Por la libertad de ellas, por que la libertad de todas,
¡es nuestra libertad!
El pasado miércoles 25 de septiembre el estado de Oaxaca, el estado del cual soy originaria, se convirtió en la segunda entidad federativa del país en despenalizar el aborto. Oaxaca se suma a la despenalización del aborto 12 años después de que lo hiciera la Ciudad de México. Y así, yo que siempre me he sentido orgullosa de ser oaxaqueña, hoy me siento además inundada por la Marea Verde. Y considero que debe destacarse que este importante paso en materia de derechos humanos, se haya dado precisamente en uno de los estados de la República Mexicana con más marginación y rezagos económicos, sociales y educativos; pues esto es no solo un avance en términos de derechos reproductivos, sino además un paso para lograr la movilidad social de las mujeres y una reivindicación de la lucha feminista. El Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) ya lo dijo al celebrar el logro en el congreso de Oaxaca: “la despenalización del aborto en Oaxaca es un acto de justicia social que amplía libertades y protege la vida y la salud de las mujeres que viven en una de las entidades con grandes brechas de desigualdad; ahora, quienes se encuentran en mayores condiciones de marginación y vulnerabilidad tendrán acceso al servicio de aborto sin poner en riesgo su salud y su vida, y dejarán de ser perseguidas por el Estado”.
El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, es un derecho humano que se ejerce en un contexto de laicidad del Estado, justicia social e igualdad de género. El derecho al aborto legal y seguro no es un debate sobre la vida, como pretenden hacer creer los grupos religiosos ultraconservadores que inundan el país y ejercen en el mismo un enorme poder político y económico. Condenar a las mujeres a la cárcel, a poner en riesgo su vida o a la clandestinidad por el ejercicio de un derecho es negarles su carácter primigenio de personas, es restarles dignidad, significa verlas como un medio y no como un fin. Debatir sobre “la vida” condenando a las mujeres a morir es sin duda una hipocresía. Todos estamos a favor de la vida, pero en un estado constitucional y democrático de derecho la verdadera interrogante es si constitucionalmente le es dable al estado criminalizar a las mujeres por abortar. Y la respuesta a esta interrogante desde la perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas es NO, la única alternativa democrática en una sociedad plural y diversa donde confluyen y convergen diversas creencias religiosas, pero también grupos importantes de personas agnósticas, es el derecho a decidir. Es algo tan básico como respetar el derecho de cada uno a tomar decisiones personales de acuerdo con sus creencias, religiosas o no.
Así, aunque en nuestro país (un Estado laico) la sociedad siga siendo mayoritariamente católica y la Iglesia conserve importantes roles políticos, y sea el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente un embarazo, México ha dado importantes pasos hacia la despenalización del aborto. El primero en abril de 2007 al aprobarse la despenalización en la Ciudad de México y ahora en Oaxaca. Esto implica además la obligación para que este servicio se ofrezca en todos los hospitales públicos e instituciones de salud, lo que necesariamente se traduce en menos muertes de mujeres por abortar, mayor movilidad social y la posibilidad de reducir las desigualdades regionales entre mujeres. Por determinaciones como las del Congreso de Oaxaca y anteriormente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México de alguna manera se ubica hoy a la “vanguardia” de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto.
Sin embargo, debemos hacer que se escuche fuerte y claro, estas conquistas no podrían explicarse sin el impulso de los grupos feministas que en México y en América Latina han unido fuerzas, se han profesionalizado en su trabajo y han articulado la lucha para garantizar a las mujeres el acceso al aborto legal y seguro. La lucha feminista de ninguna manera implica el desconocimiento de las concepciones religiosas ni pretende imponer valores. Despenalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, simplemente otorga garantías mínimas para que quien decida hacerlo lo haga de forma legal y segura, significa la posibilidad de elegir en libertad. Pero adicionalmente significa exigir al estado educación sexual amplia en todos los niveles, acceso a métodos anticonceptivos seguros y al aborto como último recurso para interrumpir un embarazo no deseado.
El Derecho al aborto es un asunto de justicia social, es una cuestión de salud pública y una aspiración democrática y no obstante la contundencia de estos argumentos solamente en la Ciudad de México y en Oaxaca se ha logrado la despenalización.
Después del 25S en Oaxaca, el aborto está despenalizado ahora en dos entidades de nuestro país, pero quedan pendientes cuando menos 30 reformas legislativas. Es urgente atender cuanto antes las normativas más restrictivas como las de Guanajuato o Querétaro donde sólo es legal la interrupción del embarazo si este es producto de una violación, pero se criminaliza a las mujeres incluso cuando su vida se encuentra en peligro. Por ello la despenalización del aborto en Oaxaca es un gran paso, pero el camino por recorrer es todavía muy largo y las presiones no serán pocas. Las mujeres y los grupos de feministas no tenemos los recursos millonarios de la Iglesia y de todos aquellos grupos que se ufanan de haber logrado cabildear ante cuando menos 17 legislaturas estatales para que se incorporara el reconocimiento de la vida “desde la fecundación” en sus Constituciones locales (como la Oaxaqueña); pero la marea verde es ya un Tsunami y “se va a caer”.
Adicionalmente, para aquellos que confunden argumentos ideológicos con argumentos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho ya varias veces: proteger constitucionalmente la vida no implica que se tiene que criminalizar el aborto. De suerte que tampoco debemos confundirnos, la despenalización del aborto en Oaxaca (y esperemos que muy pronto en las 30 entidades restantes) de ninguna manera viola la Constitución local. Ni se tiene que reformar necesariamente la constitución local para que la reforma penal sea válida.
Ahora bien, la determinación del Congreso de Oaxaca de despenalizar el aborto tampoco viola la Constitución federal. Que es la que en última instancia importa. Si se impugna esta reforma, la Suprema Corte solo tendría que reiterar lo que ya falló al resolver la acción de inconstitucionalidad (AI 146/2007), relativa a la despenalización en la Ciudad de México.
Además, la Corte ha sido también clara al resolver que no permitir a las mujeres el acceso al aborto viola su derecho a la salud. Así que, se vea por donde se vea, lo aprobado en Oaxaca (como en la Ciudad de México) no sólo es necesario en términos de justicia social y de derechos humanos; sino que es además constitucionalmente válido. Todo esto sin considerar (o hacer mención) por razones de espacio, de los tratados internacionales y recomendaciones como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Así que, el aborto en Oaxaca es legal, no se tiene que modificar la constitución local, sólo queda que la reforma se publique en el periódico oficial del estado y que se garantice el acceso efectivo a los servicios de salud y de interrupción legal del embarazo para todas. Desde este espacio hago un llamado al Gobernador de mi estado natal, Alejandro Murat Hinojosa para que firme y publique la reforma aprobada el pasado 25 de septiembre por el Congreso, sin hacer observaciones a la misma y que lo haga a la brevedad.
Los argumentos en contra de la despenalización del aborto además de ser de corte ideológico, normalmente entrañan un absoluto desconocimiento (por no decir desdén) de los derechos humanos de las mujeres, que tradicionalmente han sido consideradas como meros entes reproductivos. El ¿por qué tantas religiones se esmeran en mantener sometida y subyugada a la mujer?, el ¿por qué hay quienes invierten millones de dólares para criminalizarlas y mandar a mujeres de escasos recursos a la cárcel? excede mi capacidad de entendimiento y me parece algo perverso, por no decir monstruoso.
Soy madre y estoy convencida de la maternidad voluntaria y del derecho irrestricto de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, del derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, su vida reproductiva y su maternidad. Este derecho es y debe ser sólo de las mujeres. De suerte que, la decisión de llevar a término o no un embarazo le corresponde solamente a la mujer, así se lo he inculcado a mis criaturas y espero que crezcan libres para decidir. Las mujeres no tenemos por qué ir a la cárcel, ni ser discriminadas, ni mucho menos morir por ejercer nuestro derechos. Decidir no ser madre no puede ser un derecho solo para algunas mujeres.