Por eso —considera—es muy importante ver quiénes serán sus integrantes para que no se repita una propuesta como la que hoy estamos viendo que el presidente envió al Senado para suplir la vacante que dejó el ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte, en la que podemos ver dos militantes de Morena.

“Esto nos hace darnos cuenta de que estamos viviendo nuevos tiempos, pero también de riesgo porque el Poder Judicial no puede estar permeado abiertamente de militantes de un partido, y menos de uno que se encuentra en el poder. Nuevos tiempos en los que el presidente López Obrador cancela su asistencia a la comida con los ministros de la Suprema Corte y solo acude al informe del ministro Luis María Aguilar en lo que se podría leer como una señal de su inconformidad”.