La evolución histórica fundamental para participar políticamente en los asuntos de la comunidad es la adquisición de la ciudadanía. La exclusión fundamental de conjuntos enteros de personas sobre la toma de decisiones en torno a las funciones gubernamentales derivó de la ausencia del reconocimiento de derechos como plenos integrantes de esa comunidad. Es la lucha por alcanzar el status de ciudadano.
Obstáculos hubo de muy distinta naturaleza, a partir de la negación total de derechos de la esclavitud y pasándose por criterios vinculados a la educación o el patrimonio; sólo sería ciudadano quien hubiere alcanzado un cierto grado de instrucción formal o quien pudiere acreditar propiedades o renta anual. Otro, no menos oprobioso criterio, fue el género y el encapsulamiento de la política como un asunto vedado a las mujeres.
En el centro de estas determinaciones políticas está la exclusión. Reducir el número de personas que participan en la deliberación y definición de las decisiones políticas.
El reverso de la moneda es la lucha por los derechos políticos universales, particularmente el sufragio activo y pasivo y el acceso a los cargos públicos o la expansión de los derechos políticos a toda persona por el hecho de serlo, sujeto a condiciones razonables no discriminatorias o generales, como la nacionalidad o la edad para votar, y la presunción de confiabilidad por la ausencia de imputaciones o sentencias relacionadas con ciertos delitos y por la acreditación de preparación o experiencia para asumir la función.
El paso a la expansión universal del derecho al sufragio activo es la conquista fundamental para el establecimiento y desarrollo del sistema democrático moderno. Por un lado, el desarrollo de las comunidades como naciones y su conformación política como Estados y, por otro, la afirmación de quienes integran esa comunidad como nacionales –en general– y como ciudadanos –en específico–, cuando la norma legal fija una edad para alcanzar esa connotación. Dos procesos entreverados: la formación de la Nación y la construcción del Estado: nacionales y ciudadanos.
Unos y otros, por su naturaleza superpuesta, fueron ubicados como el elemento fundamental –en lo humano– del Estado moderno: el pueblo. Los ecos de las revoluciones –prácticamente coetáneas– francesa y estadounidense resuenan en esa evolución política para el mundo occidental: el pueblo es el soberano, no más el monarca. Y políticamente el pueblo es la totalidad de los ciudadanos.
La palabra pueblo tiene un significado político profundo y, como muchos vocablos –muy frecuentemente en política– es plurisémico. Se puede recurrir a él con distintas connotaciones e inferencias. Quizás la más socorrida es la coloquial del contraste por alguna consideración económico–social, como la renta personal o familiar y el acceso a la educación. Si la situación es desfavorable la identificación se hace con la élite y si es desfavorable se hace con el pueblo. Una acepción que incide en la contraposición.
Entendible y explicable, aunque contrario al concepto político profundo de la palabra pueblo. En nuestra Constitución, generosa en el reconocimiento de la nacionalidad y el establecimiento de la ciudadanía, el pueblo se conforma por ese universo total: los mexicanos y, al llegar a la mayoría de edad, los ciudadanos. No hay exclusión o separación por otras causas, en virtud de su función política triple: depositario de la soberanía nacional, origen y beneficiario del poder público y titular del derecho a organizar su ejercicio y determinar o cambiar la forma de gobierno.
En la retórica presidencial está enraizada la connotación coloquial del concepto “pueblo”. En fechas recientes ha reiterado que el pueblo lo cuida como “ángel de la guarda”, así como su reconocimiento al apoyo recibido y su voluntad de escucharlo y servirlo, que es el estándar primario de todo político. Y si bien lo refiere como el soberano y el que verdaderamente manda y transforma, parece hacerlo no sólo con el matiz de la mayoría, sino con la implicación de la exclusión: quien le respalda y abraza la propuesta de transformación es el verdadero pueblo y quien no –en nuestra pluralidad política–, no puede ubicarse en esa connotación. De nuevo, el uso coloquial frente al concepto político del pueblo.
Es deber de todo gobernante responsable aspirar a cumplir su propuesta de acción pública para la Nación y conservar y acrecentar el respaldo ciudadano para seguir adelante. Los asuntos públicos tienen su estática y su dinámica; aquélla es la estructura institucional y ésta es la multitud de relaciones y comportamientos políticos cotidianos. Por ello la política tiene un ingrediente permanente de volatilidad, pues como se ha dicho desde la antigüedad clásica, la única constante de la historia es el cambio. El mundo está en permanente evolución y, a veces, involución.
En 2006, el ahora Ejecutivo Federal obtuvo 14.7 millones de votos de 41.7 millones de sufragios con un padrón de 71.3 millones y participación electoral del 58%. En 2012, alcanzó 15.8 millones de votos de 50.1 millones de sufragios con un padrón de 79.4 millones y participación electoral de 63%. Y en 2018, logró 30 millones de votos de 56 millones de sufragios con un padrón de 89 millones y participación electoral de 63%. Hay constancia, volatilidad y cambio.
La simpatía y el respaldo del pueblo –en las dos acepciones– es cambiante por naturaleza. El ánimo presidencial continúa ubicado en la polarización y la exclusión. Habrá comicios en 2021 y en la boleta estará la posibilidad de asumirlos como plebiscito a su gestión. Si separamos la valoración de la gestión de la intención de voto en ese año, aparecen al alza quienes se reubican en la barra del votante sin lealtad o compromiso partidista, con Morena muy por encima de otras opciones partidistas.
Después vendrá en 2022 –forzado y todo– el planteamiento para medirse en la revocación de mandato, que sin duda tendrá el ingrediente de constituirse en la valoración plebiscitaria de su desempeño. Aunque mucho ha señalado que la reelección no le seduce, volverán al escenario las pulsiones de ir por un nuevo mandato.
Más allá del enamoramiento del mandatario ejecutivo con una parte del pueblo –el pueblo bueno, el pueblo verdadero–, el pueblo es plural. Es pluralidad compactada. La polarización con la dispersión de una de las partes trae consigo la preeminencia de la otra y el refrendo de la visión idílica del pueblo frente a quienes no lo serían o, peor aún, se asumirían como sus enemigos. ¿Es esto lo que no acaba de nacer?
En la articulación de una propuesta de y para la convivencia democrática de la pluralidad está afirmar al pueblo soberano, al que no tiene distingos para el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos universales.