El origen
Los concesionarios de la radio y televisión, sostienen que desde hace varias décadas la industria de la radiodifusión ha arrastrado la imposición de diversas cargas tributarias injustas que afectaron su sano desarrollo competitivo. De esta forma, durante muchos años tales empresarios tuvieron que cumplir con la observancia de otorgar gratuitamente los tiempos oficiales, que son los espacios de difusión reservados al Estado mexicano, en radio y televisión abierta, para que se puedan transmitir contenidos de carácter educativo, cultural y ambientación social. Dichos recursos están conformados por dos tipos de elementos: los tiempos del Estado y los tiempos fiscales.
Los propietarios de la radio y televisión destacaron que tal impuesto no sólo atentó contra los derechos comerciales de esta industria afectando su desarrollo empresarial, sino también contra la libertad de expresión, el derecho a la información y otros aspectos que señala la Constitución Mexicana.
La demanda
Debido a ello, el 7 de noviembre de 2019 en la sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organiza cada año la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, coincidiendo con un momento de crisis de las empresas de comunicación y con un fuerte cuestionamiento empresarial sobre las declaraciones y decisiones del gobierno federal en diversos temas de interés nacional; los concesionarios de la radiodifusión le demandaron al nuevo gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador la cancelación de dichos impuestos excesivos que consideraban arbitrarios.
Ante dicha solicitud gremial el Ejecutivo federal señaló que ya no son los “tiempos del 68”, sino son los días del cambio, por lo cual estableció el delicado compromiso con dicho sector económico para analizar la situación con el fin de reducir los tiempos oficiales.
El formal ofrecimiento presidencial para efectuar esta transformación tributaria lo fundamentó en varios argumentos entre los cuales destacaron, por una parte, que un gobierno democrático no necesita de propaganda, por lo cual no requiere de muchos tiempos oficiales. Por otra parte, el Poder Ejecutivo ya cuenta con las “Conferencias Mañaneras” y las redes sociales con las cuales se puede comunicar diariamente con el pueblo.
Debido a estos motivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó analizar la situación de los tiempos oficiales y reducirlos mediante la publicación de un decreto “ad hoc”. A través de ello, el Poder Ejecutivo se congraciará con este relevante núcleo de poder nacional, obteniendo mejores coberturas en sus medios electrónicos y redes sociales, evitando mayores críticas al proyecto político de la Cuarta Transformación.
La pregunta
Frente a esta situación es necesario considerar que la reducción de los tiempos oficiales de comunicación del Estado, generará una modificación relevante del actual modelo de información gubernamental hacia la sociedad.
Por ello, antes de adelgazar los tiempos oficiales de comunicación de Estado, es indispensable revisar a fondo el sentido que le corresponde a su existencia como instrumentos comunicativos para vincularse con los ciudadanos. Esto implica reflexionar sobre ¿cuáles son las necesidades de comunicación fundamentales que tiene la sociedad mexicana para avanzar en su desarrollo?, antes de decidir canalizar estos recursos comunicativos a favor del núcleo empresarial. Es muy delicado y cuestionable concebir que simplemente dichas herramientas de difusión deban ser utilizados exclusivamente por el Estado, pues quienes los pagan, en última instancia, son los ciudadanos y no el gobierno; y paradójicamente, la sociedad no cuenta con un solo minuto dentro de dichos tiempos oficiales para comunicar sus urgencias de vida y alternativas de solución.
Asombrosamente, el gobierno argumenta que ya tiene muchos recursos comunicativos para vincularse con la población, y debido a ello, se devolverán tales espacios a los concesionarios de la radiodifusión, en lugar de formular como el Estado rector ahora se los regresará a la sociedad, quien es la que los financia y requiere desde hace décadas.
Ante este panorama es fundamental considerar que cualquier modificación que se efectúe sobre la política de los tiempos oficiales debe ser realizada desde la lógica de la comunicación de servicio público para fortalecer las garantías comunicativas de la sociedad y no desde la lógica del mercado para impulsar el modelo de negocio comercial y su respectivo proyecto de acumulación de capital de los monopolios de la radiodifusión privada en México.
Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de México, jesteinou@gmail.com