El veloz avance del fenómeno de las fake news y de la posverdad en México se convirtió en un fantasma moderno que recorre el mundo de la comunicación contemporánea. Sin embargo, pese al vertiginoso avance de la prostitución cognoscitiva a nivel masivo y de sus muy delicadas consecuencias que ocasionan las noticias falsas sobre el equilibrio mental, afectivo y conductual de la sociedad mexicana; no han existido intervenciones sustantivas por parte del Estado para regular este suceso. Por ello, en la actualidad el Estado y la sociedad mexicana han perdido la batalla frente a la expansión de las fake news, la posverdad, la calumnia y el discurso del odio, debilitando el capital civilizatorio que se construyó desde hace casi un siglo al crear un consenso básico para la convivencia pacífica y ordenada en la nación.

Para acotar esta realidad, es necesario que la sociedad y el Estado realicen conjuntamente, entre otras, las siguientes cuatro acciones:

1.- Para ubicar el lugar que les corresponden a las acciones que se desarrollan a través del Internet, es fundamental despejar la confusión que a menudo surge cuando se plantea que exigir respeto, fidelidad, civilidad, objetividad, etc. en la red, es coartar la libertad amplia y el derecho que tienen los usuarios para emplear esta herramienta comunicativa como lo marquen sus intereses particulares. En ese sentido, es esencial precisar que demandar la observancia de las garantías básicas de los ciudadanos a través del ciberespacio, no es ejercer censura, ni represión, ni autoritarismo, ni mordaza, ni fascismo; sino simplemente es cumplir con el acatamiento jurídico cardinal para proteger los derechos elementales que les corresponden como seres humanos. Lo que es necesario normar no es la operación física o material de las herramientas digitales, sino lo que se debe regular es la conducta pública de los actores que utilizan las nuevas tecnologías de información.

2.- El derecho a la libertad de expresión en la Red que nos concede la Constitución Política Mexicana tiene que ejercerse con estricto respeto a los derechos amplios de terceros y no con la desvergüenza que promueve la ideología posmodernista del “libre flujo de la información”, que postula que el ciberespacio es una tierra autónoma de todos, sin control de nadie, donde se puede realizar todo y donde no deben existir límites para poder “progresar modernamente”: la esencia de la Red, es la libertad.

Sin embargo, ninguna libertad o derecho son absolutos, por más que se utilicen las herramientas físicas más avanzadas para practicarlos; todos concluyen inevitablemente donde se vulneran las garantías de los demás. Las libertades personales, culminan donde inician los derechos del otro.

3.- Igualmente como en su momento el Estado mexicano a lo largo del siglo XX tuvo que regular el funcionamiento de la prensa, la radio y la televisión en base a los principios de la Carta Magna para proteger las garantías de las personas; ahora es necesario que se reglamente el uso del Internet para proteger su sana operación y evitar su empleo perverso contra los derechos de terceros. En este sentido, así como el poder público normó hace varias décadas el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio de subsuelo, el espacio vial del territorio nacional, el espacio público urbano, etc, para que los individuos puedan convivir colectivamente en un orden armónico; ahora en la segunda década del siglo XXI el Estado está obligado a establecer principios fundamentales para la interacción de los sujetos en el ciberespacio.

4.- El aparato de justicia nacional debe establecer penas estrictas para quienes mientan, agredan, o cultiven las fake news en el terreno de las redes sociales, provocando graves repercusiones que afecten el equilibrio comunitario y deterioren las garantías humanas reconocidas por el orden normativo. En consecuencia, quien engañe, acose, manipule, difame, agreda, calumnie, fomente el odio, mienta, etc. en el ciberespacio, debe sufrir las consecuencias jurídicas rigurosas que le corresponden por perjudicar la integridad de los otros; pues lo que se cometen son delitos de naturaleza virtual contra la comunidad.

Es medular considerar que la regulación de la actividad humana en los diversos niveles del ciberespacio por los órganos de gobierno, siempre debe partir de la motivación prioritaria de proteger los derechos universales y constitucionales básicos de los individuos; y nunca de intensiones o proyectos autoritarios, controladores, manipuladores o esclavizantes de las estructuras de poder para someter a los ciudadanos. El normar esta área de la conducta social en la esfera pública tendrá que responder al único objetivo de fortalecer la democracia, la civilidad y la dignidad humana; y no a los intereses mezquinos individuales para erosionarlas o anularlas.