A diferencia de otros años, el análisis del presupuesto de egresos del gobierno federal no puede basarse en la comparación con el año anterior, a fin de observar cuáles áreas sufren recortes y cuáles aumentos en su disposición de recursos, por la sencilla razón de que ahora se asignan recursos extraordinarios a los llamados proyectos prioritarios, como las pensiones a adultos mayores al que se asignan 100 mil millones de pesos, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, al que se destinan 44 mil 300 millones, el de becas para estudiantes con 17 mil millones, el de construcción de 100 universidades, con mil millones, el del Tren Maya, con 6 mil millones, o los proyectos aeroportuarios que recibirán 18 mil millones.

Por otro lado, hay que considerar que, precisamente a través del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, se hace efectiva la disposición del artículo 127 de la Constitución (que por cierto hay que destacar que la reforma se realizó en 2009, es decir, en el sexenio de Calderón) que establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la república, que en este caso se fija, en el propio presupuesto, en 108,656 pesos al mes. Esto significa que todas las dependencias gubernamentales tendrán un menor gasto que en años anteriores en el rubro de remuneraciones a altos funcionarios.

Lo que se observa en el presupuesto de 2019 es que está en curso una reestructuración del Estado mexicano. No se trata de un adelgazamiento o engrosamiento del Estado, sino de un cambio en la estructura interna, del cual apenas se visualizan algunas características, como la descentralización de algunas secretarías, o como el principio de austeridad aplicado principalmente a los altos funcionarios. Sobre la tan anunciada erradicación de la corrupción, que es sin duda el mayor mal del Estado, todavía no puede emitirse un juicio, pues habrá que ver lo que ocurre en los próximos años.

Hay, sin embargo, algunos aspectos que, a riesgo de equivocarse, pueden analizarse a la vieja usanza. Me refiero a los recortes y los aumentos. El mayor recorte es a la Secretaría de Educación, que disminuyó en un 27.2 por ciento, del que se excluyó, afortunadamente, a las universidades, pues, como se sabe, se consideró un error y, por lo menos, se restituyeron los recursos a la UNAM, la UAM y el IPN. Las otras secretarías con grandes recortes son Comunicaciones y Transportes, con 24.2 por ciento y Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 20.6 por ciento. Aquí no se sabe si se consideró una reestructuración a través de los proyectos prioritarios, que se expresaría en el recorte a las secretarías.

De los ramos autónomos, destacan la reducción de mil 700 millones al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral, por 900 millones. Hay que mencionar que, para no aplicar retroactivamente la ley, cuatro ministros seguirán ganando 347 mil mensuales, y otros 7 ganarán 254 mil mensuales, mientras los que sean electos a partir de 2019 sí se someterán al tope actual del salario presidencial.

Parecen, en cambio, muy acertados los aumentos extraordinarios a la Secretaría de Energía, cuyo presupuesto aumentó 961 por ciento y a la de Trabajo y Previsión Social en un 932 por ciento.

El presupuesto, en general, es expresión de un manejo distinto de los recursos públicos, en el que si bien se mantiene la estructura tradicional, se da una mayor atención al gasto social y se establecen 18 proyectos prioritarios a los que se dedican en total 252 mil millones de pesos.