“Nunca más una elección con fraude” fue la propuesta que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su gobierno. A partir de esta política, han surgido acciones propias de un cambio de régimen consistente. El Presidente promovió ante el Congreso de la Unión, convertir en delito grave el uso de recursos públicos para apoyar a candidatos o fuerzas partidistas. Esto limita a los agentes de gobierno y no podrán realizar fraudes electorales pues serían detenidos sin derecho a pagar una fianza y ser liberados. Antes de la reforma al articulo 19 de la Constitución, ese delito no era considerado grave, lo que propiciaba que acciones fraudulentas, elección tras elección, fueran la convivencia aceptada como normal en la realidad política del país.
Ahora se analiza modificar la normatividad y disminuir el costo de elecciones reduciendo a la mitad el financiamiento público a los partidos. Junto con ello, se sugiere desaparecer a los organismos públicos locales electorales (OPLE´s). La discusión ha versado principalmente en cuestionar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tendría capacidad para organizar los procesos en 32 entidades federativas.
Nosotros vemos que es importante proseguir con el perfeccionamiento de realización de elecciones. Los OPLE´s en este sentido, tuvieron un periodo de prueba desde 2014 en que se instituyeron, cuando la duda de la época se enfocaba a la predominancia que sobre los consejeros tenían los gobernadores. Esto distorsionaba en sus distintas etapas al proceso, haciendo que la legitimidad del representante elegido fuera constantemente cuestionada.
Hablamos de una cultura política muy rezagada, pero que aún es vigente en regiones donde el poder constituido opera para heredar ese poder a sus simpatizantes, parientes o cercanos colaboradores.
Este fenómeno evolucionó hacia un procedimiento de formación de OPLE´s coordinado por el INE, pero tampoco dio buenos resultados en transparencia y certeza, principios fundamentales que dan identidad legal a la representación en sus distintos niveles en poderes ejecutivos o legislativos.
Así, las propuestas de reforma de este año aquí comentadas se enfilan a garantizar que gobernantes y representantes populares sean adecuadamente seleccionados y cuenten con el reconocimiento y aceptación de la ciudadanía que revalorará su voto como divisa sustantiva en la integración de los poderes públicos base de la democracia y su fortaleza.
A la necesidad de que el dinero que se gasta sea razonablemente limitado y no tener circulante excesivo para la compra del voto, así como oxigenar procedimientos de realización de elecciones, va dirigida la iniciativa que hoy se discute abiertamente en la Cámara de Diputados por el mecanismo de parlamento abierto con distintas corrientes y personajes de la academia y organismos de la sociedad civil.
Hay otros cambios en la iniciativa como lo es la desaparición de la representación proporcional para configurar a los congresos. Se critica aquí que se reducirá la opción de que las minorías se integren a parlamentos y ello podría ser un déficit al pluralismo. De igual modo, entra a cuestión la forma en que se seleccionan a los consejeros electorales. Lo interesante es que el cambio de régimen sigue adelante y se discute y cuestiona. Al final, los mejores razonamientos se impondrán, sin duda.
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