En un entorno de violencia acentuado desde hace más de nueve años, el feminicidio e infanticidio en Guerrero tiene de alarmantes y las formas en que algunos legisladores pretenden enfocar el problema no son menores. Diputados locales de Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Acción Nacional (PAN), anunciaron que harán una consulta para legislar para que se aplique pena de muerte a quienes asesinen a una mujer y presentarán una iniciativa para que el feminicidio se siga tipificando como delito federal.
La iniciativa en cuestión, debió presentarse al pleno desde el año pasado por parte de la bancada de Morena, pero algunos de los legisladores recomendaron que no lo hiciera y tuvo que congelarse. Ahora, seguramente por los dos recientes feminicidios que han indignado a la sociedad, se pretende que sean los ciudadanos quienes mediante una consulta se pronuncien sobre el tema.
Los índices de violencia tanto hacia las mujeres como los menores siguen en aumento en la entidad. En lo que va de este año la cifra de asesinadas asciende a 15. La existencia de la alerta de género no incide para evitar ni la desaparición forzada ni el asesinato.
En contraste, en diciembre de 2019, Mariana García Guillén, diputada local de Morena aseguró que el número de feminicidios en un 10 por ciento gracias a la presencia de la Guardia Nacional en el estado, aunque reprochó diferencias de opinión existentes para poder clasificar un feminicidio e hizo un llamado a empezar a trabajar en esa ruta, pues ni la Fiscalía General del Estado ni la propia Secretaría de la Mujer, se mantienen sin atacar el problema de fondo .
Si bien existe una descomposición social que no está siendo atendida en sus componentes, otro factor que favorece la incidencia de la privación de la vida a las mujeres es la impunidad y eso se muestra tanto con las cifras como con los procedimientos judiciales.
Las autoridades no están aplicando los protocolos correspondientes para prevenir y sancionar este delito en Guerrero.
“Están matando mujeres y no se hace nada, porque no se siguen los protocolos, a pesar de que los movimientos feministas han alzado la voz para que se actúe y detengan los feminicidios”, dijo Rosa Mirtha Hernández Nava, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero ‘Ignacio Manuel Altamirano’.
No se aplican los protocolos correspondientes en Guerrero para frenar el aumento de casos de feminicidios y castigar este delito para evitar que haya impunidad, insistió.
Vale decir que de enero a diciembre de 2019 del SESNSP, el estado de Guerrero registró, en promedio, 16 homicidios de mujeres al mes, es decir, cuatro crímenes a la semana. Del acumulado anual 174 fueron tipificados como homicidios dolosos y solo 16 como feminicidios.
Estos datos se corroboran con las cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que coloca a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional en el tema.
En 2017, Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de La Montaña.
Durante el año recién concluido, Héctor Astudillo Flores, gobernador de la entidad ejerció más de 172 millones de pesos, a través de la Secretaría de la Mujer, y una cantidad que no se ha especificado para el programa Alerta de Género, el cual se aplica en nueve de los 81 municipios de la entidad.
Cabe mencionar que la titular de la dependencia en todo momento ha sido como un convidado de piedra. No hay pronunciamientos ni lo considera como parte de la problemática que estaría obligada a atender.
Hasta mediados de febrero, en la entidad se acumularon 13 casos en los cuales, la saña utilizada para quitarles la vida, les ubica como feminicidios y es que los asesinatos de mujeres con lujo de violencia constituyen un tema de todos los días y se agrava más por el nivel de impunidad y falta de resultados de las autoridades investigadoras.
El pasado 22 de enero, en Acapulco fue localizado el cadáver de una mujer, al parecer estadounidense, que presentaba huellas de tortura sobre todo en el cuello, lo que hace creer a las autoridades que murió asfixiada
Y apenas el 18 de febrero, fue encontrado el cuerpo de Jaqueline Ramírez con rasgos de tortura e impactos de bala, en la comunidad de Los Cimientos, municipio de Coyuca de Benítez.
Jaqueline Ramírez había reportado en sus redes sociales que elementos de la policía municipal la seguían en la vía pública. Los patrulleros le tomaban fotografías sin su consentimiento, le pedían su teléfono celular para revisarlo y la agredían verbalmente, además de acusar directamente a un elemento femenino por acoso sexual. Este tipo de acusación ya había sido reportada por otros integrantes del grupo de Facebook Puro Coyuquense.
Aún cuando el delito de feminicidio está tipificado en casi todo el país, las fiscalías enfrentan dificultades para documentarlo y sostenerlo en un proceso judicial. Pero existen dos factores adicionales a considerar: el uso político de la estadística de los asesinatos de mujeres y la negligencia y prejuicios que operan en el personal de los ministerios públicos.
Aunque hay reglas y protocolos en cuanto a qué es un feminicidio y cómo debe investigarse, en realidad se opera con total discrecionalidad, la tipificación obedece más a políticas en torno a la definición de este delito, que a una medición real del fenómeno.