Como parte de los informes anuales que realiza sobre todos los países miembros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un conjunto de recomendaciones para México. Los consejos a nuestro país muestran la ceguera total del Fondo, no sólo respecto de la condición de los países y las protestas populares que provocan las políticas neoliberales que recomienda, sino también sobre la propia situación del Fondo Monetario Internacional. Tres de las sugerencias del FMI resultan escandalosas, La primera es que aboga por que el gobierno de López Obrador imponga el IVA a los alimentos que, como todo mundo sabe, sería una medida devastadora para la mayoría de la población, pues sólo hay que recordar que alrededor del 70 por ciento de los mexicanos padecen alguna de las carencias que los ubican en la pobreza, y que hoy los más de 8 millones de trabajadores que perciben un salario mínimo sólo pueden comprar un 30 por ciento de la canasta alimentaria indispensable. Para ellos, imponer un IVA de 16 por ciento a los alimentos, significa generar una hambruna.

Las otras dos recomendaciones que indignan se refieren al petróleo. Recomienda el Fondo que el gobierno se desdiga de la promesa de no aumentar el precio de los combustibles por encima de la inflación y deje que se mueva de acuerdo con las condiciones del mercado, es decir, que permita que aumente el precio de las gasolinas. Pareciera que el Fondo no se ha enterado de la airada y espontánea protesta que se levantó en México durante el gasolinazo, y que tampoco ve que en el Ecuador el estallido indígena y popular por el aumento del precio de las gasolinas obligó al gobierno a cambiar su sede de Quito a Guayaquil y después de una dura represión tuvo finalmente que ceder y eliminar el decreto que seguía las recomendaciones del Fondo.

También referido al petróleo y en concreto a Pemex, el Fondo critica el plan de negocios que dio a conocer la empresa mexicana y recomienda que para enfrentar la deuda y el descenso en la producción de los últimos años, se asocie con inversionistas privados. O sea que restituya la reforma energética impuesta en el sexenio pasado, que es precisamente lo que ha llevado a una situación crítica a Pemex, por la que ha sido necesario el salvamento emprendido por la actual administración.

Ciertamente en los meses recientes diversas acusaciones, la mayoría iniciadas desde el exterior del país, han puesto al descubierto una corrupción sin precedentes en el pasado reciente que abarca desde los altos mandos hasta el huachicoleo; sin embargo, lo peor no está en la corrupción, sino precisamente en la privatización de la industria energética, pues para justificar la entrega del principal recurso natural de la Nación a la iniciativa privada nacional y extranjera, se ejecutó una política que buscó llevar a la quiebra tanto a la Comisión Federal de Electricidad, como a Petróleos Mexicanos.

Las medidas consistieron en imponer un impuesto excesivo a Pemex, para que transfiriera recursos al gobierno a fin de financiar el presupuesto federal. Esas transferencias superaban las utilidades de la empresa, de manera que la inversión para aumentar las reservas, o el simple mantenimiento de las plantas se volvía imposible. Además, se le aplicaron los mayores recortes presupuestales, de 60 mil millones y luego de 100 mil millones más.  Los recortes y los impuestos determinaron que para seguir operando era necesario recurrir a los créditos, lo que implicó convertir a Pemex en la petrolera más endeudada del mundo. Y aquí hay que mencionar que precisamente como parte del rescate de Pemex se emitieron bonos para refinanciar los créditos de corto plazo y la respuesta del mercado internacional superó con mucho, (más del doble fue la demanda) el monto de la emisión de Pemex.

Sin mencionar que la privatización de la industria, hecha a través de contratos leoninos que favorecían a los empresarios, no significó ninguna mejoría para la situación de la empresa y en su mayoría las inversiones para aumentar las reservas y la producción todavía se siguen esperando, pues una parte significativa de los contratos se dedicaron a la especulación y no a la inversión real. Sorprende, pues, que el Fondo se atreva a tales recomendaciones.