Desde mediados de noviembre, Zirándaro, además de otros puntos en la entidad, se encuentra bajo un ambiente de tensión y violencia que obliga a pobladores a salir de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida o hacer frente a la situación tomando las armas, incluso mediante el exhorto del propio presidente municipal.

Los hechos de Zirándaro fueron negados sistemáticamente. El gobierno del estado a través de un comunicado llegó a afirmar que Gregorio Portillo Mendoza, alcalde Zirándaro, prefirió hacer una denuncia mediática antes que recurrir a las autoridades. El 20 de noviembre llegó un despliegue importante de elementos de seguridad a ese municipio, pero la postura gubernamental se mantuvo: no existe una situación de violencia en el municipio.

No obstante, Arturo Salgado Urióstegui, el secretario de Educación, reconoció que algunas escuelas en Zirándaro suspendieron actividades debido a la violencia, aunque no precisó la cantidad de centros educativos que cerraron ni cuántos estudiantes resultaron afectados. Informó que hay un operativo de seguridad en la zona en el que participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal por lo cual las labores regresarían a la normalidad en breve.

Para entonces se tenía el reporte de más de 40 escuelas cerradas en el municipio desde hace más de un mes debido al clima de inseguridad prevaleciente. Salgado Urióstegui sostuvo que se trata de “un número menor” y que las escuelas afectadas se ubican en pequeñas localidades e indicó que se elabora un informe completo sobre la situación de los servicios educativos en ese municipio.

Portillo Mendoza, indicó que desde hace un mes comenzaron a llegar a Zirándaro “caravanas de desplazados provenientes de Coyuca de Catalán”. “Las últimas tres semanas se recrudeció la violencia en el municipio y generó una crisis sumamente grave, hay más de 20 comunidades sin clases, familias que abandonaron sus hogares, la mayoría partió a Estados Unidos o a otros estados; no hay acceso desde hace más de una semana a la carretera que comunica con Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano, las camionetas pasajeras y la línea de autobuses que va a la Ciudad de México se suspendieron y no permiten el cruce de ciudadanos por esta carretera”, expuso.

Comentó que en medio de la disputa entre grupos delictivos antagónicos, los criminales llegan a las comunidades y exigen comida y transporte a los pobladores. “Les quitan sus vehículos, los ciudadanos entran en pánico. Nuestro municipio no ha sido de violencia, es gente pacífica, por eso las familias se alarman y se salen de sus comunidades”, insistió el alcalde morenista.

El 19 de noviembre el primer edil decidió armarse junto con los habitantes de la cabecera municipal para evitar la incursión de grupos que pretenden asumir el control total de la Tierra Caliente. Portillo Mendoza acudió a la CDMX, donde lo recibió Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal. “La situación se turnó a la mesa de Coordinación Territorial de Chilpancingo; no se le dio trámite porque cometí el error de no acudir primero ante el gobernador, lo cual reconozco, no acudí, me fui directo a la Federación y al parecer por esa razón no se atendió (la violencia en Zirándaro)”, apuntó el alcalde.

Portillo Mendoza afirmó que en una semana han sido desplazadas 120 familias de una veintena de comunidades, donde la delincuencia disputa la plaza colindante con el estado de Michoacán además de que el servicio de transporte público lleva suspendido más una semana en la ruta Zirándaro-Ciudad Altamirano.

El 26 de noviembre, Astudillo Flores apuntó que el gobierno del estado no tiene ningún elemento para “decir que hubo violencia, disparos o fallecidos”, pero reconoció que hay personas desplazadas y va a ver como apoyarlos.

Ramón Navarrete, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado; David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública estatal, y Alberto Torres Salado, encargado de la Guardia Nacional, acudieron a la zona para platicar con los pobladores y acordar acciones de protección.

Se denunció que desde el 10 de noviembre, grupos criminales exigieron a los habitantes de la comunidad de San Rafael a entregar a sus jóvenes para integrarlos a sus filas o se dejaran extorsionar, y al no ceder a ninguna petición, los delincuentes intentaron despojarlos de sus tierras, desatándose un enfrentamiento con un saldo, oficialmente, de un muerto y dos heridos.

Astudillo Flores señaló que se ha enviado a la zona por lo menos 2 mil despensas para atender a los desplazados.

En su comparecencia en el Congreso local con motivo de la glosa del informe de gobierno Florencio Salazar Adame, informó que como consecuencia de casos de violencia, por lo menos 700 personas han sido desplazadas de las localidades del municipio de Zirándaro a la cabecera municipal. El 25 de noviembre, el primer edil de Zirándaro publicó un mensaje desperado: “Ya no voy a jugar el juego perverso del gobierno estatal, corporaciones y algunos medios de comunicación.

Es el mismo camino trillado de siempre… Me van a conducir a la confrontación directa con los cárteles, estos me asesinarán y después saldrá el gobierno a decir que lamenta los hechos y a exigir una investigación exhaustiva. Desde ayer las amenazas para mí y mi familia han arreciado y esto es natural puesto que mis declaraciones están tocando intereses, pero créanme señores funcionarios que ustedes bien pudieron evitar exponerme de esta manera si en cuanto pedí apoyo lo hubieran dado y no orillarme a recurrir a la prensa para ser escuchado.”

En Zirándaro, los grupos delictivos que se disputan la plaza son La Familia Michoacana, que lidera Johny Hurtado Olascoaga “El Mojarro”; “Los Templarios”, de José Pineda, y una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indican reportes oficiales y la franja convertida en zona de guerra comprende unas 20 comunidades asentadas en la ruta de El Chivo a San Rafael y abarcan unos 70 kilómetros de caminos de terracería.