Estamos viviendo momentos interesantes para la configuración del poder en nuestro país. Por un lado, en el Congreso de la Unión, ha quedado claro que el poder de la mayoría no basta. No solo por no ser suficiente, en tanto un gran cúmulo de los cambios que este gobierno busca impulsar conllevan reformas constitucionales, y eso impone el requisito de una mayoría calificada, sino también porque existe en nuestro país una sociedad civil consolidada y fuerte que no solo se queda observante sino que interviene en los procesos de discusión activamente. Sirva de ejemplo el procedimiento para la reforma que busca llevar a rango constitucional la Guardia Nacional, en cuyo caso, si bien la Cámara de Diputados buscó una aprobación acelerada, la presión fue tan fuerte que no pudo aprobarse y la Junta de Coordinación Política determinó solicitar a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario a partir del 16 de enero para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente. Sin embargo, en esta ocasión gracias a esas voces que se alzaron oportunamente en protesta, se anunció que algunos días antes de esa fecha se convocaría a un proceso de audiencias, en el que serían llamados gobernadores, presidentes municipales, autoridades federales, académicos y especialistas.

En ese contexto, parece una extraordinaria y favorable coincidencia que un día antes, el 20 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicara dos sentencias en las que condenó al Estado mexicano por diversas violaciones a derechos humanos, en hechos en los que estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad de nuestro país. En el primero, se determinó que México es responsable por actos de tortura sexual en contra de 11 mujeres en Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Adicionalmente, en ese mismo día, se publicó la sentencia del Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, en el que el Tribunal Interamericano encontró al Estado mexicano internacionalmente responsable por diversas violaciones a derechos fundamentales, lo que comprendió actos de desaparición forzada, en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, que se caracterizó, como un elemento predominante en los últimos años, por involucrar a las fuerzas armadas en labores de seguridad.

Es así que considero que estamos observando un esperanzador indicio de que en ocasiones ni aun una gran mayoría basta. Ya había pasado hace unas semanas con la reforma que buscó modificar el llamado “fuero presidencial” en la que la minoría, precisamente en Diputados, evitó que se lograra la mayoría calificada para su aprobación. Además, en cuanto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no debe pasar inadvertido el último dictamen de reforma que fue aprobado, en el que pareciera que los propios diputados buscan corregir un sinnúmero de irregularidades que fueron incorporadas en ese cuerpo normativo.

Por otra parte, en la Cámara de Senadores van dos ocasiones en las que los legisladores de la minoría ejercen su derecho a acudir a la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes expedidas por el pleno mayoritariamente del partido Morena. Una en contra de la Ley Federal de Remuneraciones ya comentada, y dos más en contra de los decretos por los que se aprobaron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; uno de ellos que incorporó la figura de las comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos, el otro que incorporó la instancia de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que darían nacimiento a los llamados “superdelegados”. Tan relevante es este tema que las Comisiones referidas son el instrumento jurídico que el gobierno lopezobradorista ha implementado para iniciar el proceso de investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En tanto, los “superdelegados” han puesto en vilo a los gobernadores y alcaldes por amenazar su autoridad, su ámbito de atribuciones, pero sobre todo su legitimidad y capital político en el ámbito local y municipal.

De esta manera, estas luchas de poder llegan a la arena judicial, en la que la Suprema Corte es la protagonista. Fue muy sonado y ampliamente conocido el hecho de que el ministro instructor al admitir una de estas acciones de inconstitucionalidad, promovida por la minoría en el Senado, innovó y concedió una suspensión que tendría por objeto que la Ley Federal de Remuneraciones no pudiera ser aplicada para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre este respecto, debo decirlo, me parece absurdo que un grupo de diputados de Morena hayan presentado una denuncia de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, en tanto, lejos de fortalecer el sistema de división de poderes, parecen actuar de manera vindicativa y demuestran ignorancia de aquella regla fundamental en todo orden democrático según la cual ningún juez puede ser interpelado por el sentido de sus decisiones en ejercicio de su jurisdicción.

Por lo que hace al Paquete Económico 2019 estimo que, si bien es esclarecedor sobre la forma en que se decantará el siguiente gobierno y provee de certeza, existen temas de gran preocupación, principalmente por el reacomodo de los recursos públicos en claro beneficio del uso clientelar que esta administración pueda hacer de los mismos. Por supuesto que, a diferencia de otros casos que aquí he comentado, en este supuesto, al necesitar solo una mayoría de la mitad más uno de los presentes, el partido del presidente lo aprobó con sus aliados aun ante la ausencia de una oposición que, al no ser escuchada, abandonó la sesión. Por ahora, no queda más que decir a aquellas autoridades que estén inconformes con su contenido, que deben, sin lugar a duda, controvertirlo ante la Suprema Corte.

En todas estas disputas, cierro el año reflexionando una vez más sobre la importancia de entender la autonomía, de todos los poderes e instancias públicas en su esfera de competencias, en un verdadero sistema democrático. Porque gobiernos van y vienen pero, en todo esto, lo que nos queda como ciudadanos es consolidar el Estado de derecho en nuestro país, para que ante todo embate mayoritario, de la postura que sea, existan los controles necesarios para proteger a quienes se han visto históricamente menos favorecidos.

De esta forma cerramos el año, gracias a todos quienes han dedicado su atención a este espacio, y felices fiestas.