Entrevista a Héctor Villareal Páez/Director general CIEP

 

En un intento más de cumplir sus promesas de campaña, finalmente y pese a las advertencias de analistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, a través del cual se reduce a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dicha zona del país a partir del 1 de enero.

Sin embargo, diversas dudas acerca de su aplicación han quedado en el aire, pues se desconocen al 100 por ciento las reglas para su operación. La Cámara Nacional de Comercio señaló que pese a que el plazo para registrarse para acceder al estímulo fiscal vence el 31 de marzo, no existe claridad en cómo se debe presentar el aviso y de qué manera se expide la autorización, además de que al ser un crédito fiscal existen dudas de cuánto tiempo tardará el estímulo en aplicarse y cuánto va a descapitalizar a las empresas.

Para Héctor Villareal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) el decreto que promulga la zona libre en la frontera norte es más un programa de corte político que realmente un rediseño económico para el país, al cual al final le tuvieron que poner ciertos candados para evitar daños mayores.

“No es diseño que haya sido bien aceptado en general, ni siquiera dentro del equipo económico del presidente; pero fue una cuestión del presidente, por lo que tuvo que salir esta versión para prevenir los huecos que se pudieran generar. En resumen, es una mala medida que trataron de controlar con algunos candados”.

Recuerda que cuando se anunció la medida, el CIEP fue muy crítico pues se sabía que en el país existe una recaudación muy baja, lo que genera muchos problemas, por lo que el hecho de hacer una diferenciación geográfica crearía un boquete fiscal, que además daría pie a que se generara evasión y elusión fiscal, que significa que la gente deja de pagar impuestos ilegal o, incluso, legalmente.

Sin embargo, asevera que el decreto presentado por el gobierno federal en realidad no es una baja de IVA y de ISR como al principio se había planteado, simplemente es un decreto de estímulos fiscales que contiene algunas reglas a fin de prevenir algunos agujeros, el cual es muy probable que a mediados del sexenio, cuando se intente una reforma fiscal profunda en el país, desaparezca.

 

Los candados

Entre los candados que se establecieron, Villareal Páez destaca el que existe en torno al tema de las importaciones, que era uno de los que más preocupaciones generaba, pues significa pérdidas importantes sobre todo porque las aduanas se encuentran en la frontera, pero que finalmente no fue incluido en el decreto de la baja del IVA, al igual que los intangibles que también representaban problemas.

“Vamos a suponer que hay una empresa muy grande que tiene que comprar su software para todas sus sucursales en todo el país, por lo que se va a comprarlo a la frontera norte para pagar un IVA más bajo, con las reglas de este decreto no lo podrá hacer pues los intangibles, como es el software, también quedaron fuera”.

Indica que otro punto importante es que, para cualquier tipo de devolución, las empresas deberán estar incluidas en un padrón, así que las que no realicen declaraciones fiscales no podrán acceder a estos estímulos, “en caso de querer establecerse en la región, cualquier empresa deberá de cumplir con una serie de condiciones, la más relevante es que deberá contar con por lo menos 18 meses de haber sido establecidas en la zona”.

El especialista en finanzas públicas destaca que, pese a que con el decreto se lograron disminuir algunos de los efectos negativos, en realidad tampoco se podrán observar grandes efectos positivos, por lo que se puede decir que aún con estos cambios la medida sigue siendo mala.

 

Héctor Villareal Páez, Director general CIEP

Héctor Villareal Páez, Director general CIEP

No es una miscelánea fiscal, solo decreto

Villareal Páez expone que a diferencia de lo que se esperaba, lo que presentó el gobierno federal no es una miscelánea fiscal en la que se hacen cambios a la ley, sino simplemente un decreto que únicamente tiene una duración de dos años, por lo que en caso de que se empiece a perder más de lo que se esperaba en recaudación o que los despachos encuentren huecos en el sistema y logren triangular operaciones, lo pueden quitar”.

“Lo interesante va a ser observar si realmente aumenta la actividad económica en la frontera. Nosotros como centro de investigaciones vamos a estar monitoreando todos los datos que se publiquen en cuanto a recaudación; sin embargo, desde ahora creemos que aunque se van a observar algunos efectos económicos de mayor dinamismo, el efecto positivo será muy pequeño”.

Lo mismo —afirma— pasará con el impacto real en la recaudación general del país, en donde en lugar de ser los más de 80 mil millones de pesos que habían calculado en un principio en el CIEP, ahora se habla de que solo serán 40 mil millones de pesos, “las cifras que traíamos cambiaron pues se habían incluido tanto las importaciones como los intangibles, así como ciertos efectos de evasión, pero ahora con todos estos candados que se agregaron el hoyo puede ser menor, aunque es indudable que en términos de recaudación se va a perder”.

El especialista en temas fiscales considera que en general este tipo de excepciones son malas para cualquier sistema fiscal, aunque asegura que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) va tener una enorme responsabilidad sobre sus hombros, pues deberá verificar que realmente funcionen estos candados, y eso es algo que solo se podrá constatar con el tiempo.

 

Al ser un crédito fiscal existen dudas de cuánto tiempo tardará el estímulo en aplicarse y cuánto va a descapitalizar a las empresas.

 

Malas justificaciones

Villareal Páez indica que pese a que el gobierno buscó justificar la medida diciendo que se quería aumentar la actividad económica y homologar los impuestos con los de Estados Unidos, esto no hace que en realidad se trate de una buena medida.

Explica que, por un lado, al hacer un análisis de lo que será el costo- beneficio, finalmente este resulta siendo negativo o muy pequeño; y por el otro lado, el argumento de la homologación tampoco es cierto, pues los impuestos de ambos países no son iguales.

En torno al ISR, afirma que pese a que con la reforma de Donald Trump se bajaron todos los impuestos, no se toma en cuenta que hay una diferencia entre tasas nominales y tasas efectivas, y que finalmente las tasas efectivas del lado mexicano siguen siendo bajas, por lo que tampoco por esta parte se puede decir que es una buena medida.