Acapulco, Gro.- Las confrontaciones entre grupos de civiles armados en Guerrero se extienden constituyendo un polvorín que podría detonar durante el periodo vacacional.
Estos choques armados en la Sierra de Petatlán se suman a la confrontación que mantienen grupos de civiles que se hacen llamar autodefensas en la región de la Tierra Caliente, donde también se han documentado muertes violentas en los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, así como cientos de desplazados.
Desde hace más de un mes 450 escuelas de Filo de Caballos están cerradas y miles de familias han sido desplazadas de sus comunidades y permanecen refugiadas en Chichihualco.
Las autoridades estatales caen en contradicciones. Primero señalaron que el problema se resolvería mediante el dialogo y en otro momento se afirmó que estos grupos son brazos armados de grupos delincuenciales.
Los datos confirman que la sierra de Guerrero está siendo objeto de una disputa entre La Familia y Los Viagras, quienes se enfrentan a integrantes de Guardia Guerrerense, para mantener ese corredor de trasiego de amapola y marihuana que ha cobrado la vida en los últimos días de seis personas en un enfrentamiento.
Las víctimas pertenecían al nuevo grupo de autodefensa denominado Policía Ciudadana de la Costa Grande, quienes al momento de ingresar en el poblado El Camalotito, la tarde del 9 de diciembre, fueron agredidos a tiros por habitantes de la comunidad.
Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 12 integrantes del nuevo grupo de autodefensa, a quienes acusaron de estar vinculados con el narcotráfico. A raíz de esa detención, el grupo encabezado por Crescencio, el Chano, Arreola; Tobías, el Nalga, Maldonado, y Felipe, el Z, Torres Cruz, bloqueó la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
La demanda de los policías ciudadanos fue la inmediata liberación de sus compañeros, bloquearon vialidades y se acordó la instalación de una mesa de negociación.
Desde noviembre, grupos de cinco municipios de las zonas limítrofes de las regiones Costa Grande y Tierra Caliente comenzaron a formar a la policía comunitaria adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y que se manifestaron el 3 de diciembre, para días después tomar las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán, donde desarmaron y sometieron a 46 policías preventivos municipales, acusándolos de presuntos nexos con un grupo de la delincuencia organizada.
El 11 de diciembre, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que ya se trabaja a través del diálogo para solucionar el conflicto en Petatlán y subrayó que “tampoco nos vamos a ir a enfrentar nosotros con un grupo que se arma y que hace lo que hizo”, pues de ese modo se puede agravar más el problema. Advirtió que los grupos de civiles armados no pueden hacerse responsables de la seguridad pública.
El 13 de diciembre, se presentó la Alianza de Autodefensa Ciudadana con un retén informativo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, municipio de Tecpan y declaró que no permitirá la entrada de la nueva policía de la UPOEG que tomó Petatlán. Vecinos del municipio dijeron que es responsabilidad del gobierno brindar seguridad pública a los ciudadanos, pero “ha sido rebasado en sus funciones por las acciones de grupos delictivos que alteran la paz y armonía de la sociedad”.
El 16 de diciembre, habitantes de Tecpan de Galeana y Petatlán y miembros de diferentes sectores productivos de cuatro municipios de la Costa Grande, pidieron a los tres niveles de gobierno el desarme y que retire a los grupos de autodefensa o policías comunitarios que operan en esa región.
Javier Rojas Benito, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sostuvo a su vez que líderes políticos y de “autodefensa” están “distorsionando” la reforma al artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero en los pueblos originarios, la cual constituye el marco normativo de las policías comunitarias, por lo que consideró conveniente la difusión del cuerpo de ley.
