Pienso que la mayoría de los comentaristas, incluidos desde luego los empresarios que opinaron sobre el Plan de Negocios de Pemex, presentado recientemente, no se han tomado la molestia de leer el documento. Lo que ahí se muestra es un diagnóstico plenamente fundamentado sobre la situación de la empresa, que en muy pocas palabras puede resumirse en que los principales problemas son:
- La caída de la producción, (que entre 2006 y 2018 disminuyó en un 40 por ciento); 2. La elevada deuda que se multiplicó por dos durante el sexenio pasado y que en 2018 sumó nada menos que 2 billones 123 mil millones de pesos y exige el pago de 120 mil 300 millones al año):
- La millonaria corrupción y en especial el cuantioso robo de combustible.
- La elevadísima carga fiscal (que obliga a Pemex a entregar cantidades superiores al superávit primario que obtiene por su operación) que no permite la inversión:
- El abandono de las plantas de refinación y de petroquímica;
- Una balanza comercial deficitaria (que en 2018 fue de menos 1930 millones de dólares) por la importación de petrolíferos, principalmente gasolinas, de modo que hoy importamos más de lo que exportamos.
Ante tal crisis, impulsada por la política aplicada que buscaba llevar a la quiebra a Pemex, con el fin de justificar la privatización de la industria, principal objetivo de la reforma energética, los ejes del Plan de Negocios son precisamente enfrentar esos problemas. En cuanto al objetivo de aumentar la producción, se realizará inversión para incrementar las reservas probadas y para la perforación de 50 pozos exploratorios y 300 de desarrollo. Se están impulsando 20 nuevos campos, cuando en los últimos tres años no se desarrolló ninguno.
El robo de combustible se ha logrado reducir en casi el 90 por ciento y las acciones contra la corrupción están en marcha.
En lo que atañe al endeudamiento, se fija en cero, y sólo se recurrirá a refinanciamientos para mejorar condiciones y plazos.
De singular importancia, porque le da un respiro a Pemex y le permite aumentar la inversión, es la reducción de la carga fiscal que a partir de reformas a la ley, se estima que será de 43 mil millones en 2019 y de 83 mil millones en 2020, para sumar 123 mil millones en los dos años. Como los ingresos petrolero han constituido la mayor aportación para el gasto gubernamental que llegaron a representar hasta el 40 por ciento del presupuesto federal, se busca que la reducción de la carga fiscal se compense a través del aumento de la producción y las ventas de Pemex, de modo que aunque la tasa se reduzca, no se afecte de manera significativa las finanzas públicas.
En cuanto al quinto problema, se impulsa la rehabilitación de las refinerías y las plantas de producción de derivados, así como el proyecto más publicitado, la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Esas estrategias, que se dirigen a disminuir la importación de gasolinas y otros productos, buscan equilibrar la balanza comercial o al menos disminuir el déficit, pues resulta paradójico que un país petrolero como México tenga que recurrir a importar hasta el 70 por ciento de su demanda de gasolinas y que hoy incluso esté importando crudo.
Al contrario de lo que muchos suponían no sólo se permitirá sino incluso se promoverá la inversión privada en la industria, pero con salvaguardas importantes, porque se anuncian nuevos tipos de contrato en que Pemex no resulte perjudicado y manteniendo la facultad de la toma de decisiones y la administración de los proyectos.
Esta reserva de Pemex frente a la inversión privada y la nueva forma de pago de los rendimientos de la inversión es lo que no ha gustado ni a los empresarios ni a las calificadoras que se han apresurado a señalar que el Plan no presenta nada nuevo. Sin embargo, lo cierto es que se trata de un sólido rescate de la empresa más importante de México y, por lo tanto, una modificación de fondo a la reforma energética.