El pasado jueves 7 de noviembre de 2019 el Senado de la República pretendió elegir a la persona que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un desaseado proceso parlamentario que transgredió flagrantemente lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, así como los artículos 10, 10 Bis. y 10 Ter. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se violó la Constitución dado que, a partir del análisis del registro audiovisual de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores es incontrovertible que no se alcanzó la votación calificada requerida por la Constitución. En específico, en tanto la norma fundamental ordena que la votación sea por las dos terceras partes de los miembros presentes, lo que en el caso no aconteció, ya que en el momento de la votación por medio de cédula había 116 senadoras y senadores presentes en el Pleno. Inclusive, existiendo claros indicios para afirmar que emitieron su voto. No obstante esto, únicamente se contabilizaron 114 votos, precisamente, los necesarios para considerar que los 76 votos a favor de la C. María del Rosario Piedra Ibarra fueran representativos de las dos terceras partes.

Aunado a lo anterior, el proceso de elección contó con numerosos vicios de legalidad que generaron, ante todo, su inconstitucionalidad. Principalmente, por haber sometido la misma propuesta de terna de candidatos al Pleno del Senado en tres ocasiones. Esto es contrario a lo dispuesto por el artículo 10 Ter de la Ley de la CNDH, que ordena que: si no se reuniera la votación requerida para designar al Presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. Esto a todas luces conlleva que, ante la insuficiente votación a favor de alguno de los candidatos de la primera terna, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia debieron haber propuesto una terna siguiente. Adicionalmente, la Ley de la CNDH obligaba a los Senadores a elegir a la persona titular de la referida Comisión a más tardar 10 días hábiles antes de que concluyera el mandato del Presidente saliente; lo que evidentemente no se cumplió.

Lo anterior, se ve además con preocupación ante un proceso que, si bien inició siendo, aparentemente, abierto, público y transparente frente a la sociedad, en última instancia, se definió una terna que fue impuesta por la Junta de Coordinación Política de dicho órgano legislativo, sin formular la motivación suficiente para sustentar la idoneidad de los candidatos propuestos. Inclusive, en cuanto a la idoneidad de la persona electa, no puede pasarse por alto que este atributo no quedó satisfecho por la manifiesta militancia de la C. María del Rosario Piedra Ibarra en el partido MORENA, así como su clara afinidad con diversas personas en cargos de la Administración Pública Federal en turno, destacando, el Presidente de la República.

Este último aspecto, es desafortunado por las facultades que corresponde ejercer a la CNDH como contrapeso al Poder, a saber, la investigación por graves violaciones a los derechos humanos, el otorgar medidas cautelares, la promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su facultad de revisión frente a los actos de la comisiones de derechos humanos en el ámbito local y, sobre todo, el dotar a la ciudadanía de una instancia no jurisdiccional, a la cual puedan acudir para obtener protección frente a todo acto arbitrario.

Todo este proceso, resulta lamentable para la consolidación democrática del Estado de Derecho en México y redunda en perjuicio de una Institución que tiene por objeto la protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Una CNDH autónoma beneficiaría a todas y todos, por lo que el Senado de la República faltó a su obligación de garantizar esto.

Asimismo, con los hechos que fueron de conocimiento público en el que se percibe una imposición de parte de la mayoría durante la sesión ordinaria del pasado martes 12 de noviembre de 2019, se desvirtuó la legitimidad con que debe contar la persona titular de este cargo. Lo que es más grave, partiendo del hecho de que este organismo constitucional autónomo debe ante todo velar por los derechos de las minorías y de las personas en situación de vulnerabilidad.

El no haber repuesto el procedimiento y, en última instancia, no haber sometido una nueva terna al Pleno, generó que la ilegalidad imperara en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La gravedad del presente caso terminó por configurarse debido a que según el criterio vigente de los órganos jurisdiccionales mexicanos, se trata de un acto inimpugnable. En dicho sentido, el Congreso de la Unión debe analizar una reforma a la Ley de Amparo que permita la procedencia de este medio de control de constitucionalidad frente a este tipo de actos que, aún siendo parlamentarios, no constituyen actos soberanos del Legislativo por no haberse apegado a la Constitución y la Ley.

Es sumamente lamentable que una “mayoría” rapaz al interior del Senado de la República haya decidido que éste sea el inicio de la nueva etapa de la CNDH en un país que, como México, necesita urgentemente de una institución robusta, autónoma y con credibilidad, que defienda los derechos humanos de todas y todos.

Ahora que surge la noticia de la renuncia de al menos seis de los miembros del Consejo consultivo de la CNDH no puedo sino expresar mi apoyo y solidaridad con su congruencia. ¿Cómo acompañar a un órgano cuya legitimidad está en entredicho (por no decir perdida)?

Más allá de la biografía y lucha social de la señora Piedra Ibarra, lo que trasciende es el mero acto faccioso y ello nos obliga a una reflexión mayor en torno a la llamada cuarta transformación; ¿cuál será realmente el sentido de la transformación prometida? Pues es claro que no vamos en una dirección democrática ni de fortalecimiento institucional. Como dijo el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: “Rosario Ibarra no merece haber tomado protesta como lo hizo”. Esto lo pudo haber evitado ella misma, pero optó por no hacerlo; sin embargo, aún está a tiempo para hacerlo. Una luchadora social como ella debe renunciar y no ser cómplice de estos juegos perversos del Poder. Ni ella, ni la Institución, ni el país, ni mucho menos las víctimas merecen esto. La deuda que tenemos con el movimiento de defensa de los derechos humanos y con la sociedad mexicana es enorme.

Debe tenerse presente que, en esta Legislatura aún quedan numerosas designaciones pendientes. ¿La oposición cerrará filas de una vez por todas? ¿Podrá articularse de una vez por todas como auténtico dique ante una mayoría irracional y fanática? Por el momento, tendrán que surgir voces ciudadanas que se erijan como lo verdaderos defensores del pueblo en los hechos.