A pesar de que en Guerrero existe una Ley que regula la existencia de la Policía Comunitaria, su aplicación se reduce a simples amagos de sanción en tanto los grupos de civiles en armas se multiplican y empoderan a grado tal que asumen facultades que son competencia de las autoridades.

El 26 de noviembre en Chilpancingo, Bruno Placido Valencio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, dijo que ante la cercanía del fin de año, habitantes de las comunidades de la región Costa Chica sufren de extorsiones a manos de integrantes de la delincuencia organizada, “Se ha acordado empezar a trabajar nuevo esquema a la persecución de los extorsionadores (al interior de su organización), te hablo de toda la costa de los municipios que van a Acapulco, revisando la base de datos los

números que se hablan que se cobran en los diferentes municipios va a concluir a Acapulco”.

“Las autoridades no hacen mucho por el tema de la extorsión más que perseguir a los que matan, pero no los ha podido eliminar o disminuir el índice de extorsiones que sufre la ciudadanía más ahora que hay un incremento por el fin de año”, remarcó.

De manera paralela, Víctor Espino Cortés, vocero de la Policía Comunitaria de la UPOEG en Petatlán, de que Luis Bernardo Villarreal, coordinador de la Guardia Nacional en Costa Grande, les indicó que la Policía Comunitaria puede “reagruparse” en esa región, ante la falta de elementos suficientes de la corporación federal.

Sin embargo, durante su estancia en Guerrero, el 27 de noviembre, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal zanjó distancia al afirmar: “Existen policías comunitarias que son producto de usos y costumbres y, consecuentemente, están legitimadas para cumplir esa función en sus comunidades, pero hay otras que han surgido en sus inicios con propósitos sanos, pero que lamentablemente en el proceso, en el transcurso de su desempeño, han terminado algunas vinculadas a uno u otro grupo de interés criminal”.

Y enfatizó tajante: “No es válido reagruparse. Nosotros nunca recomendaríamos ninguna acción social en contra de la legalidad”.

“El combate a esas organizaciones (policías comunitarias vinculadas a grupos de interés criminal), a esas expresiones, lo haremos como parte del combate a la inseguridad que estamos promoviendo aquí en Guerrero”.

En enero de este año, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), había anunciado, también en Guerrero, un plan para desarticular estos grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en al menos 42 de los 81 municipios del estado.

La autoridad estatal también hizo precisiones. Durante la comparecencia en el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Informe de Gobierno guerrerense, David Portillo Menchaca, Secretario de Seguridad Pública del estado, informó que se contabilizan a 24 grupos armados al margen de la ley que operan en el estado, la mayoría se autodenominan policías comunitarias.

Indicó que la única policía comunitaria reconocida por el estado es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Sin embargo, pero reconoció la falta de evaluación y certificación de la misma.

Al hacer referencia a los autodenominados policías comunitarios o autodefensas, apuntó que han avanzado con el retiro de civiles armados como los que estaban instalados en el poblado de Petaquillas en Chilpancingo y La Unión.

De acuerdo con un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz, Guerrero el estado con más civiles armados: 23 grupos de autodefensas que operan en 70 por ciento del territorio.

El punto crítico son las continuas confrontaciones armadas entre estos grupos por el control de los territorios; otros están señalados por las autoridades de estar infiltrados por organizaciones criminales o de ser fachadas de criminales.

La madrugada del 5 de enero de 2014 en Ayutla y Tecuanapa, municipios de la Costa Chica, cuando cientos de pobladores esbozados, con armas de bajo calibre y machetes en mano, montaron guardias sobre la carretera federal para, según dijeron, detener a los criminales más buscados de la región. Con ello se desató el surgimiento de grupos de autodefensas en la entidad.

Ese fue el surgimiento de la Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Actualmente operan en 25 municipios, y de esta organización han salido otros grupos como el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), con el que mantienen una confrontación por el corredor que comienza en Chilpancingo, pasa por Tierra Colorada y termina en Acapulco.

Se estima que en la entidad hay 20 municipios de alto riesgo por los índices de violencia; en la mayoría de ellos detecta presencia de grupos de autodefensas, entre éstos, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo.

Pero aún cuando las autoridades estatales y federales admiten la infiltración por el narcotráfico a las comunitarias y operan al margen de la legalidad, existe pasividad y omisión ante el actuar y el empoderamiento adquirido por este tipo de agrupaciones.

La amenaza de Placido Valerio solo ha merecido una respuesta retórica mientras que él hizo advertencias: “Las autoridades no hacen mucho por el tema de la extorsión más que perseguir a los que matan pero no los ha podido eliminar o disminuir el índice de extorsiones que sufre la ciudadanía más ahorita que hay in cremento por el fin de año”.

Adelantó que han comenzado a trabajar en una estrategia para perseguir y castigar a los extorsionadores que logren detectar en las comunidades de toda la región Costa Chica en donde operan y disponen de un padrón de números telefónicos desde donde pretenden extorsionar a los ciudadanos sobre todo en las tiendas de conveniencia que por moda, utilizan para hacer depósitos.