Me parece increíble que en pleno siglo XXI (enero del año 2020), cuando estamos de alguna manera celebrando apenas los 25 años de una de las reformas constitucionales más relevantes y desde luego más profundas para el poder judicial federal y el sistema democrático mexicano; en lugar de estar pensando en el fortalecimiento del poder judicial federal y la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayamos tenido conocimiento las y los mexicanos de un supuesto paquete de reformas que lisa y llanamente proponen llevar a nuestro país al Siglo XIX.

En la referida reforma del 31 de diciembre de 1994 se incluyó la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más y nada menos que en un Tribunal constitucional. Con esta reforma se creó la acción de inconstitucionalidad, se fortalecieron el juicio de amparo y las controversias constitucionales como medios de control de constitucionalidad y se creó el Consejo de la Judicatura Federal, lo que significó un importante cambio en el modelo de gobierno judicial. Se trató de una reforma que atendió a los clamores sociales de lograr independencia y legitimidad por parte del poder judicial federal y su paulatina transformación logró materialmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volviera cada vez más poderosa, que sus deliberaciones fueran públicas, que se erigiera como un verdadero contrapeso.

Sin embargo uno de los mayores problemas que padece en la actualidad nuestro poder judicial es la desconfianza a causa de las sospechas de intervención política en los asuntos jurídicos o de las prácticas indebidas, ya sea que se trate de conflictos de intereses, actos de corrupción, nepotismo, abusos de poder, arbitrariedad, etcétera. Este contexto de desconfianza es un terreno fértil para que surjan manifestaciones de rechazo hacia los poderes judiciales tanto federal como locales y ello ha servido para que se torne (cuando menos en el discurso político) urgente el impulsar una “transformación” del poder judicial federal. A mi en lo personal me gusta más hablar de una reforma integral que de una transformación; sin embargo, lo cierto es que existen más de 25 iniciativas de reformas al poder judicial enfocadas fundamentalmente en:  la austeridad, el combate a la corrupción y al nepotismo; el fortalecimiento de la autonomía e independencia judicial; y  la paridad de género.

En mi opinión es necesaria la consolidación de la SCJN como un verdadero Tribunal Constitucional, pero esto no debe traducirse de ninguna manera en su debilitamiento frente al poder político. Por ello es indispensable que al emprender esta reforma al poder judicial federal los actores políticos involucrados tengan altura de miras y no se basen en ocurrencias.

Sin embargo, no es así, y resulta no sólo aterrador sino también vergonzoso, pensar que la agenda de quienes detentan la mayoría en el Poder tiene como objetivo principal salvaguardar los intereses de unos cuantos, dejando de lado el respeto a los Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. Esta mayoría legislativa tiene todo menos altura de miras, y así, desde el pasado 15 de enero, fecha en que se “filtraron” iniciativas de reformas a: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuando menos 6 leyes, entre las que destacan: la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la Ley Orgánica de la Fiscalía y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros; nos parece increíble pensar que nuestro país se encuentra iniciando el año 2020. Cualquier persona hubiera vislumbrado que para este momento nuestro país se encontraría viviendo el resultado de las reformas estructurales de las que fue objeto nuestro Sistema Jurídico hace 25 años, o cuando menos al inicio de la década pasada.

Es entonces sumamente relevante que todas y todos los mexicanos estemos enterados de lo que se propone y sobretodo de lo que significa en materia de nuestros derechos humanos, un retroceso con tintes autoritarios y dictatoriales. Para ilustrar lo anterior, destacaré sólo algunas de las aberraciones que se proponen:

– La presunción de legalidad de las detenciones.

– La extensión de la figura del arraigo hacia todos los delitos (aplicación como medida cautelar). Esta propuesta pretende entonces no solo conservar la figura del arraigo sino ampliar los supuestos de procedencia a cualquier tipo de delito.

– La Desaparición de la audiencia intermedia y de la figura del juez de control (que salvaguarda el principio de inmediación). Se plantea que un solo Órgano Jurisdiccional conozca del caso en todas sus etapas: desde la legalidad de la detención, las medidas cautelares, la substanciación del juicio y la imposición de sentencia. Lo que necesariamente deriva en la supresión del Principio de Juez no Prevenido, y afecta la imparcialidad y la objetividad del juzgador.

– La admisión de la evidencia obtenida por medios ilícitos. De acuerdo con el proyecto de reformas, se admitirían en el proceso en el caso de verificar la existencia de “atenuantes”. ¿Y el debido proceso? ¿Y el efecto corruptor? ¿Y los derechos humanos?

– La designación de jueces y magistrados por el Senado. La creación de un tribunal ad hoc, nombrado por el Senado de la República, para juzgar a los jueces y magistrados. Lo que se pretende es someter al poder judicial a los caprichos del poder político.

– La desaparición de la vinculación a proceso y mantener la prisión preventiva oficiosa. Lo cual deriva en la eliminación por completo del Control Judicial de la Privación de la Libertad de una persona. Sólo bastaría que el Ministerio Público formule una imputación por algún delito del catálogo del artículo 19 Constitucional, para mantener en prisión preventiva a una persona hasta por dos años, sin necesidad de satisfacer estándar probatorio alguno.

– La procedencia de las medidas cautelares determinadas mediante el monto del daño. La propuesta de que retorne la reparación del daño como parámetro de fianza, es uno de los principales retrocesos para el acceso a la justicia de personas en condición de pobreza que enfrentan un proceso penal. No se puede condicionar la libertad de una persona por disponer, o no, del dinero para pagar la reparación del daño de un delito que todavía no se ha determinado si lo cometió o no.

– La presunción de responsabilidad y obligación de decir la verdad. Es decir, dos ataques directos al Principio de Protección frente a la Autoincriminación, y al Principio de Presunción de Inocencia. En ambos casos, se establecen sanciones auto incriminatorias, derivando en la supresión de la obligación del Agente del Ministerio Público de probar más allá de toda duda razonable que la persona imputada cometió un delito.

Como se puede advertir todas estas propuestas tienen como “denominador común”, que son regresivas, autoritarias, dictatoriales y la regresión de los Derechos Humanos, soslayando los principios que los rigen e, incluso, buscando su restricción, amparándose en una supuesta “Seguridad Pública”, dejando de lado Principio de Legalidad y el Derecho Humano al Debido Proceso. La búsqueda de la Paz no se puede hacer con el garrote y la institucionalización de la violencia.

En mi opinión resulta evidente que los artífices de estas propuestas de reforma no se han detenido a medir los alcances de lo que una reforma así podría significar para nuestro Sistema de Justicia, fundamentalmente al sistema de justicia penal. Y se olvidan además de la obligación que tienen todos los estados de garantizar que el acceso a la justicia sea no sólo formal, sino real.

Estas propuestas de reformas no son ni deben ser consideradas de ninguna manera como razonables, idóneas, legítimas, ni mucho menos proporcionales. Desde luego no se trata de iniciativas que busquen salvaguardar los derechos de las personas; sino que, todo lo contrario, todas y cada una de las propuestas tienen como “denominador común, la restricción y regresión de Derechos Humanos, nulificándose con esta propuesta de reforma, años de reformas, de jurisprudencia (nacional e internacional), pero sobre todo, soslayando los Derechos Humanos y llevando a México hacia el más terrible oscurantismo. No bajemos la guardia, una reforma así no puede pasar y las filtraciones no fueron gratuitas, hay alguien que sí está preocupado de que semejante monstruo pueda cobrar vida y llevarse a la justicia constitucional y penal en nuestro país de vuelta a la época medieval.