Ante la caída de 4.17 por ciento de la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 26 de noviembre, los dirigentes de las organizaciones de empresarios, así como muchos conductores de radio y televisión, se apresuraron a culpar al nuevo gobierno, e incluso a demandarle prudencia y a no “dilapidar la confianza”. Sin embargo, nadie pudo mencionar alguna declaración o propuesta de iniciativa de ley que hubiera funcionado como detonante de la caída.

Lo único que sucedió ese día fue el informe de los resultados de la consulta, favorables a los 10 programas prioritarios del gobierno de López Obrador, pero tal anuncio no tiene por qué provocar la desbandada, puesto que se trata de programas sociales conocidos de antemano, y de dos proyectos económicos como el tren maya y el corredor del istmo que obviamente resultan atractivos para los empresarios.

En este caso, resulta difícil atribuir la causa de la caída a los proyectos o declaraciones del nuevo gobierno; sin embargo, las declaraciones de empresarios y las opiniones de los medios sí dan cuenta de otro fenómeno político que seguramente habremos de presenciar con cierta frecuencia en el sexenio que se inicia, y es la presión sobre el gobierno de empresarios y sectores de la derecha para que no se alteren las condiciones económicas del país que les han garantizado enormes ganancias a costa de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las clases trabajadoras.

Aquí hay que mencionar que los movimientos en la Bolsa son un arma de dos filos, pues si bien constituyen una presión muy fuerte sobre el gobierno en funciones, también afectan, en primer lugar, a los propios empresarios que tienen colocados capitales en la Bolsa.

Por otra parte, es útil recordar que si bien las Bolsas se caracterizan por ser extremadamente sensibles a los acontecimientos políticos que suceden en el mundo, tampoco puede afirmarse que todos los movimientos de capital obedecen a las coyunturas políticas.

Basta señalar que también la semana pasada se publicó, a partir de un informe del Banco de México, una cifra que parece realmente escandalosa: en el sexenio de Peña Nieto, específicamente entre el último trimestre de 2012 y septiembre de 2018, los (empresarios) mexicanos transfirieron al exterior 99 mil 961.8 millones de dólares. Se trata de lo que se llama una fuga de capitales sin precedente en el país. Obviamente, esa salida de recursos no puede atribuirse a una acción o una declaración del gobierno de Peña Nieto, pues las relaciones con el sector empresarial siempre fueron de protección y armonía. Lo que sucede es simple y llanamente la búsqueda de la ganancia, que es la que rige en el capitalismo.

Afortunadamente, y como contraste, las remesas que enviaron los trabajadores mexicanos que laboran en el exterior superaron a la fuga de capitales, pues sumaron, en el mismo periodo, 157 mil 863 millones de dólares.

La constante salida de capitales y la posibilidad, siempre latente, de que haya una fuga repentina, impulsada por el pánico, es la causa principal de que se tengan que tener un altísimo monto de reservas, (alrededor de 170 mil millones de dólares) prácticamente congeladas, a fin de responder a una eventualidad de este tipo.