Quizá la disminución del periodo de desempeño de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República (01.12.2018 a 30.09.2024), a raíz de la reforma de 2014 que atendió la crítica al amplio periodo entre la jornada electoral y la renovación del Poder Ejecutivo, y la claridad del resultado electoral de los comicios del 2 de julio último, generaron la combinación del retiro anticipado de facto del expresidente Enrique Peña Nieto y el dinamismo de quien lo ha sucedido.

Podrá pensarse que si desde el inicio de la campaña electoral el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia” ya había anunciado las designaciones que haría sobre quiénes asumirían la titularidad de las dependencias federales, era imperativo que con la mayor celeridad iniciaran el desarrollo de tareas vinculadas a esas responsabilidades, aun antes de la declaratoria del presidente electo y el despliegue de las actividades de entrega-recepción de las oficinas públicas que encabezarían.

En los hechos, a lo largo del periodo de transición se han producido una serie de declaraciones, posicionamientos, actividades e, incluso, definiciones sobre los propósitos de la gestión de la administración federal que comenzó ayer. Vale reconocer que el repliegue en los medios del gobierno que concluyó y de su titular fue ampliamente aprovechado por López Obrador, que pasó de ser el candidato que dominaba la agenda mediática al presidente electo que imperaba en la atención de los comunicadores y de los espacios informativos y de análisis de nuestra realidad.

Cierto que el resultado electoral implicó no sólo un cambio en la fuerza política que está a cargo del gobierno, la administración y la mayoría en las Cámaras del Congreso, sino el arribo a la jefatura del Estado mexicano de un político que confrontó a los gobiernos emanados del PRI y del PAN en los ámbitos local tabasqueño y federal. La voluntad mayoritaria expresada en las urnas optó por la propuesta contraria a las principales formaciones partidarias de los primeros 18 años de esta centuria.

En un contexto de deterioro de la imagen de los partidos políticos tradicionales en nuestra sociedad, tres cuestiones habrían cristalizado el crecimiento de López Obrador en el período de las precampañas y la campaña electoral: i) el rechazo a la percepción de impunidad por hechos y conductas de corrupción durante las gestiones federales en turno y de diversos ejecutivos locales, si bien algunos sujetos a proceso; ii) la evaluación negativa de la estrategia de seguridad pública puesta en marcha en diciembre de 2012, y iii) la insatisfacción de la mayoría de quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo de la economía nacional, por el contraste entre las finanzas públicas sanas y ordenadas y la realidad de sus ingresos limitados y notoriamente insuficientes.

En las tres vertientes, sin dejar de considerar la propuesta de cambio, el motor común es el rechazo al statu quo. En la base de la invitación a la convicción por la transformación están el reproche, el enojo y el hartazgo en grados diversos a cada uno de esos tres campos de conocimiento y percepción de la realidad del país.

En tanto existe la posibilidad de colegir la síntesis del mandato emanado de las urnas, la apreciación de la preparación del inicio de la gestión corre a lo largo de esas líneas. En un buen sentido, se contrastan la oferta de la campaña, la expectativa del ciudadano, la propuesta para dar cauce a los compromisos y las bases para su ejecución. Por razones de naturaleza humana, frente al resultado electoral y su traducción en decisiones, acciones y programas de gobierno, la síntesis esperada es la certidumbre. Incluir, percibir y, tal vez, deducir, a partir de esas expresiones públicas del ahora presidente de la república, cuál es el rumbo y cuál es el ritmo.

Por otro lado, sin que exista duda de la claridad del resultado, ello no puede asumirse sin la expresión de pluralidad que conlleva: 47 por ciento de los electores discreparon —en diferentes formaciones— de la propuesta que obtuvo la mayoría. Eso no cesa con la distorsión producida por el modelo electoral para consolidar una mayoría en las Cámaras que no es reflejo de la proporción del voto recibido; el cual, además, obedeció a la candidatura presidencial del fundador de Morena. Y también en la porción de quienes piensan distinto a la propuesta del nuevo gobierno está presente la apreciación de sus propias capacidades y la evaluación cotidiana de ese rumbo y de ese ritmo.

Partidarios, opositores y, sobre todo, la gran mayoría de ciudadanos que cumplen con su deber cívico y concurren a sufragar para constituir gobierno y continuar con sus actividades en el escenario de que han otorgado mandato y responsabilidades, trazan su apreciación y sus valoraciones —al menos iniciales— sobre la gestión que ayer comenzó, con base en la noción de la certidumbre. Se participó, se votó, se dio el resultado y, por tanto, debe haber una actuación consecuente.

Sin embargo, en el acelerado activismo que precedió a la protesta constitucional del presidente López Obrador parecen apreciarse múltiples actuaciones y posiciones que han promovido la incertidumbre; a veces para los partidarios, otras para quienes deducen que el mandato no abarca ciertos contenidos del pacto social y otras más para quienes no están inmersos en la generalidad de los asuntos públicos.

Incertidumbre emanada de posiciones sobre el NAIM, una consulta a modo y una decisión que afectará el desarrollo del país al limitar el crecimiento de la aviación y desincentivar la inversión nacional y extranjera.

Incertidumbre emanada de posiciones sobre el combate a la impunidad sobre hechos de corrupción, unas declaraciones contradictorias que se rectifican y confunden y la duda sobre la voluntad y la capacidad para que rindan cuentas y respondan quienes se hayan enriquecido ilícitamente en virtud de sus cargos públicos.

Incertidumbre emanada de posiciones sobre la estrategia para recuperar niveles adecuados de seguridad pública y lograr la efectividad deseada contra la amenaza de los carteles de las drogas y la multiplicidad de delitos que cometen y prohijan, el ofrecimiento del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de esas tareas y la propuesta de la Guardia Nacional como un nuevo cuerpo armado de naturaleza y características castrenses.

Incertidumbre emanada de la contradicción entre lo que se dijo, el apoyo o resistencia que obtuvo el planteamiento y la rectificación de la voluntad única en el gobierno. Hay mandato en la pluralidad, pero no construcción de acuerdos y, aunque parezca paradójico, se arranca en la incertidumbre creada en campo propio.