En una síntesis demasiado apretada, el fondo del sustento de la votación a favor del candidato presidencial de Juntos haremos historia se puede ubicar en la percepción pública más generalizada sobre su capacidad para atender y resolver los problemas de la corrupción, la fragilidad de los ingresos de la mayoría de los hogares y la inseguridad extendida en porciones importantes del territorio nacional.

En esas materias está la valoración de la gestión gubernamental en marcha.

Para el Ejecutivo Federal la integridad y la probidad de los servidores públicos radica en la convicción personal y –desde luego– tiene razón, pero para garantizar que la actitud de cada funcionario sea ésa y se cumpla en la cotidianeidad, se requieren normas, procedimientos e instituciones que garanticen la ausencia de actos de corrupción o, en su caso, que habrá la sanción correspondiente. Sin embargo, la austeridad y la integridad que se perciba y acredite del servidor público es esencial para la credibilidad.

El discurso del buen funcionamiento y la relativa bonanza de las finanzas públicas que, poco o nada dice a quienes enfrentan dificultades para solventar el gasto familiar en un contexto de limitaciones, está atendiéndose por el Presidente López Obrador en dos vertientes: la revisión del salario mínimo por encima del índice inflacionario, para recuperar capacidad adquisitiva, y la proliferación de subsidios directos a su base electoral. Fueron, de hecho, sus compromisos presupuestales esenciales en la propuesta de gasto público para este 2019 y el eje de su política social, con sectores premiados y sectores desamparados.

El problema de la inseguridad pública parecería ser de otra dimensión. En esencia, no es “sólo” de ética del servidor público o hacer llegar dinero público a personas en condiciones sociales desfavorables.

Quizás por ello la posición de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD en el Senado en torno a la intransitable de lo aprobado por la Cámara de Diputados para la Guardia Nacional, motivó al Gobierno Federal no sólo a contar los votos requeridos para el tránsito de la minuta a las legislaturas locales, sino a transitar la ruta de la construcción del acuerdo.

Números aparte, fue evidente la voluntad de articular un entendimiento y de sustentar la reforma en la convergencia más amplia factible; unanimidad en el Senado, casi unanimidad en la Cámara de Diputados y la totalidad de las aprobaciones de los Congresos de las entidades federativas.

Y sin dejar de destacar la construcción de este acuerdo, están presentes las expresiones de la sociedad civil organizada y de instituciones nacionales e internacionales que velan por la auténtica vigencia de los derechos humanos para mantener la naturaleza civil de la nueva institución policial de la Federación, como se estableció como característica de esos cuerpos en la reforma del 2008 al artículo 21 constitucional y que se ratificó en la modificación del presente año.

Si no se logran avances reales y palpables en materia de seguridad pública, la valoración negativa de la sociedad pronto hará presencia entre nosotros, con las consecuencias para la administración federal, pero sobre todo para la República.

Más allá de los legítimos planteamientos políticos a consideración de la Nación, la seguridad pública es un asunto de Estado y conviene verlo con un enfoque supra-partidos.

No es el debate o la discusión entre opciones diversas en materia de políticas públicas para alcanzar objetivos determinados, pues si bien puede haber y hay diferencias en los elementos del diagnóstico de los planteamientos para establecer y desarrollar la estrategia conducente, la cuestión es que en este aspecto de nuestra vida pública el Estado se enfrenta a intereses y fuerzas que constituyen una amenaza contra uno de los fines de la organización política estatal y, en ese sentido, contra el derecho de toda persona a vivir y realizar sus actividades en un clima de tranquilidad y libre de la violencia ilegítima e irracional de la criminalidad de mayor peligro.

El deterioro de varios lustros de la seguridad pública ante los grupos de la delincuencia organizada que incurren en delitos vinculados a la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y psicotrópicos, y que además se han diversificado a la comisión de otras conductas delictivas especialmente gravosas para la sociedad, es el auténtico enemigo del Estado mexicano.

Ante la extensión, proliferación y peligrosidad esas organizaciones delictivas, así como por el explicable cansancio de nuestra sociedad por la ausencia de resultados adecuados por las acciones para combatirlas en las gestiones federales 2006-2012 y 2012-2018, el pueblo tiene pleno derecho a exigir mejoría y un horizonte de solución.

Tan es así que, en una de sus recientes visitas al estado de Veracruz, el Presidente López Obrador se vio obligado a comprometer el plazo de seis meses para que empezaran a palparse los resultados de la estrategia de su gobierno en la seguridad pública. Sin demérito del análisis puntual, el Ejecutivo Federal ubica, por un lado, el saldo positivo de las políticas públicas en materia de subsidios, becas y oportunidades de educación y, por otro, la conformación y entrada en operación de la Guardia Nacional, cuya ley reglamentaria deberá expedirse antes del 26 de este mes.

Llama la atención, el efecto de la presión social en el ánimo presidencial, al grado de comprometer un plazo que estará en la mente de todo observador y buena parte de la sociedad, cuando la experiencia, así como el conocimiento de precedentes nacionales y extranjeros y la opinión de los especialistas en el tema, señalan que lo probable es que el objetivo no se alcance y, lo que es más, que la tarea emprendida requiere de plazos que se miden en años, lustros, décadas y hasta una generación. Se comprende que es difícil decir esta verdad.

Estamos, tal vez, ante una declaración que parte de un encuadre erróneo. La seguridad pública demanda una auténtica política de Estado y, en ese sentido, de mediano y largo plazo, con la convergencia inteligente y comprometida de los tres órdenes de gobierno, con la construcción de acuerdos en la pluralidad de los órganos legislativos de la Federación y de las entidades federativas y con la contribución crítica y constructiva de la sociedad civil organizada. Está a cargo del gobierno, pero excede a ese ámbito de responsabilidad.

El objetivo y la posibilidad de alcanzar el objetivo no es –en exclusiva– cuestión de voluntad política o de los deseos o instrucciones del Presidente la República. Recuperar la seguridad pública requiere necesariamente de recuperar el control territorial que, en muchas zonas del país, perdieron las autoridades federales, estatales y municipales; la conformación de las instituciones policiales –en la Federación, los estados y los municipios– con las capacidades humanas, materiales y presupuestales que requiere la complejidad del fenómeno delictivo que enfrentamos y la demanda de tranquilidad y orden público de la sociedad, así como la multiplicación positiva de los casos en que se acredita que la impunidad no impera para quien incurre en delitos.