Con el anuncio, el pasado 3 de mayo, de un recorte al presupuesto de egresos de la Federación, ha resurgido el debate sobre el gasto público del actual gobierno. Es útil, entonces, analizar con más cuidado las partidas que distribuyen los recursos. Lo primero que hay que notar es que en conjunto no se trata de un presupuesto restrictivo, pues el total del gasto de 5 billones 838 mil 059 millones de pesos es mayor en términos reales, o sea una vez descontada la inflación, en 6.1 por ciento.

En un sentido general, podría decir que se trata de una reestructuración del presupuesto, pues mientras en años pasados, tanto las disminuciones, como los reiterados recortes afectaban fundamentalmente a lo que se llama el gasto social, es decir, el dedicado a salud, educación y cultura, así como a los programas dedicados a apoyar a la población más vulnerable, ahora es precisamente el gasto social el que recibe los mayores aumentos. En particular por los programas especiales que se incluyen entre los proyectos prioritarios de la administración, como el de colonias marginadas, con 8 mil millones; Sembrando Vida, 15 mil millones; Pensión para personas con discapacidad permanente, 7 mil millones; Pensión para adultos mayores, 100 mil millones; Becas Benito Juárez para estudiantes, 17 mil 300 millones; Jóvenes construyendo el Futuro, 44 mil 300 millones; Crédito ganadero a la palabra, 4 mil millones; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, 6 mil millones.

En lo que atañe al reparto entre Secretarías, hay cambios importantes. Unas reciben aumentos y otras disminuciones en sus gastos. Entre las que aumentan, la más notable es la de energía, cuyo presupuesto se incrementa un 1,002 por ciento, al pasar de 2 mil 470 millones a 27 mil 229 millones. El otro caso extraordinario es el de la Secretaría del Trabajo, que aumenta de 4 mil 036 millones a 43 mil 269 millones, es decir un 971 por ciento. También reciben aumentos, aunque ya en menor proporción, Turismo (124.3 por ciento)  Bienestar (39.2 por ciento), Defensa (15.6 por ciento), Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (11.9 por ciento), Educación (6.8 por ciento) y Salud (0.5 por ciento).

Tienen disminuciones, en cambio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (-29.4 por ciento); Función Pública (-24.3 por ciento); Comunicaciones (-21.5 por ciento); Agricultura (-20.5 por ciento); Consejería Jurídica (-14.9); Hacienda (-14.7); Presidencia (-12.7); Fiscalía, antes PGR (-5.6); Gobernación (-5.6); Marina (-5.5 por ciento); Economía (-5.5 por ciento); Relaciones Exteriores (-5.2 por ciento); Cultura (-4.0).

Como se ve en las cifras, se trata de una reestructuración del gasto público y lo mismo puede afirmarse de los recortes presupuestales anunciados el 3 de mayo, que están dirigidos fundamentalmente hacia la cúpula de la administración y no hacia el gasto social.