De acuerdo con Sue Crawford y la premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, en un ensayo memorable, A Grammar of Institutions, institucionalizar implica plantar en leyes las normas legítimas para regir la conducta de individuos y fijar rutinas a organismos públicos o privados. Sin embargo, también hay prácticas que se moldean por la costumbre y, aunque no sean legales, se institucionalizan.

Por ejemplo, el corporativismo sindical mexicano forjó prácticas corruptas al amparo del régimen de la Revolución mexicana. Instituyó reglas (informales, les llama Douglas North, otro economista que ganó el Nobel) rígidas y verticales donde el liderazgo decidía por los agremiados, monopolizaba su representación y dominaba en la vida política sindical. Los grandes sindicatos al servicio del sector público serían el espécimen paradigmático. Los puestos de trabajo se vendían o heredaban y los líderes controlaban la trayectoria profesional de los agremiados. Esos usos, aunque ilegítimos, se institucionalizaron y formaron parte de las rutinas normales.

Con la ruptura de la economía cerrada, digamos cuando México ingresó al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), en 1986, los grandes sindicatos corporativos comenzaron a  perder terreno. El neoliberalismo emergente reforzó demandas de grupos disidentes que pugnaban por la democracia sindical, mucho tiempo antes de la apertura económica. Carlos Pereyra dejó constancia de ellos en sus crónicas.

No obstante, casi al parejo de que crecía la debilidad institucional de los grandes sindicatos –y en la plaza pública se arremetía contra los caciques– el gobierno aflojó los controles políticos. El corporativismo sindical, en especial el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), alcanzó ciertos grados de autonomía del Estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siempre pugnó por ser autónoma y nunca abandonó su carácter contestatario, ni aún hoy.

Con la alternancia democrática, la cúpula del SNTE y la dirigencia de la CNTE alcanzaron más grados de autonomía. El viejo corporativismo, dio paso al neocorporativismo. Éste se distingue porque hasta cierto punto se liberó del control políticos del Estado, pero para obtener beneficios recurrió al chantaje y la amenaza, sus nuevos instrumentos, según Luis Rubio y Edna Jaime.

¿Cuál es el estatus de este corporativismo en la Cuarta Transformación?

Pienso que todo mundo recuerda aquel dicho del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de que había que mandar al diablo a las instituciones. Hoy, si se juzga la acción gubernamental por los adagios del presidente en sus entrevistas de prensa de cada mañana, parecería que los quiere poner en práctica, pero –ojo– sólo anhela deshacerse o controlar instituciones que no le son gratas o que disponen de autonomía constitucional.

La mañanera, como ya se popularizó el ejercicio matutino del presidente, incluye todo, desde afirmaciones contundentes contra opositores y periodistas, línea política a su gente, pleitos con empresarios o revelación de sus creencias personales. Los decires –ocurrencias, les llaman algunos– en esas jornadas no son suficientes para juzgar la acción gubernamental ni la política del Estado. Ofrecen pistas, sí, pero pienso que sólo aquellas que se revelan en iniciativas de ley y en hechos concretos sirven para entender el camino de la Cuarta Transformación (4T).

Veamos la política educativa y la acción de las facciones del SNTE.

El presidente López Obrador envió una iniciativa de enmiendas al artículo 3º y otros de la Constitución el 12 de diciembre de 2018. Al momento de la firma aseveró que fue para cumplir el compromiso  que adquirió con los maestros en su campaña. Fue un texto con erratas y errores de ortografía, que aspiraba a desmantelar el orden que instituyó la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso, omitió la fracción VII del artículo 3º, la que consagra la autonomía de las universidades públicas.

En el Congreso y debido a la intervención de académicos, enmendaron la enmienda y el presidente aceptó los cambios. No le cumplió a la CNTE todo lo que le pedía, pero sí desmanteló al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación autónomo y los sustituyó con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, casi como un apéndice de la SEP.

También derogó la ley del Servicio Profesional Docente y la sustituyó por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Al final de cuentas, del paquete de evaluaciones para los maestros, nada más se eliminó la que ponía en riego la permanencia de los docentes frente al salón de clase, no que le fueran a quitar su empleo.

Con las reformas a la Constitución y las nuevas leyes, el presidente López Obrador de la mano del Congreso, dominado por su partido, desinstitucionalizó (no las mandó al diablo) normas que atacó durante su campaña, que le permitieron tejer alianzas (si no firmadas, sí alegóricas) con docentes descontentos con la reforma de Peña Nieto. Luego institucionalizó otras que mantiene ciertas premisas de la “mal llamada” reforma educativa, al tiempo que recupera símbolos y añoranzas del régimen de la Revolución mexicana.

Fuera de la norma, por medio de negociaciones con las facciones del sindicato (reglas informales), la Secretaría de Educación Pública ha “regularizado” a más de 170 mil docentes interinos. Declara que lo hace por justicia, porque nunca obtuvieron su base. Pero no todos, tal vez había casos de injusticia, pero a fe mía que la mayoría entraron por chapuzas de los líderes, pagaron por sus puestos o los heredaron; no entraron con las normas vigentes hasta el 15 de mayo de 2019. Esa es una vía de institucionalizar la ilegitimidad.

Empero, el presidente no desdeña la ruta normativa. Lo expresó el 5 de febrero, las reformas que impulsó la 4T forman una nueva constitución. Exageró, pero sí pone en la letra de la ley sus ideas centrales. Hoy va por la institucionalización de acabar con los fines de semana largos, para que los alumnos honren las fechas patrias. También quiere que la Constitución santifique sus programas sociales.

Los dichos del presidente pesan, pero también la realidad impone sus reglas. Se acabarán los fines de semana largos asociados a celebraciones para “mantener nuestra memoria histórica”, pero habrá otros. Por fin se notó algo de actividad de su gabinete. Miguel Torruco y Alfonso Romo controlaron daños a medias. Sin levantar la voz, cambiaron los fines de semana largos para otros días, pero no coincidirán los descansos de los alumnos con los de sus padres.

Las leyes ratificarán los deseos del presidente. Además, tendremos una constitución moral.

 

Referencias:

Crawford, Sue E. S. y Elinor Ostrom, “A Grammar of Institutions”. En la American Political Science Review, 89 (3): 582-600, 1995.

North, Douglas C. Institutions, Institutional Change and Economic Performace. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Rubio, Luis, y Edna Jaime. El Acertijo de la legitimidad: por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo. México: Fondo de Cultura Económica-CIDAC, 2007.