En la base de la sujeción del poder público a la ley está el régimen de derechos y libertades de las personas. Es la esencia del régimen constitucional. Es la evolución imparable de la expansión de la doctrina de los derechos humanos. Todo titular de una función pública está obligado a conocer tanto esos derechos, por ser los límites negativos a sus facultades; como sus atribuciones expresas, por ser el espacio estricto de su actuación.

Y de las libertades, quizá la de expresión sea de las más apreciadas en la conformación y funcionamiento de las sociedades modernas y contemporáneas, pues ya en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, se dispuso que: “La libre comunicación de las opiniones y de los pareceres es un derecho de los más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y estampar libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados en la ley”.

Sin embargo, esas nociones elementales no parecen regir la voluntad ni la actuación del Ejecutivo Federal.

En una derivación estricta de la difusión de una videograbación con su cónyuge en la zona arqueológica de Comalcalco, relacionada con el quinto centenario de la Batalla de Centla, Andrés Manuel López Obrador hizo público —24 de marzo— que había dirigido sendas misivas al rey de España, Felipe VI, y al jefe del Estado Vaticano, Papa Francisco, en torno a la conveniencia de que la Corona española y la Iglesia católica realizaran expresiones de disculpa y contrición por su participación en la Conquista y colonización de los pueblos y territorios de lo que hoy es México, como componente indispensable de reconciliación en el horizonte del 500 aniversario de los hechos de 1521 que implicaron la derrota del pueblo mexica y el fin del Imperio azteca.

 

No arribamos siquiera al primer semestre de la gestión de López Obrador y salta a la vista… la verdadera vocación por declararse poseedor de la verdad para que solo su voluntad impere.

 

En seguimiento de esa revelación, el diario Reforma —26 de marzo— dio a conocer el texto de la carta dirigida al monarca español y ello desató una polémica sobre la pertinencia y contenido de la petición, que para algunos se antojaba como una distracción por el abucheo y la rechifla que le obsequiaron al Ejecutivo los aficionados al béisbol que asistieron —el fin de semana anterior— a la inauguración del estadio Alfredo Harp Helú en los terrenos de la Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México.

Luego vino la afirmación presidencial —4 de abril—, en el ciclo de la postverdad, de que la carta no era para el público y que había sido filtrada, cuando él mismo había referido su envío. Y, enseguida, el propio Ejecutivo —cortesía de las cada vez más contradictorias (por interesantes e insufribles) conferencias matutinas— conmina al medio periodístico para que revele las fuentes de la carta publicada. A efectos de esta colaboración, dejo de lado la, nada sutil, acusación de López a la responsabilidad del gobierno de España de la publicación de su comunicación epistolar. Afirmar sin pruebas es, cuando menos, especular y no corresponde a un jefe de Estado.

Por ahora vayamos a lo que atañe directamente a la república. El Ejecutivo discrepa de la libertad de expresión y de la libertad de buscar y difundir información. Además, aduce que lo hace en ejercicio del derecho de réplica. ¿Querrá alguien recordar al mandatario ejecutivo la disposición constitucional?

Porque protestó cumplir y hacer cumplir la ley fundamental. Y esta dispone que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, la vida privada los derechos de terceros, provoque algún delito perturbe el orden público”, y que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

El derecho de réplica existe frente al medio de comunicación para que precise lo difundido con inexactitud o sin sustento fáctico, cuando de afirmó lo contrario. No es un espacio para retar a los medios a que revelen la forma en que obtuvieron determinada información. Además, en el caso, la fuente de la existencia de la carta es su remitente.

En el incidente con el Reforma, el peligro para los medios de comunicación y para toda expresión libre de las ideas es la vocación autocrática de López Obrador. Para el Ejecutivo la Constitución no es la fuente de sus facultades y el cauce de su acción —aún con la posibilidad de plantear su reforma— sino un texto cuya obediencia pende de su propia consideración sobre el contenido de la norma específica. Hay la decisión de sujetar el imperio de la ley a la convicción ideológica. Por razones ancladas en el mundo de las ideas, la norma se cumple a voluntad. Así deja de ser vinculante para quien la interpreta desde el poder.

Es, tal vez, explicable de una persona que “decretó” el fin de una corriente de pensamiento al condenar las ideas del llamado neoliberalismo. En la retórica puede haber excesos del momento, pero este es relevante. Ningún gobernante puede señalar el fin del pensamiento, cualquiera que sea su contenido.

Pero, aparte, en su censura a quien disiente alega el derecho de réplica. De acuerdo, no hay que quedarnos en las sensibilidades de pieles delgadas. Sin embargo, ello no impide precisar cuando la información es falsa. Ahora bien, la diferencia de opinión no es réplica, sino debate de ideas. Dice el artículo sexto constitucional, “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. ¿Y qué dice esta? Solo un elemento, ese derecho es el de “toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos e informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados —Reforma lo es— relacionados con hechos que le aluden, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen”.

El hecho es que la misiva existió, al grado de que el “ofendido” pide se revelen las fuentes de información, cuando es él quien refirió su existencia en la videograbación de Comalcalco, aunque no el texto. No hay inexactitud o falsedad en lo publicado por Reforma. No hay sustento para la réplica.

No arribamos siquiera al primer semestre de la gestión de López Obrador y saltan a la vista su desconocimiento de los deberes que contrajo al protestar el cargo, la abierta incapacidad para procesar la opinión y propuesta disidentes y la verdadera vocación por declararse poseedor de la verdad para que solo su voluntad impere.

En realidad, el episodio sobre la carta al rey de España y la recriminación al Reforma son unos elementos más en una trayectoria de agresiones a las oposiciones en el sistema de partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos constitucionales autónomos y a la sociedad en general cuando discrepa. Es el rechazo a cualquier control orgánico o social.

Estamos ante palabras que riman, pero cuyo significado es de peligro para nuestra democracia: ignorancia, intolerancia y autocracia.

En la mayoría de las ocasiones cabe ser consecuente con los inconsecuentes. No en esta materia. En los medios de comunicación y entre los comunicadores de toda índole no puede haber tolerancia ante la intolerancia.