Sin duda es una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo sobre las modificaciones propuestas por los demócratas de Estados Unidos al Tratado de México Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en cuanto ayuda a crear certidumbre para los inversionistas en los tres países y en esa medida contribuye a la estabilidad económica y aún a atenuar las tendencias de desaceleración que ya son manifiestas en la economía mundial.

El análisis del contenido del T-MEC y sus modificaciones obliga a algunos comentarios. Cuando entró en vigor, hace casi 26 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, que sigue vigente hasta que el T-MEC sea ratificado por los Congresos, en aquel 1 de enero de 1994, irrumpió en la realidad nacional el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente para manifestar su rechazo al TLCAN. Aunque tengo diferencias con el EZLN, en especial con sus posiciones de los últimos años, coincido en la crítica al TLCAN, no sólo porque la propuesta de Estados Unidos se ubicaba en su lucha por fortalecer su hegemonía en el mundo, sino porque significaba la profundización de la dependencia, el pleno sometimiento al neoliberalismo y la entrega de los recursos humanos y naturales de México al gran capital nacional y sobre todo extranjero. Así ocurrió, en efecto, en estas décadas y desde luego el T-MEC no representa un cambio en las relaciones de México con sus socios económicos. No obstante, hay que reconocer que el daño ya está hecho y ha calado muy hondo, de modo que hoy la economía mexicana está orientada hacia el exterior y la caída de las exportaciones y las importaciones, provocaría una inestabilidad macroeconómica, una probable fuga de capitales, una devaluación del peso, un descenso de la inversión con la consecuente caída de la actividad económica y el consiguiente desempleo. Por eso, la firma de las modificaciones es una buena noticia.

En lo que atañe específicamente a los cambios acordados, el más importante es el relativo a las condiciones laborales. Aquí, ya estaba en el T-MEC el compromiso de que México realizara una reforma laboral, que fue efectivamente aprobada por el Congreso, que estableció la obligación de los sindicatos de elegir a sus dirigentes mediante el voto directo y secreto, también se sustituyeron las Juntas de Conciliación y Arbitraje por organismos judiciales. El T-Mec, además, insiste en los contratos colectivos. Las modificaciones de ahora establecen la supervisión de expertos independientes, que no pueden ser de ninguno de los países en controversia, para garantizar que se cumplen las condiciones laborales. O sea que México no aceptó la inspección de fábricas.

En este terreno, es relevante el caso de la industria automotriz, ya que se establece que sólo se podrán exportar autos sin aranceles desde México, si el 75 por ciento de los insumos son de la región y si entre el 40 y el 45 por ciento son fabricados por trabajadores que tengan salarios de 16 dólares por hora. Es obvio que la finalidad para los estadounidenses es, por un lado, golpear a los fabricantes europeos y japoneses establecidos en México y, por otra parte, promover el regreso de las plantas estadounidenses a su país. No creo que vayan a conseguir su propósito, por los costos que implica el traslado y porque siguen siendo significativos los ahorros para las empresas extranjeras que operan en México. Por otro lado, no hay por qué lamentarse de que los trabajadores que laboran para esas empresas extranjeras (como son las automotrices) ganen mejores salarios. Ni tampoco de las reformas laborales que implican una democratización general de los sindicatos.