Acapulco, Gro.- En los últimos diez días se han registrado nuevos enfrentamientos entre los grupos armados en la entidad que se hacen llamar policías comunitarias. Aunque las autoridades estatales subestiman estas expresiones, trascienden el objetivo de administrar la seguridad de las comunidades rurales, se trata de planes de expansión de los grupos delincuenciales.
El 11 de noviembre en la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, se registró un enfrentamiento a balazos entre el grupo de “Los Dumbos” en alianza con el grupo de Tlacotepec, que dirige Onésimo Marquina Chapa, “El Necho” y miembros de la autodenominada policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). La circulación se vio interrumpida en su totalidad por automóviles que previamente habían sido incendiados, fue hasta que después de las 11:00 horas elementos de la PIM y Policía Estatal quitaron los obstáculos.
De acuerdo con las primeras versiones en la madrugada del 11 de noviembre, integrantes de la UPOEG, intentaron ingresar al pueblo, situación que fue evitada repeliendo la agresión. Pobladores e integrantes del Sistema de Seguridad de Xaltianguis (SSX), bloquearon de manera intermitente la carretera, para exigir la presencia de las autoridades de seguridad, movimiento que se mantuvo que la Fiscalía General del Estado hizo presencia para iniciar una carpeta de investigación y se instaló un dispositivo de seguridad en la zona.
A raíz de los enfrentamientos se suspendieron clases en una decena de planteles educativos de distintos niveles, y algunos comercios no abrieron sus cortinas.
Los disturbios prevalecieron en el poblado, hasta el 13 de noviembre en que se instrumentó un nuevo dispositivo de seguridad — con 350 efectivos de la Guardia Nacional, Marina y policías federales, estatales y ministeriales —y fueron detenidos 11 personas, 37 armas largas y cortas decomisadas, chalecos antibalas, presunta droga, y artefactos con explosivos, así como dos tubos metálicos para fabricar bombas caseras, cuatro botas tácticas, un drone, dos computadoras, fundas y 15 vehículos decomisados.
Mientras se desarrollaba el operativo, en Acapulco, Bruno Plácido Valerio, promotor de la UPOEG, en conferencia de prensa acompañado de habitantes de Xaltianguis desplazados por la violencia en ese poblado, quienes informaron que que existen 23 denuncias de familias ante la Fiscalía General del Estado y un número indeterminado de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, pero ninguna ha sido resuelta.
Reprocharon el apoyo que otorgan Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado, actuales senadores por Morena, al grupo de civiles armados opositores a la UPOEG. Culparon a las autoridades, al Ejército y a la Marina de brindar seguridad sólo a quienes les han causado daño e incluso que han permitido el saqueo de un centenar de viviendas. También señalaron a Adela Roma Ocampo, presidenta del puerto de la creciente violencia, al no asumir la responsabilidad que le corresponde.
En 2019, choques significativos
El conflicto entre ambos grupos no es reciente. El pasado 3 de abril, un presunto coche bomba estalló cerca de la casa de justicia en Xaltianguis donde se ubican los Policías Ciudadanos de UPOEG, encabezados por el comandante regional, Ernesto Gallardo Grande. De este supuesto atentado, no se reportaron personas lesionadas, pero sí, momentos de temor de los pobladores.
El 8 de mayo, cuatro policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), murieron tras un enfrentamiento con integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero.
En el puerto de Acapulco, han sido constantes los enfrentamientos entre presuntos grupos de autodefensa e incluso, el propio gobernador Héctor Astudillo dijo el pasado 5 de abril, después del bombazo en Xaltianguis que “se llevan pesado”.
El 1 de noviembre, el grupo armado denominado “Guardia Guerrerense” encabezado por Oliver Sánchez Coria, alias “El Ruso”, bloquearon la carretera federal 200, que comunica la región de la Costa Grande, a la altura del poblado de San Jeronimito, municipio de Petatlán, demandando que la Policía del Estado y la Guardia Nacional salieran de la zona y cesaran toda la vigilancia sobre esa vía federal. Intervino la Policía del Estado para desalojar la vía carretera, lo que provocó que el grupo armado realizará actos de vandalismo al incendiar tres autobuses de pasajeros, un tráiler, un vehículo y una camioneta repartidora, sin que se registraran víctimas que lamentar.
Ante las informaciones sobre nuevos bloqueos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, al menos 100 agentes policíacos realizaron recorridos por la vía federal, a la altura del poblado y la cabecera municipal.