Tras el escándalo ocurrido en el Senado de la República con motivo de la inconstitucional designación de María del Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el panorama ciudadano rumbo a las designaciones pendientes al seno del propio Senado es realmente desolador. Sin embargo, como si se intentara dejar atrás apresuradamente este bochornoso episodio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece querer enmendar el rumbo en materia de justicia constitucional. Me permito hacer esta afirmación, pues el pasado 22 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal, envió al Senado, la terna para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compuesta por tres destacadas profesionistas, a saber, una notable constitucionalista, Ana Laura Magaloni Kerpel; y dos servidoras públicas con amplia experiencia, Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez Maury.

A diferencia de las ocasiones anteriores, en principio podemos hacer un balance positivo de la terna enviada por el Presidente López Obrador para sustituir al Ministro Eduardo Medina Mora. Simplemente por estar integrada por tres mujeres; así, la SCJN tendrá por primera vez a tres mujeres. Por ahora, ya solo nos faltan, al menos, dos ministras más.

Es evidente, que la inclusión de una jurista de la talla de Ana Laura Magaloni Kerpel es, sin duda, algo que debemos celebrar y acompañar. Sin embargo, más allá de eso, parece que el actual proceso de designación no será muy diferente a los realizados durante los últimos años. Como es ya una tradición, el presidente de la República hizo pocos esfuerzos por justificar sus propuestas y, al parecer, el Senado contará con poco tiempo para analizarlas y con pocos incentivos para cuestionar los perfiles de las candidatas. Así, es claro que no es tiempo de lanzar las campanas al vuelo, pues sigue vigente el riesgo de que en la SCJN se imponga la lógica de las cuotas y los cuates del Presidente.

El Senado tiene frente así una ardua e importante tarea, pues deberán escoger (por mayoría calificada de dos terceras partes y esperamos que ahora si se cumpla esta mayoría y no haya fraudes) de entre la terna enviada por el Presidente, a la persona que ocupará el cargo de Ministra de la SCJN mismo que quedó vacante tras la salida del Ministro Eduardo Medina Mora. Serviría que previo a emitir su voto, se cuestionen: ¿cuál es la importancia de esta designación? ¿cuál es el contexto en que se encuentra nuestro país? ¿cuál es el perfil que esta persona debe tener? y ¿cuál es el papel que deberá jugar en la Suprema Corte la persona que ocupe el cargo de Ministra?

La designación de un juez constitucional es siempre y en todo momento una cuestión de la mayor importancia. Más aún ante el contexto socio político y jurídico de nuestro país. En estos primeros meses de la llamada cuarta transformación es innegable que nos encontramos en un momento crítico; los ciudadanos hemos empezado a cuestionar la existencia del Estado democrático, y tras los lamentables hechos violentos sucedidos en fechas recientes en Culiacán, Sinaloa, y en Sonora; así como tras la inconstitucional designación de la nueva titular de la CNDH, surge la polémica sobre la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Como ciudadanos hemos sido testigos en nuestra historia reciente de lo que sucede cuando, debido a una sola mayoría partidista, surge una desproporcionada concentración de poder. Esto ocasiona que no exista debate y auténtico discernimiento en la toma de decisiones, lo que genera que se aprueben leyes y reformas a modo. Que se impongan las mayorías generando con ello afectaciones graves no solo a los equilibrios de poder, sino también a los derechos y libertades de todos y todas.

Hasta el momento, la única vía con que cuenta el ciudadano para defenderse de los actos arbitrarios y autoritarios emitidos por las mayorías, son precisamente los mecanismos de control constitucional. Pero hoy el Poder Judicial Federal se ve amenazado, ya que con otro ministro a modo, puede ser controlado por esa misma mayoría que manda en los poderes ejecutivo y legislativo. En el futuro inmediato, esto podría acontecer si, a raíz de esta designación, se vuelve imposible alcanzar las mayorías calificadas de ocho votos que se requieren para invalidar leyes inconstitucionales, con efectos para toda la población. Ese es el riesgo de proponer perfiles cercanos al presidente, por eso no podemos permitir que la Corte se “partidice”.

Ante esto, es indispensable que el Senado haga un verdadero escrutinio de los perfiles presentados. Deben garantizar que la persona que asuma el cargo de Ministra sea la más capaz. Asegurarse de elegir a una persona que sea independiente y que esencialmente sea imparcial; que sea capaz de resolver los conflictos que se le presenten sin permitir que sus preferencias personales o prejuicios influyan en su determinación y juicio. Solo así quedará a salvo la autonomía e independencia del propio Poder Judicial.

Las y los senadores deben asegurarse de que la próxima Ministra de la Suprema Corte sea capaz hacer mayor nuestra democracia, con sus decisiones, que por definición deberán ser en ocasiones contra mayoritarias y para la protección de los menos favorecidos. Debe ser la mujer que pueda interpretar el texto constitucional midiendo las consecuencias de dicha interpretación, no sólo a las partes del caso, sino a la sociedad en general.

Desde luego, el Senado debe ser implacable al momento de analizar las competencias de las personas propuestas puesto que ser Ministra de la Suprema Corte implica un conocimiento pleno del derecho constitucional. Recordemos que la SCJN es quien finalmente decide lo que la Constitución dice.

El Senado debe tener presente en todo momento, cuál es el papel que deberá jugar en la Suprema Corte la persona que ocupe el cargo de Ministra; pues se trata de una jueza constitucional, cuya función trascenderá a este gobierno y deberá abstraerse de toda tendencia ideológica para lograr el sano equilibrio entre la interpretación favorable y la aplicación estricta del Derecho. Solo eso garantizará su autonomía y la legitimidad en el ejercicio de su encargo. Ante todo, el respeto al texto constitucional y a los derechos humanos, el limite a los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de la voluntad popular, someter los actos irregulares queden fuera de control constitucional pero, sobre todo, entender que su función trasciende al juego político-electoral de los gobernantes en turno.

México tomó una decisión sobre las personas que ocuparían los cargos de presidente de la República y de las y los legisladores. La ciudadanía creyó en el proyecto que difundieron a favor de los derechos humanos y del supuesto cambio. Sin embargo, muchas de sus acciones han sido tendientes a la regresividad de varios derechos anteriormente consagrados. Por eso, es fundamental que la Suprema Corte, más allá quien llegue a ocupar el cargo, asuma el poder que constitucionalmente tiene otorgado de guardián de la Constitución.

Lo que sigue es que como ciudadanos exijamos al Senado de la República que cumpla cabalmente con sus obligaciones, la discusión debe centrarse en el perfil y, por supuesto, queremos parlamento abierto.