Mueve a varias reflexiones el anuncio del compromiso conjunto de empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación de Bancos de México de que invertirán en los próximos cinco años 859 mil 22 millones en obras de infraestructura. En primer lugar, que se trata de una cantidad significativa, que contribuirá a dinamizar la economía, sobre todo si se considera que sólo en 2020 se echarán a andar 72 proyectos por un total de 431 mil 318 millones de pesos, y para el 2021 otros 41 por un monto de 255 mil 993 millones.

Esa inversión se alinea en uno de los ejes de la política económica de la actual administración, que consiste en impulsar el mercado interno. Es sabido que durante las últimas décadas, como expresión del neoliberalismo y de la orientación de la economía mexicana hacia el exterior, el mercado interno había decaído notablemente, pues como el argumento de competitividad se sustentó en la baratura de la fuerza de trabajo mexicana, los salarios perdieron más del 70 por ciento de su poder adquisitivo y este hecho se vio reflejado en la disminución del consumo de los trabajadores y en el consecuente estrechamiento del mercado interno. Un primer paso para revertir esa situación fue el aumento por encima de la inflación al salario mínimo (que en nuestro país se refleja en los aumentos a los salarios generales). Pero todavía más importante es el gasto dedicado a los programas sociales, pues independientemente de en qué utilicen las becas los estudiantes, o los jóvenes de Construyendo el Futuro y sus pensiones los adultos mayores, esos montos que en conjunto suman cientos de miles de millones se dedicarán al consumo. O sea que en la línea de una política que se ubica en el keynesianismo, no se trata únicamente de programas asistenciales, sino de un gasto público que, aparte de paliar los extremos de desigualdad, busca dinamizar el mercado interno.

El compromiso de los empresarios de invertir miles de millones en infraestructura, sorprendió a muchos comentaristas que habían observado el enojo de algunos sectores por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que han emprendido desde hace años una batalla contra López Obrador que ha incluido lo que se ha llamado el sabotaje jurídico, además de campañas en los medios, en redes sociales y hasta manifestaciones en las calles. Lo que sucede es que la burguesía mexicana está dividida, pues mientras algunos sectores están empeñados en la guerra contra el Presidente y su gobierno, otros han decidido aprovechar las oportunidades que se presentan en la nueva administración. El dirigente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, expresó, en entrevista radiofónica con Ricardo Raphael, la razón de la cercanía con el gobierno al señalar que López Obrador ha cumplido sus promesas de campaña en el terreno económico, entre ellas, el no crear nuevos ni aumentar impuestos, el mantener equilibradas las finanzas públicas, no aumentar la deuda o respetar la autonomía del Banco de México.