En la búsqueda y postulación de una nueva narrativa para la gestión pública y un contexto de desgaste nacional de los partidos políticos, Andrés Manuel López Obrador acuñó como el concepto síntesis de su gestión la propuesta de la cuarta transformación, vinculándose con las gestas históricas de la Independencia, la Reforma y la Revolución. En síntesis, la propuesta cambió inspirada y guiada en los tres principales episodios que dieron cauce a la conformación de la nación. Entre esos movimientos y el momento presente aparece un contraste fundamental: la diferencia entre el statu quo y el cambio se resolvió por el uso de la fuerza y la violencia.

Ahora la postulación de la transformación se sustenta en la realización de comicios democráticos en un escenario de competencia en la pluralidad política. El choque fue de ideas y propuestas en el cauce de la ley. Hubo elementos críticos para la comparación y la distinción de los electores; hubo planteamientos disímbolos en la concepción y propósito en el mundo de las ideas, y hubo rechazo a la forma de actuar en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Sin embargo, el piso compartido fue la expresión de la diversidad del pueblo a través del sufragio.

El resultado arrojó un mandato claro para el Ejecutivo y la conformación de una mayoría afín en las Cámaras del Congreso, matizándose, en la mecánica de la separación de poderes como expresión orgánica para que los derechos de las personas se garanticen por el poder controlando el poder, el efecto de los contrapesos para prevenir y evitar las pulsiones autoritarias.

En un escenario de Ejecutivo federal con mayoría propia en el Congreso, el contrapeso fundamental del arreglo constitucional son el Poder Judicial con procedimientos jurisdiccionales, y las minorías en las Cámaras, tanto para disentir, como para articular su representación como tal y propiciar el control de la mayoría.

Hoy nuestra democracia y su pluralidad tienen como garante a la ley y a los tribunales de la federación. Esos objetivos inspiraron e informan los medios para que la Corte determine si lo actuado —por el Ejecutivo o por el Legislativo— es conforme a la norma suprema y para que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva en última instancia la validez de los comicios.

En estos primeros días del nuevo Ejecutivo, dos asuntos sujetos a la determinación del Poder Judicial han movido a la pretensión hegemónica hacia el discurso de la descalificación y la confrontación. Uno resuelto y otro por estudiarse: la confirmación del resultado en los comicios para renovar al Ejecutivo local de Puebla, y la sujeción a la Constitución de la Ley Federa de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ambos han merecido la ruta del enfrentamiento.

Por un lado, el reproche a quienes no votaron por la anulación de las elecciones poblanas, con amago legislativo previo de revisar el periodo de desempeño de 4 de los magistrados de la Sala Superior y, por el otro la tentación —por una lectura inadecuada o perversa— del desacato a la suspensión de los efectos de la ley en la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y la renovación de la Corte para elegir popularmente a sus integrantes mediante reforma constitucional.

Vienen a la mente los ecos de los discursos de López Obrador del 1 del actual, después de colocarse la banda presidencial: la protesta constitucional alterada al gusto para que la cualidad de electo se acompañara del calificativo “democráticamente” y la ausencia de los vocativos al presidente de la Corte, como representante del Poder Judicial de la Federación; y la invocación al pueblo para que lo arrope frente a quienes se opongan al cambio, entreverado con la confesión de que sus propuestas se concretarían en determinaciones difíciles de modificar por futuras gestiones que no fueran coincidentes.

La forma es fondo, señalaría don Jesús Reyes Heroles. Solo uno legítimo, ausencia de cortesía política, transmutación de Ejecutivo de todos a justiciero en confrontación y estratega de batallas futuras.

¿Es la postulación de la cuarta transformación una concepción de cambio en la pluralidad o de confrontación para la sumisión a una mayoría electoral con pretensiones de hegemonía política? El resultado electoral es nítido: mayoría en la pluralidad. La propuesta es contradictoria: la mayoría representa al pueblo y quien no coincida está en contra del pueblo. En sí, pretender sustraer la base social —también legítima y popular— de quien piense distinto y disienta de la mayoría.

En las Cámaras, la votación mecánica de la mayoría sin atender razones, como evidencian los debates sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la reformas a la Ley Orgánica de la Organización Pública Federal, o la grotesca sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la impugnada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En el sistema de partidos, el planteamiento de disminuir las capacidades mediante la reducción del financiamiento público sin considerar la apertura de las fuentes de financiamiento privado y la construcción de lealtades con base en el establecimiento de subsidios para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Y el ataque abierto ante el contrapeso orgánico del control de los actos de gobierno a la norma constitucional. Imaginemos qué habría pasado si la suspensión de los efectos del ordenamiento sobre remuneraciones no se hubiere dispuesto; si muchos servidores públicos del Poder Judicial no hubieren recurrido al juicio de amparo frente a la aplicación de esa ley, o si las actitudes de quienes conforman el Poder Judicial no fueran de lealtad a la ley fundamental y manifestaran —sin considerar aquella— su convergencia con el Ejecutivo y su mayoría en las Cámaras. Un solo supuesto: serían jueces buenos, sensibles a la voluntad popular encarnada en el titular del mandato ejecutivo, quien declara ser patrimonio del pueblo.

En un sistema democrático son esenciales la pluralidad y las libertades para expresar y proponer disensos. En el nuestro, su garantía última —y de los demás derechos frente al poder— está en el Poder Judicial. Este requiere, indispensablemente, de independencia frente a los otros poderes públicos y los poderes fácticos para cumplir la función cimera de asegurar el imperio del orden constitucional.

La confrontación del movimiento del Ejecutivo con el Poder Judicial se ha catalizado por la cuestión de las remuneraciones. Aunque no reconocerán que la ley aprobada carece de referentes objetivos para determinar cómo se establece la remuneración adecuada y proporcional a la responsabilidad presidencial, y sin ello es arbitrario señalar un monto que es el punto de partida para el sistema de ingresos en el servicio público, el fondo de la confrontación no es ese, sino la concentración del poder en el nuevo Ejecutivo. Se busca someter —por las buenas o por las malas— para imperar. Se advierte un gobierno en clave de Yo.