Aunque el foco de su análisis fue la figura del presidente Luis Echeverría, Daniel Cosío Villegas, asentó que el estilo personal de gobernar de los presidentes mexicanos obedece a la historia (de centralismo político) y a factores sociales. Entre éstos sobresale la creencia popular de que el presidente tiene facultades extraordinarias y que él es capaz de resolver los problemas de la Patria.
En la tipología clásica de la dominación legitima de Max Weber, el líder carismático gobierna con base en su personalidad y en que segmentos sociales crean que es infalible: “la autoridad carismática es esencialmente innovadora y constituye uno de los grandes poderes revolucionarios de la historia, pero, en su forma absolutamente pura, es por completo autoritaria” [Max Weber, Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica (Edición Kindle), p. 106].
Claro Weber se refería a un tipo de dominación “puro”, porque en la práctica política “su combinación [con los tipos tradicional y burocrático], mezcla, asimilación y transformación tienen lugar las formas que se encuentran en la realidad histórica” (p. 104). Weber aseguró que este tipo de señorío es legítimo mientras segmentos sociales crean en el líder.
Quizá estamos en una etapa de avenencia a una forma de gobierno que no es ajena a la historia de México: del tlatoani, al virrey, al presidente (revolucionario); hoy se simboliza en la Cuarta Transformación.
A pesar de que el presidente López Obrador consideraba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como aliada —y lo fue en la campaña de 2018— sus líderes no cejaron en su estrategia de movilización-presión-movilización. ¡Y les dio resultado! Con todo y que no se abrogó la “mal llamada” Reforma Educativa en la etapa que concluyó el 15 de mayo, la CNTE tiene ciertas garantías de que AMLO le cumplirá en lo fundamental. En una carta con el sello de la presidencia, estableció compromisos que, si se cumplen, tendrán consecuencias regresivas en el sistema educativo mexicano.
El presidente afirmó que, junto con las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, elaborará la legislación reglamentaria de la educación. No hay menciones al Congreso, que se supone es el órgano del Estado mexicano que hace leyes. Tampoco a organizaciones de la sociedad civil ni a otros actores. Sí, menciona a los padres de familia para poner en práctica un “nuevo” sistema de mejoras y mantenimiento de las escuelas, mediante comités escolares de administración participativa. Es una demanda sentida, cierto, que si se cumple tendrá efectos positivos. Pero es poco menos que un cambio de nombre del “Programa Escuelas al 100”, de la reforma de Peña Nieto; el del gobierno anterior tenía reglas claras y se sabía de dónde provenía el financiamiento.
Pero lo sustantivo de la carta estuvo en los cuatro compromisos con la CNTE, que representan las premisas de la nueva ley reglamentaria y eventuales reformas a la Ley General de Educación. Primero, instituir —como en el pasado— una instancia bilateral y paritaria, para basificar a maestros bajo las normas de la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. No como lo establece el párrafo octavo de la reforma constitucional, conforme a disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Segundo, “federalizar”, es decir, centralizar, el control de plazas magisteriales y crear un modelo de homologación salarial que tome en cuenta diferencias laborales, regionales, sociales y culturales. Tercero, de común acuerdo con las facciones del SNTE definir métodos para otorgar plazas a todos los egresados de escuelas normales. Cuarto, un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones se realicen con base en antigüedad (40 por ciento); experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación (40 por ciento); y reconocimientos de buen desempeño valorado por padres, alumnos y compañeros de trabajo (20 por ciento).
De consagrarse estos puntos en las leyes, las consecuencias serán muchas y para el plazo largo. Apunto tres. En primer lugar, la basificación de decenas de miles de interinos e irregulares, nada más de los territorios de la CNTE, implicará el desembolso de cientos de millones de pesos. El presidente se comprometió a no incrementar la deuda del gobierno (bien) y a no aumentar impuestos. Ergo, la alternativa será más recortes a otros rubros.
En segundo lugar, la bilateralidad, significa un retorno al régimen de la Revolución mexicana, donde los usos corporativos (y corruptos que tanto aborrece AMLO) reinaban en la educación básica. La expectativa del mandatario quizá sea que las facciones del SNTE lo reconozcan como el árbitro supremo, aunque abre puertas a que recolonicen el mando en la educación.
En tercer lugar, no hay pistas de los cambios en pedagogía, currículo y el quehacer educativo de los maestros. La nueva ley y otras disposiciones serán más laborales que la reforma de Enrique Peña Nieto.
El texto enviado a la CNTE deja entrever la voluntad del presidente de lograr acuerdos con los maestros y, al parecer, con nadie más. La reforma del 15 de mayo establece que el Estado será el rector de la educación y que las plazas docentes son del gobierno. Sin embargo (espero equivocarme), el presidente está dispuesto a ceder más mercedes a los líderes del SNTE, a cambio de consenso para gobernar conforme a su personalísimo estilo: el de un líder con carisma que puede evadir a las instituciones y mandar por encima de la ley, parece.
¿Estamos acaso ante una monarquía sexenal, como sugirió Cosío Villegas? O, ¿ante una Führerdemokratie cesariana? En ésta, apunta Weber, existe por lo general un tipo sumamente emotivo de devoción —y de confianza— hacia el jefe.