La reapertura del Caso Iguala, a casi cinco años después de los hechos en la noche del 26 y 27 de septiembre, que propiciaron la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, plantea dos posibles escenarios igualmente peligrosos: el uso político con fines los normalistas político electoral y la justificación para el caos y el vandalismo. En ambos casos se garantiza la impunidad a los actores intelectuales y materiales.

Si bien el encuentro sostenido entre los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ordenó al Ejército entregar toda la información que obra en su poder para el avance de la investigación, la entrega ha sido muy difícil.

Se trata de todo lo referente a los datos que el Ejército posee sobre las operaciones que tuvo el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) de Iguala, Guerrero, esos días del 26 y 27 de septiembre de hace cinco años, cuando se dio la desaparición de los estudiantes normalistas, pues fueron ellos, los militares, quienes estaban al mando.

Pero la reapertura del caso implica entrar en un laberinto que tanto en ese tiempo como ahora, lleva al Estado a enfrentarse consigo mismo. En aquel 2014, Guerrero estaba gobernado por el PRD, lo mismo que el municipio de Iguala y personajes políticos del gobierno actual tuvieron participación Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, así como los Chuchos.

Ángel Aguirre Rivero, ex priista y convertido al PRD en un proceso expedito, siempre se jactó de su cercanía tanto con Enrique Peña Nieto como con Miguel Ángel Osorio Chong, al cual ahora baña en epítetos y recordatorios familiares.

Las nuevas disposiciones en torno a la investigación sobre el paradero de los normalistas están reconstruyendo el escenario que se vivió entre 2014y 2015 en Guerrero.

El 23 de septiembre, padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa realizaron un mitin en el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, junto con estudiantes los cuales lanzaron bombas molotov y pedradas a las instalaciones de Ciudad Judicial.

La protesta tuvo como objetivo exigir que entreguen los videos que las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momento a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, que captaron la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, y que supuestamente desaparecieron.

Los padres, junto con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), llegaron a Iguala, a bordo de al menos 19 autobuses y tras la protesta, los manifestantes abordaron los autobuses en los que llegaron y se retiraron rumbo a Chilpancingo.

En el mitin, Melitón Ortega, vocero del movimiento, exigió al Gobierno mexicano que investigue al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y a quien era fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, pues los consideran responsables ocultar información y falsear declaraciones sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Después pidió que en las investigaciones retomadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se tomen en cuenta las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen que los jóvenes fueron privados de su libertad en ese punto.

También exigieron que se profundicen las investigaciones contra Jesús Murillo Karam, exprocurador y Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, a quienes señalan de entorpecer las investigaciones.

Liberación de implicados

Aseguraron además que la liberación de 77 personas implicadas a lo largo de estos años, muchos de ellos por falta de pruebas o por una mala construcción del proceso en su contra, pone en riesgo a las víctimas, testigos, defensores y simpatizantes de ese movimiento, por lo que exigieron garantías para ellos.

El 24 de septiembre, los normalistas y los padres de los 43 llevaron a cabo un bloqueo parcial de los carriles de la Autopista de Sol Cuernavaca-Acapulco y pintas en la Ciudad Judicial.

La exigencia de los padres y de los normalistas fue que Alberto López Celis, presidente del Poder Judicial de Guerrero, cumpla el compromiso que hizo hace un año de entregar los videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, en los que supuestamente quedó grabado el momento en que hombres armados se llevan a 20 jóvenes cerca del puente El Chipote, en Iguala.

El escenario que presentó en Guerrero aquel 2014, puede repetirse. El 8 de octubre de ese año, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declaró en paro de labores, para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas pero fue sumando otras demandas, más bien gremiales, cuya atención reclaman a las autoridades como parte de la solución a la crisis política desatada por el rapto de los estudiantes.

Entre ellas destacaron destacan: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, la cancelación de la evaluación universal docente, la restitución del aguinaldo de 90 días, así como del “permiso de gravidez” de tres meses y, en general, la abrogación de la reforma educativa.

Los normalistas aclararon el 23 de octubre de ese 2014 que su única demanda era la presentación con vida de sus compañeros, e insistieron en que no buscan la desaparición de poderes en Guerrero, los maestros agrupados en la CETEG sí enarbolaron esta exigencia, debido a que “es una medida plenamente justificada por el marco jurídico, ante un genocidio como el ocurrido en Iguala”.

El 24 de octubre de ese año, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia como gobernador de la entidad pero la dirigencia de la CETEG sostuvo que “ahora queremos que se declare la desaparición de poderes en todo el estado, y aunque puede ser un proceso lento, insistimos en este punto.”

La agrupación del magisterio disidente sostuvo que la desaparición de poderes, pasa antes por “solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (…) la cual sí tiene competencia para intervenir y exigir castigo, porque lo que ocurre en Guerrero son crímenes de Estado”.

Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres de familia, normalista en su juventud, maestro en la actualidad y padre de uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala, emergió como vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La ola de protestas por la desaparición de los estudiantes normalistas pronto generó impactos económicos millonarios en esa entidad, los bloqueos a autopistas, las marchas y cierres de comercios propiciaron una caída del 60 por ciento en el turismo del puerto de Acapulco. En las primeras semanas se registraron pérdidas entre 50 y 60 millones de pesos, o entre 3.7 y 4.4 millones de dólares.

Todo, absolutamente todo, aparece como sistemas de manipulación política, ya que la muerte de esos muchachos, es usado con fines políticos y económicos.