Aunque resulte de Perogrullo, la seguridad pública confiada al gobierno es un asunto de Estado; con mayor razón la seguridad nacional. Una fuente de riesgos y amenazas a ésta es el deterioro de aquélla. Ello se agrava si el quebranto de la seguridad pública se debe a la actuación de la delincuencia organizada más peligrosa y su ambición por ejercer el control sobre el espacio territorial donde llevan a cabo sus actividades ilícitas.

Esta pretensión, aunada a la estrategia de penetrar las instituciones y establecer espacios –de diferente amplitud– para la “aceptación” de su presencia en la sociedad, constituye la amenaza a la formación estatal y el cumplimiento de sus funciones, que no son sino los conductos para impulsar y hacer realidad los valores y los principios que explican la razón de ser y la cohesión de la comunidad nacional en el Estado.

En el mundo contemporáneo esa forma política demanda un requisito sine qua non: el imperio de la ley. El mandato deviene del pueblo, pero su cumplimiento se sustenta estricta y específicamente en el orden jurídico, porque la salvaguarda de los derechos y las libertades de las personas –frente al poder y ante cualquiera que decida apartarse del pacto de conformarse como Estado– sólo se logra, ética y válidamente, por los cauces de la ley.

Es un diseño virtuoso. La ley faculta y obliga al poder público y éste no tiene a su disposición, sin incurrir en responsabilidades, la elección de qué deberes cumplir y qué obligaciones incumplir. Es la ética más alta en el servicio público.

Lo ocurrido en Culiacán el 17 de octubre en curso ha evidenciado una serie de deficiencias, insuficiencias, errores y, lógico, la necesidad de deslindar responsabilidades. Si la seguridad pública y la seguridad nacional son asuntos de Estado, la reflexión requiere esa altura y ese mirador. El Ejecutivo Federal y sus colaboradores en la materia han reconocido las fallas, pero pretenden explicar la rendición de sus deberes, de la ley y del Estado de Derecho con: i) la fuga hacia adelante al recurrir al pretexto de la situación en que encontraron la política pública sobre seguridad y ii) con un dilema anclado en una falacia: sacrificar vidas o cumplir la ley.

El gobierno en turno conocía el problema y, en parte, su elección está basada en su propuesta para solucionarlo. Cabe recordar que la encomienda implica asumir las funciones con los activos y los pasivos; creer que es distinto es pura ingenuidad. Decir que la situación era complicada y el panorama oscuro, es implicar que las responsabilidades de otro tiempo permanecen en el pasado y no se actualizan para quienes asumen los cargos. No es tan fácil.

Pero lo más emblemático es la voluntad de no asumir más responsabilidades que el reconocimiento –aún con la gravedad que denota– de que falló la inteligencia, la planeación y la ejecución de la aprehensión de un imputado por delitos en materia de drogas. Hay una falla lógica y ética en la pretensión argumentativa gubernamental al querer olvidar o, al menos, diluir, que la causa de la situación de peligro inminente para las vidas y los bienes de las personas que ejecutaron el operativo y muchas por completo ajenas al mismo, fue la impericia, la incapacidad y la inexperiencia de los funcionarios gubernamentales de rango superior.

De las polarizaciones que propala y alienta cotidianamente el presidente de la República al estigmatizar a quien disiente y critica su gestión, las inscritas en la cuestión de la seguridad y en el caso de Culiacán parecen más graves. No puede atenderse su pretensión de conformidad con sus decisiones y de descalificación a quienes con razones fundadas y a la vista, demandan conocer la verdad y el establecimiento de las responsabilidades –por acción u omisión– que procedan. En este tema no cabe la mezquindad porque la amenaza es al Estado, pero tampoco cabe la soberbia por la misma razón. La humildad bien puede despertar la solidaridad.

Ahora bien, el problema de mayor calado de lo sucedido en Culiacán es la derrota ética de ceder el cumplimiento de la ley ante la amenaza del uso de la fuerza por quienes de suyo se asumen al margen del orden jurídico porque se perciben inalcanzables de sus consecuencias. Si la ley no se aplica, una parte de las potestades soberanas deja de existir; una abstracción sin consecuencias deja de tener sentido y cobra pretensiones de vigencia la contraria: el delincuente somete al poder público.

Quizás la cuestión más delicada se encuentra en la dirección gubernamental que, a veces por supuestas razones político-ideológicas, como el arropamiento a la CNTE que permitió sujetar el proceso y contenido legislativo de las leyes educativas a esa visión del proceso de enseñanza-aprendizaje; y otras por supuestas razones político-pragmáticas, como la rendición ante los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería en el Estado de México, que lleva a solapar la comisión de delitos en flagrancia y ceder a todas las demandas de un grupo estudiantil.

En Culiacán no es la primera vez –aunque si la más visible y grave por sus consecuencias negativas para la sociedad mexicana y para la imagen y el prestigio de México en el exterior– que se claudica del deber de ejecutar las leyes que constitucionalmente ha sido encomendado al presidente de la República. Hay otras evidencias de incumplimiento de la ley, incluso al cederse soberanía nacional ante las amenazas comerciales del presidente Donald Trump y la adopción de una política migratoria al gusto y evaluación de la Casa Blanca.

El Gobierno Federal no puede declinar el cumplimiento de sus obligaciones. Si la autoridad democráticamente electa renuncia a cumplir la obligación de hacer imperar la ley, en los hechos ya no hay gobierno, particularmente para quien o quienes lo desafiaron y, en consecuencia, para quienes merecen y requieren la protección del orden jurídico.

Los hechos de Culiacán nos colocan en esa riesgosa pendiente, con el agravante de la responsabilidad presidencial directa, y no me refiero al teléfono descompuesto de quién sabía qué y cuándo o cómo supo y qué se autorizó o avaló, sino a la facultad excepcional otorgada personalísimamente al Ejecutivo Federal para que en los primeros cinco años de la Guardia Nacional, pueda disponer de las Fuerzas Armadas “en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Claudicar del deber de cumplir la ley es, por principio, violarla y de ello deben responder quienes lo hicieron. Puede haber explicaciones para atenuar, pero no para justificar ni evadir responsabilidades. El fracaso de la actuación está a la vista ¿se verá la oportunidad de hacer de la seguridad un compromiso de Estado suprapartidista y transversal entre los poderes y los órdenes de gobierno?

¡Qué paradoja! Claudicar ante la delincuencia y no buscar acuerdos por la descalificación moral de quien piensa distinto sobre cómo dirigir los asuntos públicos.