En el contexto de la oleada de violencia que se vive en Guerrero, el pasado 27 de mayo, un grupo de hombres armados atacaron a balazos la casa de Abel Montúfar Mendoza, ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán y candidato a diputado local por el distrito 17, quien fue asesinado el pasado 8 de mayo de 2018.

La versión inicial indicó que la familia ya no se encontraba habitándola pero tres personas, al parecer integrantes de la servidumbre, fueron privadas de su libertad.

En el transcurso de la mañana del 28 de mayo en una vivienda en el fraccionamiento Brisas del Balsas, cerca de la colonia Tierra Blanca en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, se localizó el cuerpo de un hombre asesinado y torturado, quien presuntamente sería una de las personas que se llevaron tras el ataque contra la casa de Montúfar Mendoza.

El 22 de mayo pasado, en ese municipio fue asesinado el secretario general del Ayuntamiento, Simón Gama García.

En 2018, al arrancar su campaña político electoral, Abel Montufar denunció que mediante amenazas se había tratado de impedir que sus seguidores asistieran al mitin Dijo que se había desatado el rumor de que habría un atentado en su contra. “Pero no me voy a rajar”, concluyó.

El 8 de mayo, Abel Montufar salió de su casa acompañado de su secretario particular. A las cuatro de la tarde lo hallaron en el asiento trasero de una Frontier doble cabina, sin pantalones, con golpes y varios impactos de bala. Fue el político número 18 asesinado en Guerrero en menos de ocho meses de ese año.

Los Montufar son una familia influyente en la región de la Tierra Caliente, ligada siempre al poder. Su hermano Bonifacio, fue titular de la policía auxiliar. Abel, en diferentes periodos estuvo en el área de seguridad pública en Chilpancingo.

Una noche antes del velorio de Montufar, seis elementos del ejército fueron atacados en el rancho Los Pozos, propiedad de los Montufar, tres de los uniformados perdieron la vida por lo que el velorio debió hacerse en Chilpancingo.

A Abel Montúfar se le ubicó como aliado político de Saúl Beltrán, diputado priísta a quien se ha acusado repetidamente, incluso por el propio Xavier Olea, Fiscal General del Estado entonces, de proteger al grupo criminal conocido como “Los Tequileros”, que encabezó Raybel Jacobo Almonte.

“Los Tequileros” sostuvieron durante años una guerra a muerte por el control de la región con Rodolfo Maldonado Bustos, alias José Pineda González, Don José o El JP, el antiguo jefe regional de Los Templarios, quien se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

Según reportes federales de aquel momento, El JP y su hermano, Francisco Maldonado, alias Chico, eran los “encargados”, por parte del CJNG, de Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Coyuca de Catalán y Zirándaro, todos municipios de la Tierra Caliente de Guerrero. Controlaron también San Lucas y Huétamo, en Michoacán en donde, se presumía que el JP tenía su residencia.

El jefe de sicarios de El JP apareció en los reportes con el nombre de Luis Navarro Peñaloza en la zona fue mejor conocido como “El Zarco”. Tanto los dos hermanos como su jefe de sicarios figuraron entre los objetivos del Ejército al menos desde 2012.

Trascendió entonces que las células de El JP provocaron el cierre de una planta de Coca Cola en Ciudad Altamirano, porque querían controlar la distribución y venta de este refresco.

El gobierno federal atribuyó a El JP el asesinato del Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, ocurrido en julio de 2016. Según las investigaciones, el alcalde era compadre del líder de “Los Tequileros”.

En ese tiempo, Soto Duarte le envió un tuit al presidente Peña Nieto: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor presidente @EPN”. También se atribuye a El JP la desaparición de Catalino Duarte Ortuño, diputado federal del PRD secuestrado en marzo de 2017, y de quien nada se ha vuelto a saber.