Después de una muy prolongada espera de la sociedad mexicana por casi 94 años en materia de radio y 64 años en el ámbito de la televisión para actualizar el viejo pacto normativo de la comunicación colectiva existente entre el Estado y la sociedad; la “Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión” logró reconocer en el 2013 los derechos de las audiencias, que asombrosamente durante muchas décadas no fueron considerados por el Estado, ni por las empresas de radiodifusión privadas y públicas, pese a que el gobierno mexicano durante varios años firmó diversos acuerdos internacionales donde los aceptó y se comprometió a cumplirlos.
Mediante el reconocimiento del conjunto de estas bases jurídicas, el Estado cubrió una laguna fundamental para la construcción básica de la ciudadanía abandonada durante muchas décadas, y abrió una importante puerta para avanzar en la edificación de la democracia mediática en el país. Fue asombroso que tuvieran que transcurrir casi un siglo para que la sociedad alcanzara dichas garantías comunicativas elementales que son primordiales para existir como ciudadanos ante el Estado y los grandes poderes mediáticos del siglo XXI.
No obstante dicho trascendental avance en la esfera comunicativa, derivado de las fuertes coacciones mediáticas ejercidas por el poder mediático ante la opinión pública por haber aprobado los Derechos de las Audiencias en México; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de la contra reforma comunicativa denominada “Ley Televisa-II”, en noviembre de 2017 renunciaron al compromiso constitucional de reconocer tales garantías comunicativas fundamentales que tres años antes habían aprobado con plena consciencia y convicción en el Congreso de la Unión, presumiéndolas mundialmente como un gran logro en el ámbito de los derechos humanos del país. De esta forma, la Cámara Baja aprobó concertadamente diversas iniciativas por separado para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que después se argumentó que atentaba contra los derechos humanos.
A través de la aprobación de la contrarreforma comunicativa se ejerció una fuerte violencia jurídico-política de Estado hacia las audiencias, permitiendo que garantías comunicativas fundamentales de los públicos reconocidas en el corazón de la Constitución Política Mexicana, después de muchas décadas, fueran anuladas para favorecer los intereses económicos, políticos y culturales de los oligopolios de la televisión, produciéndose un severo retroceso comunicativo para la sociedad mexicana.
Sin embargo, pese a que durante 2018 y 2019 el gobierno de AMLO/Morena se auto presentó ante la opinión pública como un gobierno de la renovación y de la “Cuarta Transformación Histórica” de la sociedad mexicana; paradójicamente, en los principales documentos fundacionales que definieron la política estratégica del nuevo programa de desarrollo para el periodo 2018-2024, nunca mencionaron, ni rescataron los derechos de las audiencias. Así, ni en el contenido del “Nuevo Proyecto de Nación”, ni en los “Ejes y propuestas de nuestro Proyecto de Nación”, ni en el discurso de “Clausura de Campaña en el estadio Azteca”, ni en su “Protesta como presidente del país”, ni en el “Reconocimiento como presidente electo” en el Zócalo de la Ciudad, ni en la argumentación de la “Entrega de su constancia como presidente electo de México en el TRIFE”, ni en la “Política de Comunicación Social del Gobierno Federal”, ni en el “Plan Nacional de Desarrollo”, etc., en ninguna de éstas bases ideológicas y operativas se nombró, reconoció, retomó o impulsó a los derechos de las audiencias como garantías ciudadanas que deben gozar todos los mexicanos.
En este sentido, pese a que desde el año 2013 los derechos de las audiencias están reconocidos en el artículo 6°, fracción VI, de la Carta Magna, en el artículo 256° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su Reglamento de Leyes Secundarias respectivas y en el Artículo 5° de los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Audio Restringidos formulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); para la novel jefatura de gobierno el proteger y propulsar tales garantías, no es una política pública relevante, ni una prioridad de derechos humanos, ni un desafío necesario de retomar en su gestión, y por ello, los abandonó. Con dicho marginamiento estratégico se demostró que para el actual régimen los públicos deben continuar siendo fundamentalmente receptores de la información de la radiodifusión privada y pública y no sectores activos que demanden el cambio del sistema de comunicación colectiva en México.
Debido a esto, no aparece ninguna referencia sobre estas garantías fundamentales de la nueva ciudadanía del siglo XXI en ninguno de los documentos centrales que definen el corazón de la política de comunicación del nuevo gobierno de izquierda nacionalista. El gobierno morenista de la “Cuarta Transformación” prefiere que el país no se trasforme en materia de derechos comunicativos y haciéndole el juego a los intereses mercantiles de los grandes monopolios privado comerciales de la comunicación electrónica. Pareciera que ha optado por mantener la estructura tradicional del antiguo régimen del poder mediático que fortalece a la Cuarta República Mediática que se construyó en el país con el fortalecimiento desmedido de los oligopolios de la radiodifusión, donde los ciudadanos únicamente somos espectadores para consumir mercancías, servicios y propaganda; pero no con derechos constitucionales para participar activamente en la construcción del espacio público de la comunicación colectiva. En el mejor de los casos cuando el presidente y sus funcionarios se han referido al ejercicio del derecho de las audiencias éste ha sido interpretado en el sentido de otorgar entrevistas personales del Poder Ejecutivo con diversos miembros de la sociedad inconformes para hablar directamente entre el líder del Estado y los ciudadanos, con la finalidad de despejar algunos problemas existentes. Son demandas sociales de diversa naturaleza para abrir encuentros entre ambas partes objeto de tener la oportunidad de conversar con él para que se rectifique alguna decisión, juicio, directriz o para que se atiendan ciertas peticiones de los habitantes no resueltos por los órganos de gobierno.
Por si esta notable omisión de derechos comunicativos fuera poco, incongruentemente, en lugar de impulsar los derechos de las audiencias para fortalecer la construcción de la democracia comunicativa en el país, que es una añeja demanda insatisfecha por el Estado mexicano; el Poder Ejecutivo violando la esencia histórica del Estado laico, prefirió anunciar la reforma al artículo 16° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con la intensión de entregar concesiones de medios de comunicación, especialmente estaciones de radio y televisión, a las iglesias, particularmente cristiano luteranas. Esto con objeto que formen parte de una política mediática encaminada a promover los ´valores éticos´ en la sociedad, reforzando la Constitución Moral cuyo eje es el amor a la familia, al matrimonio, a la patria y a la naturaleza.
Esta asombrosa miopía gubernamental o desinterés político cinco meses después de iniciar la nueva administración pública, confirmó contundentemente que hasta el momento el gobierno de la “nueva esperanza histórica” prefiere tener individuos sin garantías de audiencias que sean súbditos en su sexenio y no ciudadanos con derechos participativos que contribuyan a edificar la otra sociedad comunicativa más civilizada que demanda el país en el nuevo milenio. Así, se prefirió conservar los intereses neoliberales heredados del viejo modelo oligopólico de comunicación-mercado y no avanzar en la creación de un prototipo de comunicación de servicio público que tendría que ser el corazón del proyecto de comunicación de la verdadera “Cuarta Transformación” de la República.
La restauración de los derechos de las audiencias es un mandato constitucional que debe cumplir el Estado y no sepultarlos, pues de lo contrario en términos comunicativos la “Cuarta Transformación” de la sociedad mexicana, será una transformación de cuarta.
El autor es Profesor-investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, CDMX.
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