Los acontecimientos de Culiacán, cuando se detuvo y soltó al hijo de “El Chapo” Guzmán, da reflexiones diversas. Ovidio, heredero de “El Chapo”, jefe del cártel de Sinaloa, fue detenido generando una reacción que anunció atentados contra la población civil, con muertes de muchas personas inocentes. Se dice que 200 personas hubieran muerto.

Se desataron opiniones críticas y coincidentes en torno a la decisión de la Guardia Nacional, la defensa nacional y la Armada al liberar a Ovidio. Tal acuerdo lo apoyó el presidente López Obrador.

Creo que fue una razonable selección en un conflicto que, si se hubiera escalado, ya no hubiera habido regreso. Si se daba la orden de no liberar a Ovidio, se desataría el enfrentamiento con impactos a la estabilidad en que se desenvuelve la transformación del país.

Así, la forma en que se actúo permite retomar la situación sin arrastrar con la muerte irracional de personas y el desprestigio. Prevaleció el interés general sobre la idea de que el Estado debe demostrar su dominio en el uso de la fuerza. No olvidemos que nadie tiene la capacidad y poder de las fuerzas armadas mexicanas dentro del país, pero no toda decisión tiene que polarizar los conflictos.

Los adversarios del Gobierno hablan de la debilidad del Estado. Yo creo lo contrario. Se decidió con una visión que evita la pérdida de vidas. Las mentes  retorcidas de la derecha, de los conservadores que ven que sus intereses se ven afectados con el actual régimen y su lucha contra la corrupción insisten en que hay debilidad del Presidente de la República.

La transición no se detiene y les cuesta trabajo entenderlo. Pero sí es prudente la investigación a fondo que ha anunciado el Fiscal General de la República. El acontecimiento lo merece.

Medir la fuerza real de ese grupo donde se ubica a Ovidio y la calidad y magnitud del armamento usado será revalorado. El tema ya es parte de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para entrar con seriedad a las negociaciones sobre el contrabando de armas.

También se menciona el rol de las oficinas norteamericanas, como la CIA, DEA y la agencia de armas y explosivos que en el gobierno de Felipe Calderón actuaban descaradamente en territorio nacional.

Hay una suposición de que la DEA realiza trabajos de inteligencia y presiona a  gobiernos para demandar la extradición, en este caso de Ovidio, de conformidad a los convenios internacionales.

Aquí se inició el asunto pero el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marko Cortés, dice que el Gobierno mexicano cometió un delito penal al liberar a “El Chapito”. Y aquí, observo que la visión penalista se aleja del carácter humanitario de la decisión.

Se hubiera violado derechos humanos al extremo, el más claro, sin duda el de respeto a la vida humana. Aquí, el derecho positivo debe plegarse al derecho subjetivo que prioriza el valor humanista universal de la decisión de cualquier gobernante, y eso es lo que hizo el Presidente de la Republica, atender los derechos subjetivos universales de la persona cuyo primer aspecto es la conservación de la vida misma.

Es la diferencia entre un dirigente que se apega a derechos universales y otro obsesionado por un cumplimiento de la ley aunque conlleve la pérdida al extremo de vidas humanas. Éste es el pensamiento de la derecha destinado al fracaso.

 

@Bonifaz49