La construcción del nuevo proyecto de nación que propuso edificar el flamante gobierno de Andrés Manuel López Obrador/Morena de 2018 a 2024 abarcó diversas piezas estructurales para su conformación histórica; pero un elemento fundamental fue la política de reducir en 50 por ciento el gasto de la publicidad del gobierno que fue expuesto en los lineamientos básicos al iniciar su gestión de gobierno. Dicha transformación comunicativa aportará diversas ganancias muy positivas para la sociedad mexicana, como el ahorro de recursos financieros, menor subordinación de los medios al Estado, fomento de la pluralidad mediática, la práctica de la transparencia, disminución de la corrupción comunicativa, mayor democracia informativa, ejercicio de la rendición de cuentas, menos discrecionalidad difusiva, menguamiento del silenciamiento colectivo, etcétera.

Sin embargo, además de alcanzar los beneficios anteriores, dicha reorganización comunicativa nacional de naturaleza vertical también producirá fuertes consecuencias directas sobre las empresas de comunicación que tienen basado el financiamiento de su modelo de negocios en los ingresos que provienen de la publicidad gubernamental. En este sentido, esta iniciativa producirá una revolución en los procesos convencionales de producción de los flujos de información masiva en el país.

De aquí la importancia medular de analizar, entre otras, las siguientes siete repercusiones estructurales que dicha política generará sobre el ecosistema de medios de comunicación colectivos en México:

1.- Considerando que los 80,000 mil millones de pesos que se invirtieron anualmente en publicidad privada en el gobierno anterior y otros más, sin contar los 60,000 anuales que se destinaron de la publicidad gubernamental, fueron insuficientes para fondear con gran ímpetu a todos los medios de comunicación colectivos existentes en el país; la nueva reducción de 50 por ciento del gasto propagandístico del Estado provocará una fuerte presión económica sobre el funcionamiento de los canales de difusión masivos. Esto creará una seria crisis financiera de sobrevivencia de la tradicional estructura mediática de la república que cimentó su operación sobre el modelo empresarial de depender de la recepción de publicidad oficial.

2.- El gobierno no está obligado a financiar a los medios de comunicación privados comerciales, pero debido a la inercia histórica que se ha seguido en los últimos 100 años de sí apoyarlos, esta nueva modificación limitativa generará una reorganización darwinista de la infraestructura de información y comunicación masiva donde solo sobrevivirán los medios más fuertes y los más frágiles desaparecerán, o tendrán que aglutinarse en nuevos modelos de negocios, o migrar al ámbito del Internet de bajo costo.

3.- La reducción de la publicidad del gobierno federal a la mitad desatará una mayor competencia por obtener el presupuesto estatal canalizado hacia esta actividad y obligará a una rápida búsqueda de nuevos modelos de negocio. Así, los medios deberán pelear con mayor agresividad cada peso del financiamiento ofreciendo mayores incentivos y estímulos a consumidores y anunciantes.

4.- La enorme presión económica existente sobre el sistema de medios de comunicación, especialmente comerciales, para recibir flujos constantes de dinero del Estado que les permitan sobrevivir; podrá disparará una mayor presión del poder mediático tradicional para golpear en la esfera de la opinión pública la imagen del nuevo gobierno, hasta que entregue apoyos monetarios a estos consorcios. Así, se podrían reinstalar las condiciones para que opere la vieja dinámica perversa del control de los medios que formula: “te pago para que no me pegues y manejes una buena imagen de mi gobierno durante todo el sexenio”.

5.- Dicho panorama afectará relevantemente el proceso de formación de la opinión publica colectiva pues se erosionará la existencia plural de múltiples empresas que generan la información colectiva y, por consiguiente, las versiones cotidianas de la representación e interpretación de la realidad quedarán cada vez más dependientes de las empresas sobrevivientes más fuertes. Ello anuncia el advenimiento de un próximo sismo en la dinámica de creación de la opinión pública nacional, pues se reducirá el universo de alternativas plurales para estar mejor informados a través de la estructura de los medios abiertos tradicionales.

6.- Dentro de esta reorganización estructural del reparto publicitario es fundamental cuestionar hasta dónde el otorgamiento de 50 por ciento de la propaganda gubernamental restante que proporcionará el Estado también considerará el apoyo a las empresas de comunicadores críticos que han sido calificadas como “medios fifís”, “periodistas canallas”, representantes mediáticos de la “mafia del poder”, “prensa volada”, “informadores reaccionarios”, “canales conservadores” como el periódico Reforma, el periódico El Universal, la revista Proceso, algunos noticiarios de la empresa Televisa como “Despierta” con Loret de Mola, o comentaristas independientes en las redes sociales; o solo se considerará financiar a los medios alineados al nuevo gobierno para no tener conflictos contestatarios en la esfera de la opinión pública.

7.- Para encarar esta crisis del modelo de negocios de las empresas de comunicación, los medios estarán obligados a buscar nuevas fuentes de financiamiento que podrán provenir, entre otras, de las siguientes tres alternativas:

Por una parte, tendrán que producir nuevos contenidos y servicios con más calidad informativa que sean capaces de competir con mayor ferocidad frente a otros mensajes para conquistar a los auditorios, en un mercado dominado por los monopolios tradicionales de la radiodifusión abierta y restringida y en las plataformas digitales.

Por otra parte, ante la necesidad de crear mensajes de mayor excelencia comunicativa, también se dará la producción saturante de bajos contendidos como infomerciales, “noticias virales”, contenidos soft, o infoentretenimiento que cautiven a las audiencias, descuidando los mensajes valiosos y de calidad para nuestras comunidades que ayuden a entender y transformar la realidad. Con ello, se acentuará la degradación de la esfera comunicativa y cultural de la republica al contar con mayores volúmenes de información parasitaria, reforzando el prototipo de la “comunicación salvaje” y el reinado de la “cultura idiota”.

Finalmente, por otra parte, bajo la consigna de ejercer el ahorro para subsistir, se adoptará la estrategia macartista de liquidar a periodistas, comunicólogos, productores, escritores, fotógrafos, creativos y otro personal especializado que han trabajado en los medios comerciales privados y gubernamentales, en algunos casos durante décadas, para recortar sus gastos. Dichos despidos crearán un importante desempleo de sectores altamente profesionales en el quehacer comunicativo que ocasionarán repercusiones sobre otras fases de la cadena industrial de la producción comunicativa y sobre los campos profesionales, pero especialmente sobre miles de familias de clase media que encontraron en el ámbito de la comunicación privada y gubernamental fuentes de trabajo relativamente estables y comparativamente bien pagadas, aunque no tuvieran acceso a las plazas definitivas.

Con el establecimiento de dicha política pública se presionará estructuralmente a que los canales de difusión comerciales y oficiales queden obligados a superar por sí mismos la eficiencia de su modelo de comunicación colectivo, lo que representa un avance muy relevante para la sociedad. No obstante, ante esta nueva mutación también es fundamental preguntar ¿hasta dónde este nuevo modelo de comunicación de AMLO/Morena creará auténticamente nuevas condiciones sistémicas para producir una atmósfera de mayor pluralidad, apertura y democracia informativa en el país o solo será un mecanismo para concentrar discrecionalmente más el sistema de difusión colectiva y neutralizar el periodismo contestatario y el pensamiento crítico en la nación?

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