Chilpancingo, Gro.- La violencia no solo deja cicatrices. También las remueve y reabre las heridas.
Un grupo de hombres armados asesinaron el 9 de enero a Rey David Cortés, ex coordinador de la Policía Ministerial acusado del asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2011, el 12 de diciembre de 2011.
En el ataque además resultaron heridos una trabajadora de la Fiscalía General del Estado y una empleada de un puesto de comida fueron heridos a balazos a unos cinco metros de la entrada a la sede de la dependencia, al sur de la capital. Cortés murió poco después del ataque, durante su traslado a un hospital, los responsables, que lograron huir.
Las primeras versiones de testigos señalan que hombres armados atacaron a personas que se encontraban almorzando en dichos puestos semifijos, de los cuales uno de ellos es propiedad de Cortés Flores.
El 31 de enero del 2012, Leoncio Molina, juez de Primera Instancia dictó auto de formal prisión en contra de Rey David Cortés e Ismael Matadamas Salinas, elementos de la Policía Ministerial, por haber disparado y ocasionado la muerte a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrida el 12 de diciembre de 2011.
Los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa responsabilizaron a Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, de reprimir violentamente la protesta pacífica de los jóvenes y provocar la muerte de dos manifestantes, por lo que exigieron su dimisión.
Cortés Flores y Matadama Salinas fueron detenidos el 25 de enero del 2012 como presuntos responsables materiales del asesinato de los dos estudiantes durante el desalojo. Ambos aparecieron en varias fotografías y videos disparando armas AR-15 en posición de tiro frente al bloque de manifestantes.
Fueron puestos en libertad el 23 de abril del 2013, presuntamente al no encontrar el juez de la causa elementos probatorios para incriminarlos en el asesinato de los estudiantes.
El 5 de julio de ese año, detenidos el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la agente del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, no como presuntos responsables del desalojo y doble homicidio, sino por delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia, presuntamente cometidos por la liberación de los 24 estudiantes que fueron detenidos durante el desalojo.
Luego de que la Procuraduría General de la República decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra por el delito de contra la administración de justicia, Paz y Puente salió libre el 27 de julio.
Entre los exonerados también está el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, quien fue acusado por el delito de contra la administración de justicia y encubrimiento, por su presunta implicación en los hechos.
Sin embargo, el 24 de enero del 2013 el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Acapulco resolvió por unanimidad modificar la resolución de la Jueza Séptima, amparando a López Rosas.
El Juzgado Séptimo de Distrito había ordenado el 24 de febrero de 2012 la detención del ex procurador y 50 elementos federales pretendieron ejecutar la orden de aprehensión rodeando su domicilio particular en el Fraccionamiento Mozimba de Acapulco, pero la detención, inexplicablemente, no se ejecutó.
López Rosas no solamente fue exonerado por la justicia federal por su implicación en los hechos, sino que también por el Congreso local, pues recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un punto de su recomendación sobre el caso Ayotzinapa, pide al Congreso local juicio político para él y para Ramón Almonte, ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC).
El 11 de marzo del 2012, Raúl Plascencia, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación sobre la investigación de violaciones a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre pasado.
De los 155 servidores públicos que la ubicó como involucrados en el desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa, 99 pertenecen a la Procuraduría de Justicia, pero las autoridades estatales no han informado sobre el estado que guardan los procedimientos en su contra. El organismo insistió en que fueron policías ministeriales los que dispararon y mataron a los dos normalistas.
En la recomendación IVG/2012, en la que la CNDH calificó los hechos del 12 de diciembre del 2011 como de “graves violaciones a los derechos humanos”, emitió en total 30 recomendaciones; 13 para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el gobernador Ángel Aguirre Rivero de manera conjunta; 11 sólo para el gobernador Aguirre Rivero; 4 sólo para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y dos para la Mesa Directiva del de la 59 Legislatura del Congreso local.
El juicio político a López Rosas y a Almonte Borja fue uno de los puntos de la recomendación IVG/2012 bajo el expediente CNDH/1/2011/VG sobre la “violación grave” de los derechos humanos.
Del total de las recomendaciones, sólo algunas se cumplieron pero de manera parcial.
La CNDH consideró que “no existió causa alguna que justificara las conductas de Rey David Cortés y “Ismael Matadama, elementos de la Policía Ministerial involucrados en los hechos, toda vez que el uso de las armas de fuego empleadas en contra de Gabriel de Jesús Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino, no se realizó en defensa propia o de otras personas, “o porque la vida de los servidores públicos se encontrara en peligro inminente, vulnerándose con ello su derecho a la vida”
El gobierno federal y estatal el 21 de noviembre del 2012, a través de un boletín aseguró que se estaba dando cumplimiento a dicha recomendación, y que en cuanto a la sanción de los probables responsables, “se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República”, pero agregó que corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica.
Aunque se organizó un evento para dar la “disculpa institucional”, este se realizó sin la coordinación ni la presencia de los familiares de las víctimas.