Para el periodista atento a la realidad, uno de los hechos más notables es la velocidad vertiginosa que ha adquirido la historia en nuestros días, de manera que es ya casi imposible seguirle el paso y analizar todos los hechos importantes que se suceden cotidianamente. En esta semana, por ejemplo, habría que mencionar desde luego el golpe de Estado en Bolivia y la acertada decisión del gobierno de retomar los principios históricos de la política exterior mexicana y otorgarle el derecho de asilo al Presidente Evo Morales. Sin embargo, en estas páginas, ya que se trata de un tema económico, quiero referirme a dos aspectos vinculados a las finanzas públicas. Uno se relaciona con el presupuesto de egresos  y el otro con el de ingresos.

Uno de los problemas para elaborar el presupuesto de egresos  y para su corrección en la Cámara de Diputados, es que segmentos importantes del gasto público son inamovibles, es decir ya están asignados previamente porque se trata de rubros que el Estado está obligado a pagar. El más importante, sin duda, es el de la deuda. Hay que recordar que en el más reciente informe del Banco Mundial sobre las estadísticas de deuda, ese organismo clasificó a México entre los diez países más endeudados del mundo. Si se suman la deuda externa del sector público y el privado, sobre México pesa un total de adeudos de nada menos que 452 mil 991 millones de dólares, que equivaldrían a 8.7 billones de pesos. De esa suma al Estado le corresponde el 65 por ciento o sea aproximadamente 294 mil 444 millones de dólares, por los que, obviamente, el gobierno está obligado a pagar anualmente los intereses y amortizaciones. También grave es el monto que tiene que cubrir por los adeudos del Fobaproa, ahora nombrado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAP) que lejos de disminuir han aumentado con los años, de modo que hoy el adeudo por el salvamento de los bancos comprometido en el sexenio de Ernesto Zedillo, suma hoy un billón 32 mil 236 millones de pesos que ha obligado, sólo por intereses, comisiones y gastos, a erogar 45 mil 371 millones de pesos en lo que va de 2019.  Esas limitaciones obligan a que los aumentos al gasto social tengan que recurrir al ahorro, esto es a la política de austeridad en las erogaciones relacionadas con el aparato administrativo del Estado.

Por el lado de los ingresos, muchos son los reclamos de que se realice una reforma fiscal que tenga un carácter progresivo, esto es, que se cobren más impuestos a los más ricos. El actual gobierno, sin embargo, ha optado por otra vía, por la de combatir la elusión (es decir el eludir el pago de contribuciones aprovechando los resquicios de la ley) y la evasión (o sea alguna de las formas del fraude fiscal). En otros términos, no ha aumentado impuestos ni ha creado nuevos, sino que busca que las grandes empresas nacionales y extranjeras paguen lo que están obligados a pagar. Para ese fin se han hecho modificaciones legales. Una, es la prohibición de condonar impuestos. Práctica que si se suman sólo las condonaciones del sexenio de Calderón y  la mitad del de Peña Nieto dan un total de un billón (millón de millones) 88 mil 400 millones. Otra, es el cobro de los créditos fiscales, aunque ahí, los grandes empresarios han conseguido amparos, lo que ha significado que estén jurídicamente congelados 474 mil mi 904 millones de pesos. Una tercera vía ha sido penalizar y equiparar con delincuencia organizada, la creación de empresas fantasmas cuya actividad es crear facturas falsas para que grandes empresas las utilicen para justificar gastos ante el SAT y de esta manera disminuir, fraudulentamente sus obligaciones fiscales. Desde mi punto de vista, estas acciones resultarán, si se ejercen en la práctica, más efectivas que una reforma fiscal.