Franklin D. Roosevelt trajo a la política moderna el referente de este breve período de gestión para emblematizar su desempeño y el de su gobierno. La razón de nuestra pronta vinculación a los múltiplos de cinco y de diez para contar y marcar períodos está en las falanges de nuestras manos. Cien es simbólico para esa proyección. Así hacemos las cuentas. Quien en el discurso inaugural de su primer mandato (1933) convocara a la unidad y el sacrificio de los estadounidenses para superar el impacto económico de la quiebra de 1929 y la depresión resultante, con la frase de que lo único a lo cual debía temerse era el temor mismo y no a las dificultades del momento, puso esos primeros cien días en nuestra mente para la observación del gobernante.

¿Qué se desprende del inicio del mandato? ¿Cuál es la sensación que deja el desempeño a la luz del reto y las expectativas? ¿Puede haber trazos suficientes para deducir el rumbo y la asequibilidad de los planteamientos? ¿Es factible corregir el camino delineado, las decisiones adoptadas o —al menos— encausadas para satisfacer las expectativas generadas?

Ante la situación imperante en 1932 y la expectativa generada por el político neoyorquino, sus primeros cien días de gobierno fueron el espacio para presentar el corazón del programa y las acciones para reactivar la economía de los Estados Unidos.

Cuando esta edición vea la luz, serán los primeros cien días del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien fiel a su sensibilidad para utilizar los símbolos —destruyéndolos o construyéndolos— en la actuación política, anunció que informará sobre lo actuado en este lapso de medición alojado en el imaginario colectivo. Bienvenido el ejercicio informativo y explicativo sobre las prioridades y el desempeño de la administración.

Sin descartar la expresión del Ejecutivo en sus conferencias matutinas y su uso para buscar orientar y regir la agenda mediática, el ejercicio es propicio para dar luz a las prioridades gubernamentales y atender la coyuntura, pero no para una apreciación de alcance integral o de visión panorámica amplia sobre la concepción, los propósitos y las políticas del nuevo gobierno.

 

Singularizar una pretendida nueva era como eje de la propaganda gubernamental, en realidad apunta al encubrimiento de la intención real bajo el manto de la cuarta transformación.

 

Habría —quizás— oportunidad de conocer no solo la enumeración de acciones y su eventual avance para concretar lo planteado, sino el núcleo de la transformación propuesta más allá de las formas de valoración positiva, como el abandono del boato y parafernalia en los altos cargos del servicio público, y el estribillo de que las cosas han cambiado y ya no se actúa como antes; aunque en el fondo se trate de invitaciones a actos de fe ante la falta de pruebas o las pruebas en contra, como las maquinaciones para el vituperio a los Ejecutivos locales en las visitas de López Obrador a los estados donde gobiernan y la simulación de ser magnánimo e incluyente al pedir respeto y convocar a deponer la conducta que, por otro lado, se impulsó o, por lo menos, se permitió.

Singularizar una pretendida nueva era como eje de la propaganda gubernamental, en realidad apunta al encubrimiento de la intención real bajo el manto de la cuarta transformación. Ese es el fondo de llevar la cuenta de los primeros cien días. A la vera del triunfo electoral y de la aprobación mayoritaria hacia su persona —casi equivalente, en sentido inverso, a la desaprobación con que concluyó su gestión el expresidente Enrique Peña Nieto—, destaca la vocación por la concentración del poder y el imperio de una voluntad infalible.

La envoltura es el contraste y la confrontación con quien disiente o crítica, pero la expresión auténtica es el rechazo a los contrapesos orgánicos del Ejecutivo: la oposición en el Congreso, con excepción del acuerdo sobre la Guardia Nacional; el control de la constitucionalidad en la Corte y el Tribunal Electoral y los órganos con autonomía.

Es la misma génesis de la descalificación a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa crítica y a las entidades del exterior que formulan expresiones sobre los asuntos públicos de nuestro país, como las empresas calificadoras del nivel de riesgo que presentan la deuda soberana del Estado y sus empresas públicas que recurren al crédito en los mercados internacionales.

Es, también, la práctica de las consultas a modo para intentar una cobertura de respaldo social a decisiones adoptadas previamente sin el deseo de asumir la responsabilidad; las realizadas antes del primero de diciembre de 2018 no eran de una autoridad, pero la reciente sobre la termoeléctrica de Huexca o la que se ha anunciado para el 21 de este mes, carecen del mínimo rigor necesario para ser confiables. Solo se desgasta la democracia participativa en aras a vestir la voluntad absoluta del Ejecutivo.

Al mismo espacio pertenecen las determinaciones del proyecto de presupuesto de egresos que aprobó su mayoría en la Cámara de Diputados para conducir el gasto a los subsidios directos a grupos de población que conforman y conformarán la base de electores a los que se apelará en 2021 y 2024, que han repercutido en disminuciones de recursos para dar satisfacción a otros derechos, como las estancias infantiles o los albergues para las mujeres y menores que sufren violencia familiar, aunque se diga que los recursos se entregarán directamente a quien requiere de esos servicios. Con esa lógica, hasta la inversión en la función social educativa podría querer revisar.

Dentro de la centralización y la voluntad de uno hay cuestiones que concatenar, por el riesgo que significan para nuestra democracia constitucional. Una casi consumada y otras en curso, pero que de concretarse, se erigirán en la modificación subrepticia de principios elevados a rango de norma suprema.

La primera es la ampliación del catálogo de delitos que conducen a la prisión preventiva oficiosa. La modificación al artículo 19 constitucional representa una limitación a las libertades y un instrumento para intimidar con la certeza de la privación de la libertad sin atender el principio de presunción de inocencia.

Las otras dos son la reposición del registro del Partido Encuentro Social, no obstante que no obtuvo el tres por ciento de la votación emitida en ninguna de las tres elecciones federales del año pasado; y la pretensión de modificar el periodo de desempeño de quien asume será electo gobernador de Baja California. En ambos casos hay texto expreso constitucional, pretendiéndose sendas interpretaciones para que, sin el porcentaje de votación, se recupere el registro, o donde se lee dos se asuma que dice cinco. Son atentados directos al contenido político de esas normas.

Centralización y voluntad de uno para dirigir las modificaciones al orden jurídico, como en el tema educativo, el gasto público hacia subsidios focalizados en la generación de electores y la concepción de otros apoyos y sustentos en el sistema de partidos y en el gobierno. Sujetar el régimen de derechos a los objetivos políticos personales es nota de este breve tramo.